Política
Osiris Luna: La labor que yo estoy haciendo al defender policías la tendría que estar haciendo el Gobierno
Los diversos ataques cometidos en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por parte de grupos criminales, ha hecho que el diputado del partido GANA Osiris Luna Meza rechace una serie de medidas tomadas por parte de las autoridades de esta institución de seguridad pública.
Entre las acciones que incomodan al diputado está la detención de agentes, que son llevados a bartolinas mientras se investigan los hechos en los que por utilizar sus armas de fuego asignadas por la corporación repelen ataques en su contra y con ello le quitan la vida a algún miembro de pandilla.
Por ello, Luna Meza tomó cartas en el tema y lo conversó con El Salvador Times, debido a que presentó una reforma al Código Procesal Penal, en el que se plasma que cuando un policía actúe en defensa propia no sea detenido, con la idea de que se aplique la excluyente de responsabilidad penal para quedar absuelto de los cargos.
¿Qué lo ha motivado a defender policías procesados por disparar contra pandilleros y que le garantiza que esto no haya sido un abuso de poder?
Estoy en contra de la impunidad y por eso justamente estoy ocupando el ordenamiento jurídico, que ya la ley lo establece, como primera característica. Yo no estoy diciendo que no sea procesado sino que me refiero a que continúe el proceso judicial pero en libertad.
La segunda, determinándose dentro del proceso la excluyente de la responsabilidad penal es que si actuó en legítima defensa y bajo el ejercicio de su deber ese agente salga libre.
Estoy luchando por esos casos verdaderos, en donde los policías han sido correctos. Debemos defender a los que nos defienden.
¿Tiene conocimiento de algún abuso de poder que podrían tener las autoridades policiales?
Puede haber casos aislados, definitivamente tal vez los ha habido y contra esos casos hay que actuar. No podemos tildar a toda una institución por algún caso aislado. Hay un ejemplo, el caso del Grupo de Reacción Policial (GRP), una élite a la que los pandilleros le temían y por un caso específico (el de Carla Ayala) vino a desarticular a un grupo que estaba altamente capacitado para combatir y repeler las pandillas.
En estos casos no debe imperar la impunidad, sino que en un mal proceder se debe aplicar toda la ley; pero la justicia debe de ser con los responsables en sí no con la institucionalidad de manera global.
¿Qué más cree que se puede hacer para apoyar a los policías aparte del respaldo judicial que usted ofrece actualmente?
Realmente, esto que yo estoy haciendo el Gobierno es quien tendría que estarlo haciendo. Brindando el apoyo moral, el apoyo legal, jurídico, incentivaciones. Se debe de respaldar totalmente el apoyo de ellos. El personal policial está realizando un gran trabajo, una gran labor.
Voy a seguir apoyando a los agentes policiales que actúen bajo su legítima defensa y hago un llamado a toda la clase política –porque esto no es de ideologías es de país- a que apoyemos a la población y a los elementos policiales. Que no se sigan durmiendo estas iniciativas dentro de las comisiones.
¿Qué opinión tiene sobre el acuartelamiento que se ordenó ante la ola de asesinatos de policías?
No hay condiciones para ello, no era una medida del todo buena porque las amenazas también estaban en contra de sus grupos familiares. ¿Qué pasa con el acuartelamiento? El policía deja a su grupo familiar totalmente indefensos.
¿Cómo ve que el Gobierno esté solicitando más dinero para la seguridad?
Yo no me opongo a que se deban asignar más fondos para el tema de la seguridad, pero que nos digan qué planes pretenden hacer para el uso de ese dinero, que nos digan cuáles serán esas nuevas estrategias que van a girar si se les asignan más fondos.
La Asamblea está para eso, para asignar más fondos en temas de país, es más el diputado que no levante su mano o no dé su voto para combatir la delincuencia no se merece otro periodo adentro de la Asamblea.
¿Cómo ve la idea de armar a la población, según el planteamiento hecho por el diputado Guillermo Gallegos?
Es un modelo que dio éxito en Nicaragua, pues la Policía Nacional Civil trabaja de la mano con la comunidad organizada. Por ello, hay que facilitar una portación de armas pero de manera legal.
El problema es que hay armas ilegales, porque el detalle es que no se pueden identificar quien delinque.
Hay un descontrol, los homicidas son los mismos, pero el arma es ilegal. No es el desarmar a la gente la solución.
¿Ha propuesto algún proyecto para colaborar con la seguridad del país?
Sí, he presentado dos proyectos importantes. Uno es la Ley de Videovigilancia, lo hice bajo un trabajo de campo, yendo con los operativos, reuniéndome con diferentes instituciones e incluso hasta con la Embajada de Estados Unidos. Me reuní con unos coreanos para verificar la tecnología que tenemos.
Luego presenté la Ley de Recuperación de Territorios, que la Sala de lo Constitucional anterior –el 15 de julio del año pasado- dijo que la Asamblea Legislativa está en desacato por no legislar la recuperación de espacios.
Son dos temas importantes que lo presenté en junio (de 2018), si ya lo hubiéramos hecho, no tuviéramos todos estos atentados.
¿Cómo va ese proceso de sus propuestas?
Pues pienso que no puede ser posible que la Comisión de Seguridad de la Asamblea siga reposando, archivando piezas que plasman leyes operativas que se necesitan. Esas leyes están durmiendo bajo el sueño de los justos. No podemos seguir así, porque debemos demostrarle a la población que queremos hacer las cosas.
La gente ya no cree en la Asamblea, no cree en los diputados, no cree en el sistema y si no se ve una luz de cambio, entonces esto solo puede empeorar.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
