Judicial
Carlos Rubio: Resolución caso Enrique Rais, es un paso a la justicia ante casos creados por el exfiscal Meléndez
Carlos Miranda Rubio, apoderado legal del empresario Enrique Rais, explicó que la resolución del caso, a favor de su cliente, daría pauta a la justicia ante los casos ilegales que creó el exfiscal Douglas Meléndez.
Enrique Rais fue sobreseído luego de que los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extingue las acciones civiles y penales.
«Esto es muy importante porque el juez confirma que ni fiscalía, ni las supuestas víctimas pudieron demostrar dentro de la causa penal, que poseían los derechos que afirmaban tener, ni como socios, ni como supuestos acreedores del señor Rais», explicó Rubio.
Según el jurista, el exfiscal, creó una persecución contra Rais, creando casos y dilatando la investigación de los mismos.
«Se ha venido probando durante todo este tiempo que se fabricaron procesos con pruebas ilegales, con testigos sin rostro (testigos protegidos), infringiendo el derecho de defensa de mi cliente y presentando como víctimas a personas que no podían sostener judicialmente esa calidad», explicó.
Todo empezó cuando el empresario adquirió el cien por ciento de la empresa MIDES, en modalidad de crédito por $11 millones de dólares, sin embargo terminó pagando más de $23 millones, bajo las exigencias de los canadienses.
A esta extorsión se sumó el abogado Mario Calderón, que durante ese tiempo fuese apoderado legal de Rais, que junto a los canadienses pretendían obtener $25 millones más. El abogado Calderón fue despedido por Rais y posteriormente, en un acto de deslealtad, paso a ser parte como abogado de los canadiense.
«Los canadienses comienzan todo un esquema de presiones, la principal es amenazarlo con que lo perjudicarían a él y a su familia, lo que es evidente que terminaron haciendo».
Por eso pesa ante los extranjeros una orden de captura por ser declarados rebeldes, indica el apoderado legal actual de Rais.
Posteriormente durante el 2013 y 2014 Pasquale y Pacceti interponen las denuncias por administración fraudulenta de MIDES y otras de las empresas de Rais, en las que no pudieron demostrar ser accionistas de estas empresas.
Asimismo interponen en ese periodo otra demanda por el delito de estafa, don de argumentaban que supuestamente el empresario no podía transferir las acciones del MIDES, por la existencia de «una deuda pendiente», argumentando que les hizo unos pagos demás.
«Allí es donde comienza a aparecer la mano del Ex Fiscal Douglas Meléndez, en toda esta persecución penal ilegal y arbitraria, contra el Sr. Enrique Rais, que es una vergüenza para el Sistema Judicial, porque fíjese, los denunciantes (canadienses) no logran acreditar ni ser socios, ni la existencia de una deuda, entonces la Fiscalía formula un Requerimiento de Sobreseimiento Definitivo, que es confirmado por el Juez de Paz», detalla Miranda Rubio.
La Cámara 3a de lo Penal de San Salvador, el 26 de abril de 2016, lo modifica por un Sobreseimiento Provisional, es decir, que le da el plazo de un año a la fiscalía y las víctimas para que puedan presentar pruebas de sus denuncias y pedir la reapertura del caso.
«Entonces, uno espera que haya pruebas y lejos de eso desde allí se comienza a urdir un nuevo esquema de presiones a través de presentar otra denuncia en la que se presenta como víctima Matteo Pasquale».
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una nueva denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, creando un documento que no existía, detalla Rubio.
«La base es el supuesto error en una fecha de un acta, a la que según la denuncia no compareció el Sr. Rais; esos argumentos no coincidían con la verdad de los hechos y al no ser socios ni tener derechos sobre las acciones de MIDES, tampoco había una causa que perseguir», indica el abogado del empresario acusado.
Balmore Escobar, es vinculado al caso de la sustracción de documentos e información del Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), con el que se inició el proceso contra el expresidente Francisco Flores.
«Al parecer los abogados de los canadienses tenían gente de medios de comunicación apoyándoles, porque toda acción, como esa denuncia, era publicada rápidamente, así se entera el Sr. Rais, y pide por medio de sus abogados ser intimado de los hechos que le acusan», agregó Rubio.
