Judicial
Carlos Rubio: Resolución caso Enrique Rais, es un paso a la justicia ante casos creados por el exfiscal Meléndez
Carlos Miranda Rubio, apoderado legal del empresario Enrique Rais, explicó que la resolución del caso, a favor de su cliente, daría pauta a la justicia ante los casos ilegales que creó el exfiscal Douglas Meléndez.
Enrique Rais fue sobreseído luego de que los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extingue las acciones civiles y penales.
«Esto es muy importante porque el juez confirma que ni fiscalía, ni las supuestas víctimas pudieron demostrar dentro de la causa penal, que poseían los derechos que afirmaban tener, ni como socios, ni como supuestos acreedores del señor Rais», explicó Rubio.
Según el jurista, el exfiscal, creó una persecución contra Rais, creando casos y dilatando la investigación de los mismos.
«Se ha venido probando durante todo este tiempo que se fabricaron procesos con pruebas ilegales, con testigos sin rostro (testigos protegidos), infringiendo el derecho de defensa de mi cliente y presentando como víctimas a personas que no podían sostener judicialmente esa calidad», explicó.
Todo empezó cuando el empresario adquirió el cien por ciento de la empresa MIDES, en modalidad de crédito por $11 millones de dólares, sin embargo terminó pagando más de $23 millones, bajo las exigencias de los canadienses.
A esta extorsión se sumó el abogado Mario Calderón, que durante ese tiempo fuese apoderado legal de Rais, que junto a los canadienses pretendían obtener $25 millones más. El abogado Calderón fue despedido por Rais y posteriormente, en un acto de deslealtad, paso a ser parte como abogado de los canadiense.
«Los canadienses comienzan todo un esquema de presiones, la principal es amenazarlo con que lo perjudicarían a él y a su familia, lo que es evidente que terminaron haciendo».
Por eso pesa ante los extranjeros una orden de captura por ser declarados rebeldes, indica el apoderado legal actual de Rais.
Posteriormente durante el 2013 y 2014 Pasquale y Pacceti interponen las denuncias por administración fraudulenta de MIDES y otras de las empresas de Rais, en las que no pudieron demostrar ser accionistas de estas empresas.
Asimismo interponen en ese periodo otra demanda por el delito de estafa, don de argumentaban que supuestamente el empresario no podía transferir las acciones del MIDES, por la existencia de «una deuda pendiente», argumentando que les hizo unos pagos demás.
«Allí es donde comienza a aparecer la mano del Ex Fiscal Douglas Meléndez, en toda esta persecución penal ilegal y arbitraria, contra el Sr. Enrique Rais, que es una vergüenza para el Sistema Judicial, porque fíjese, los denunciantes (canadienses) no logran acreditar ni ser socios, ni la existencia de una deuda, entonces la Fiscalía formula un Requerimiento de Sobreseimiento Definitivo, que es confirmado por el Juez de Paz», detalla Miranda Rubio.
La Cámara 3a de lo Penal de San Salvador, el 26 de abril de 2016, lo modifica por un Sobreseimiento Provisional, es decir, que le da el plazo de un año a la fiscalía y las víctimas para que puedan presentar pruebas de sus denuncias y pedir la reapertura del caso.
«Entonces, uno espera que haya pruebas y lejos de eso desde allí se comienza a urdir un nuevo esquema de presiones a través de presentar otra denuncia en la que se presenta como víctima Matteo Pasquale».
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una nueva denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, creando un documento que no existía, detalla Rubio.
«La base es el supuesto error en una fecha de un acta, a la que según la denuncia no compareció el Sr. Rais; esos argumentos no coincidían con la verdad de los hechos y al no ser socios ni tener derechos sobre las acciones de MIDES, tampoco había una causa que perseguir», indica el abogado del empresario acusado.
Balmore Escobar, es vinculado al caso de la sustracción de documentos e información del Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), con el que se inició el proceso contra el expresidente Francisco Flores.
«Al parecer los abogados de los canadienses tenían gente de medios de comunicación apoyándoles, porque toda acción, como esa denuncia, era publicada rápidamente, así se entera el Sr. Rais, y pide por medio de sus abogados ser intimado de los hechos que le acusan», agregó Rubio.
Rais fue citado por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario a la fiscalía, tal citatorio no existía, lo detuvieron de inmediato exhibiéndolo en público.
«El Ex Fiscal Meléndez, sin ningún dejo de objetividad propio de su cargo, comienza a realizar juicios de valor como condena mediática de mi cliente. A partir de allí todo lo relacionado con él, se convierte en sospechoso, ilegal. Por ejemplo los sobreseimientos definitivos sobre las denuncias de los canadienses que carecían de pruebas, se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», subraya.
«En cambio en el caso del Sr. Enrique Rais, se hizo parecer que todo era producto de compras de voluntades, lo cual los hechos se han desmentido», dijo Rubio.
Para el defensor de Enrique Raises un paso de justicia ante los casos ilegales creados contra él y otras personas que han sufrido persecución ante estos los montajes mediáticos por el exfiscal Meléndez, dijo el jurista.
«La fiscalía tuvo desde el 29 de abril de 2016 al 28 de abril de 2017 para presentar prueba y pedir la reapertura. ¿Quién era el Fiscal General en ese periodo? Douglas Meléndez».
La parte defensora de Rais indicó que esperan que su cliente obtenga su liberación plena de todos los cargos que se le han fabricado.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
