Judicial
Ernesto Muyshondt habría defraudado US$5.1 mill. en la alcaldía de San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Retención de Cuotas Laborales, por un monto de $5.1 millones, durante la audiencia incial celebrada, este lunes, en el Juzgado 2° de Instrucción.
De acuerdo al Ministerio Público, Muyshondt cometió las infracciones desde 2018 hasta 2021, periodo en el que estuvo al frente de la comuna capitalina.
“La FGR solicitará que se admitan todas las pruebas durante la Audiencia Preliminar contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y los exempleados Fernando Heriberto Portillo Linares y Santos Omar Muñoz, por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Retención de Cuotas Laborales”, indicó la fiscal del caso
Específicamente, el valor que habría defraudado el exedil fue US$5 millones 217 mil 129.47 en concepto de cuotas laborales, en el periodo de enero de 2019 a marzo de 2021.
Junto a Muyshondt es procesado el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González y del extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares. A todos, la Fiscalía le imputa el delitos de apropiación y retención de cuotas laborales.
Esta diligencia se desarrolla en y se estima que se lleve a cabo durante 5 días.
El exfuncionario municipal fue detenido el 9 de junio de 2021, bajo el delito de negociaciones ilícitas, al supuestamente haber negociado con grupos criminales para obtener el voto de sus estructuras en favor del partido ARENA, en las elecciones de 2014.
Desde esa detención, la Fiscalía le sumó otros tres procesos judiciales relacionados a la retención y apropiación de cuotas laborales y tributarias de empleados de la comuna capitalina.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
