Judicial
Inicia audiencia por desvío de fondos de tiendas penitenciarias durante el período del FMLN
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador instaló este lunes la audiencia preliminar en contra de acusados en el caso «Asocambio», en el que está implicado el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y otras 20 personas, por malversar más de $14 millones de las tiendas penitenciarias durante la gestión del FMLN.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), los exfuncionarios procesados habrían creado una red para desviar millones de dólares de las tiendas institucionales de los centros penales a través de la Asociación Yo Cambio. Los exfuncionarios son acusados de peculado, actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad ideológica.
Asocambio estaba conformada por el exministro Ramírez Landaverde, como presidente; el exviceministro, Raúl Antonio López, como vicepresidente; Marco Tulio Lima, como secretario; José Roberto Nóchez, como síndico; Flor de María Hernández, como tesorera; Luis Alonso Barrera Peñate, como primer vocal; y Orlando Elías Molina Ríos, subdirector de centros penales como segundo vocal, de acuerdo con el Diario Oficial del 28 de agosto de 2011.
De acuerdo con la investigación fiscal, los vinculados gastaron el dinero público en incrementos de salarios para los miembros de Asocambio, compra de vehículos y otros bienes para beneficios personales.
Desde 2018, Landaverde y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima fueron señalados de crear una ONG, denominada Asocambio, para desarrollar y administrar las 347 tiendas en las cárceles y granjas penitenciarias que comercializaban alimentos y misceláneos. La red es responsable de mover ilícitamente millones de dólares producto de esas tiendas.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