Rais fue citado por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario a la fiscalía, tal citatorio no existía, lo detuvieron de inmediato exhibiéndolo en público.
«El Ex Fiscal Meléndez, sin ningún dejo de objetividad propio de su cargo, comienza a realizar juicios de valor como condena mediática de mi cliente. A partir de allí todo lo relacionado con él, se convierte en sospechoso, ilegal. Por ejemplo los sobreseimientos definitivos sobre las denuncias de los canadienses que carecían de pruebas, se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», subraya.
«En cambio en el caso del Sr. Enrique Rais, se hizo parecer que todo era producto de compras de voluntades, lo cual los hechos se han desmentido», dijo Rubio.
Para el defensor de Enrique Raises un paso de justicia ante los casos ilegales creados contra él y otras personas que han sufrido persecución ante estos los montajes mediáticos por el exfiscal Meléndez, dijo el jurista.
«La fiscalía tuvo desde el 29 de abril de 2016 al 28 de abril de 2017 para presentar prueba y pedir la reapertura. ¿Quién era el Fiscal General en ese periodo? Douglas Meléndez».
La parte defensora de Rais indicó que esperan que su cliente obtenga su liberación plena de todos los cargos que se le han fabricado.
Un testigo criteriado presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), ha declarado que una estructura de 31 pandilleros de la 18 de la facción sureña, planificó y ejecutó una serie de homicidios, entre ellos dos masacres en el penal de Izalco.
Los pandilleros que delinquían en Soyapango e Ilopango son procesados por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y privación de libertad agravada.
«A estas 31 personas se les acumula una gran variedad de delitos, entre los cuales se encuentran dos masacres que ocurrieron dentro del centro penal de Izalco en el año 2016», dijo uno de los fiscales.
El testigo del ministerio público ha revelado la forma en la cual se perpetraron las masacres y el móvil fue por una pugna interna dentro de esa organización terrorista.
Por feminicidio agravado en perjuicio de tres mujeres, la representación fiscal busca una pena de 50 años y 30 años por el delito de homicidio agravado.
«Contamos con la declaración de una persona a quien se le dio un criterio de oportunidad (beneficios penales a cambio de colaborar) y establece la forma en la cual la pandilla planificó días antes el cometimiento de estas masacres las cuales se dieron por pugnas internas de la pandilla 18 en esa época», agregó el representante de la Fiscalía.
Una de las masacres ocurrió el 18 de junio de 2016; cuatro pandilleros de la 18 fueron asesinados debió a la purga interna en esa estructura.
Los mareros enfrentan la vista pública de forma virtual desde el centro penal de Izalco, donde están recluidos por otros delitos y cumpliendo condenas recibidas en otros procesos penales.
El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 25 años de cárcel a cinco integrantes de la clica Criminal Gánster Locos Salvatruchos de la MS-13 por el homicidio agravado de un hombre al que atacaron cuando descansaba en su casa.
De acuerdo con el informe oficial, el crimen se cometió el 16 de enero de 2019, cuando la víctima, de 74 años, descansaba en su casa, en el caserío Nuevo Puente, en el cantón San Marcos Lempa, del distrito de Jiquilisco, en el municipio de Usulután Oeste.
Según el reporte fiscal, los cinco terroristas llegaron a la casa de la víctima y la atacaron con arma blanca, por lo que le provocaron lesiones graves en la cabeza y el cuello que le causaron la muerte. Por este hecho han sido sentenciados Gabriel Alberto Iraheta Orellana, alias Turis; Jaime Balmore Beltrán Abarca, alias Domba; Rubén Ernesto Mejía Roque, alias Carmelo; Oswaldo Antonio Castillo, alias Pico; y Milagro del Carmen Mejía Roque.
De momento, los cinco criminales están prófugos de la justicia; sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Usulután los procesó gracias a la reforma del Código Procesal Penal que permite decretar sentencia firme contra delincuentes que han sido declarados en rebeldía.
El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
