Judicial
Ernesto Muyshondt habría defraudado US$5.1 mill. en la alcaldía de San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Retención de Cuotas Laborales, por un monto de $5.1 millones, durante la audiencia incial celebrada, este lunes, en el Juzgado 2° de Instrucción.
De acuerdo al Ministerio Público, Muyshondt cometió las infracciones desde 2018 hasta 2021, periodo en el que estuvo al frente de la comuna capitalina.
“La FGR solicitará que se admitan todas las pruebas durante la Audiencia Preliminar contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y los exempleados Fernando Heriberto Portillo Linares y Santos Omar Muñoz, por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Retención de Cuotas Laborales”, indicó la fiscal del caso
Específicamente, el valor que habría defraudado el exedil fue US$5 millones 217 mil 129.47 en concepto de cuotas laborales, en el periodo de enero de 2019 a marzo de 2021.
Junto a Muyshondt es procesado el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González y del extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares. A todos, la Fiscalía le imputa el delitos de apropiación y retención de cuotas laborales.
Esta diligencia se desarrolla en y se estima que se lleve a cabo durante 5 días.
El exfuncionario municipal fue detenido el 9 de junio de 2021, bajo el delito de negociaciones ilícitas, al supuestamente haber negociado con grupos criminales para obtener el voto de sus estructuras en favor del partido ARENA, en las elecciones de 2014.
Desde esa detención, la Fiscalía le sumó otros tres procesos judiciales relacionados a la retención y apropiación de cuotas laborales y tributarias de empleados de la comuna capitalina.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
