La bulliciosa Teherán parece ahora una ciudad fantasma. Los que no pudieron huir permanecen encerrados en sus casas, angustiados por si hay más explosiones, con Israel y Estados Unidos redoblando sus bombardeos contra los edificios vinculados a las autoridades este martes.

«Me da miedo caminar por las calles desiertas, pues las bombas siguen cayendo del cielo», dice Samireh, una enfermera de 33 años.

En la capital iraní, que en general tiene unos 10 millones de habitantes, «hay tan poca gente que parece que aquí no haya vivido nadie nunca», agrega la mujer, que prefiere no decir su apellido.

Por cuarto día consecutivo, Teherán se vio sacudida por fuertes detonaciones, que dejaron tras de sí espesas humaredas grises elevándose hacia el cielo azul, observaron periodistas de AFP.

«Cuando oímos los ruidos de los bombardeos, dependiendo de lo cerca que esté el impacto, sentimos cómo tiemblan las puertas y ventanas», cuenta Saghar, de 31 años.

Los barrios más afectados son los que albergan los centros del poder, como ministerios, tribunales o el cuartel general de los Guardianes de la Revolución, bombardeado el domingo.

Elnaz, de 39 años, dice que es «difícil» protegerse pues los ataques también apuntan contra las viviendas de los policías. «No conocemos a todos nuestros vecinos», señala.

El martes de madrugada, Israel instó a evacuar a los residentes del barrio en el que se encuentran los estudios de la televisión estatal, Irib. Pero lo hizo por la red X y muy pocos vecinos lo vieron debido al corte de internet.

La plaza Ferdowsi, una de las principales intersecciones de la ciudad, está ahora llena de edificios dañados por las explosiones. Entre los escombros, se yergue una bandera de la república islámica.

No muy lejos, un gran cartel que ocupa toda la fachada de un inmueble muestra la cara del guía supremo Alí Jamenei, que murió el sábado en los bombardeos.

En los principales cruces hay policías apostados, fuerzas de seguridad armadas y vehículos blindados, que realizan controles aleatorios de los vehículos que pasan.

El gobierno iraní instó el sábado a los habitantes de Teherán a abandonar la ciudad «manteniendo la calma», tras los primeros bombardeos israelíes y estadounidenses contra la residencia de Jamenei.

«Tengo que quedarme porque soy enfermera, si no, seguramente ya me habría ido de la capita», subraya Samireh.

En el norte de Teherán, en una zona más acogedora, parece que muchos vecinos se fueron. El maullido de los gatos y el trino de los pájaros han sustituido al jaleo habitual de los atascos.

Las cafeterías y los restaurantes de moda, en general muy animados por la noche, están cerrados.

Por las calles ya no pasea nadie y casi todos los vehículos que aún circulan son los que abastecen a las tiendas de alimentación aún abiertas, donde se forman largas filas para comprar pan.

La mayoría de los puestos del bazar de Tajrish están cerrados. Un vendedor de ropa espera con impaciencia que pase algún cliente, sentado junto a una camiseta con la bandera de la república islámica estampada.

En otras circunstancias, los bazares de la capital estarían de lo más animados ante la cercanía del Nouruz, el año nuevo del calendario persa, que se celebra en torno al 21 de marzo.

Normalmente, las semanas que lo preceden suelen ser las de más ajetreo para los comerciantes, que realizan buena parte de su facturación en esos días.

Es también un período de dicha para los iraníes, que aprovechan para juntarse con familiares y amigos e intentar olvidar los problemas del día a día, muchos de ellos a causa de la fuerte inflación.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.

«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.

De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.

«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.

Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.

«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.

Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.

Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.

La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.

Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.

Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.

El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.