Política
Osiris Luna: La labor que yo estoy haciendo al defender policías la tendría que estar haciendo el Gobierno
Los diversos ataques cometidos en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por parte de grupos criminales, ha hecho que el diputado del partido GANA Osiris Luna Meza rechace una serie de medidas tomadas por parte de las autoridades de esta institución de seguridad pública.
Entre las acciones que incomodan al diputado está la detención de agentes, que son llevados a bartolinas mientras se investigan los hechos en los que por utilizar sus armas de fuego asignadas por la corporación repelen ataques en su contra y con ello le quitan la vida a algún miembro de pandilla.
Por ello, Luna Meza tomó cartas en el tema y lo conversó con El Salvador Times, debido a que presentó una reforma al Código Procesal Penal, en el que se plasma que cuando un policía actúe en defensa propia no sea detenido, con la idea de que se aplique la excluyente de responsabilidad penal para quedar absuelto de los cargos.
¿Qué lo ha motivado a defender policías procesados por disparar contra pandilleros y que le garantiza que esto no haya sido un abuso de poder?
Estoy en contra de la impunidad y por eso justamente estoy ocupando el ordenamiento jurídico, que ya la ley lo establece, como primera característica. Yo no estoy diciendo que no sea procesado sino que me refiero a que continúe el proceso judicial pero en libertad.
La segunda, determinándose dentro del proceso la excluyente de la responsabilidad penal es que si actuó en legítima defensa y bajo el ejercicio de su deber ese agente salga libre.
Estoy luchando por esos casos verdaderos, en donde los policías han sido correctos. Debemos defender a los que nos defienden.
¿Tiene conocimiento de algún abuso de poder que podrían tener las autoridades policiales?
Puede haber casos aislados, definitivamente tal vez los ha habido y contra esos casos hay que actuar. No podemos tildar a toda una institución por algún caso aislado. Hay un ejemplo, el caso del Grupo de Reacción Policial (GRP), una élite a la que los pandilleros le temían y por un caso específico (el de Carla Ayala) vino a desarticular a un grupo que estaba altamente capacitado para combatir y repeler las pandillas.
En estos casos no debe imperar la impunidad, sino que en un mal proceder se debe aplicar toda la ley; pero la justicia debe de ser con los responsables en sí no con la institucionalidad de manera global.
¿Qué más cree que se puede hacer para apoyar a los policías aparte del respaldo judicial que usted ofrece actualmente?
Realmente, esto que yo estoy haciendo el Gobierno es quien tendría que estarlo haciendo. Brindando el apoyo moral, el apoyo legal, jurídico, incentivaciones. Se debe de respaldar totalmente el apoyo de ellos. El personal policial está realizando un gran trabajo, una gran labor.
Voy a seguir apoyando a los agentes policiales que actúen bajo su legítima defensa y hago un llamado a toda la clase política –porque esto no es de ideologías es de país- a que apoyemos a la población y a los elementos policiales. Que no se sigan durmiendo estas iniciativas dentro de las comisiones.
¿Qué opinión tiene sobre el acuartelamiento que se ordenó ante la ola de asesinatos de policías?
No hay condiciones para ello, no era una medida del todo buena porque las amenazas también estaban en contra de sus grupos familiares. ¿Qué pasa con el acuartelamiento? El policía deja a su grupo familiar totalmente indefensos.
¿Cómo ve que el Gobierno esté solicitando más dinero para la seguridad?
Yo no me opongo a que se deban asignar más fondos para el tema de la seguridad, pero que nos digan qué planes pretenden hacer para el uso de ese dinero, que nos digan cuáles serán esas nuevas estrategias que van a girar si se les asignan más fondos.
La Asamblea está para eso, para asignar más fondos en temas de país, es más el diputado que no levante su mano o no dé su voto para combatir la delincuencia no se merece otro periodo adentro de la Asamblea.
¿Cómo ve la idea de armar a la población, según el planteamiento hecho por el diputado Guillermo Gallegos?
Es un modelo que dio éxito en Nicaragua, pues la Policía Nacional Civil trabaja de la mano con la comunidad organizada. Por ello, hay que facilitar una portación de armas pero de manera legal.
El problema es que hay armas ilegales, porque el detalle es que no se pueden identificar quien delinque.
Hay un descontrol, los homicidas son los mismos, pero el arma es ilegal. No es el desarmar a la gente la solución.
¿Ha propuesto algún proyecto para colaborar con la seguridad del país?
Sí, he presentado dos proyectos importantes. Uno es la Ley de Videovigilancia, lo hice bajo un trabajo de campo, yendo con los operativos, reuniéndome con diferentes instituciones e incluso hasta con la Embajada de Estados Unidos. Me reuní con unos coreanos para verificar la tecnología que tenemos.
Luego presenté la Ley de Recuperación de Territorios, que la Sala de lo Constitucional anterior –el 15 de julio del año pasado- dijo que la Asamblea Legislativa está en desacato por no legislar la recuperación de espacios.
Son dos temas importantes que lo presenté en junio (de 2018), si ya lo hubiéramos hecho, no tuviéramos todos estos atentados.
¿Cómo va ese proceso de sus propuestas?
Pues pienso que no puede ser posible que la Comisión de Seguridad de la Asamblea siga reposando, archivando piezas que plasman leyes operativas que se necesitan. Esas leyes están durmiendo bajo el sueño de los justos. No podemos seguir así, porque debemos demostrarle a la población que queremos hacer las cosas.
La gente ya no cree en la Asamblea, no cree en los diputados, no cree en el sistema y si no se ve una luz de cambio, entonces esto solo puede empeorar.
Por: El Salvador Times.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
