Judicial
Inicia audiencia por desvío de fondos de tiendas penitenciarias durante el período del FMLN
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador instaló este lunes la audiencia preliminar en contra de acusados en el caso «Asocambio», en el que está implicado el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y otras 20 personas, por malversar más de $14 millones de las tiendas penitenciarias durante la gestión del FMLN.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), los exfuncionarios procesados habrían creado una red para desviar millones de dólares de las tiendas institucionales de los centros penales a través de la Asociación Yo Cambio. Los exfuncionarios son acusados de peculado, actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad ideológica.
Asocambio estaba conformada por el exministro Ramírez Landaverde, como presidente; el exviceministro, Raúl Antonio López, como vicepresidente; Marco Tulio Lima, como secretario; José Roberto Nóchez, como síndico; Flor de María Hernández, como tesorera; Luis Alonso Barrera Peñate, como primer vocal; y Orlando Elías Molina Ríos, subdirector de centros penales como segundo vocal, de acuerdo con el Diario Oficial del 28 de agosto de 2011.
De acuerdo con la investigación fiscal, los vinculados gastaron el dinero público en incrementos de salarios para los miembros de Asocambio, compra de vehículos y otros bienes para beneficios personales.
Desde 2018, Landaverde y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima fueron señalados de crear una ONG, denominada Asocambio, para desarrollar y administrar las 347 tiendas en las cárceles y granjas penitenciarias que comercializaban alimentos y misceláneos. La red es responsable de mover ilícitamente millones de dólares producto de esas tiendas.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
