Política
“No he recibido sobresueldos ni otra forma de remuneración o como se les llame y tengo una sola firma» aclaró Hugo Martínez y desvirtuó que hubiera recibido sobresueldos durante el gobierno de Funes
Después de ser señalado como uno de los funcionarios que habría recibido una serie de sobresueldos en el periodo del ahora expresidente de la República Mauricio Funes, el postulante a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, desvirtúo las acusaciones.
“No he recibido sobresueldos ni otra forma de remuneración o como se les llame y tengo una sola firma, es la misma que he utilizado desde que tuve mi cédula de identidad”, comentó el aspirante a la presidencia, a la vez en que mostró su Documento Único de Identidad (DUI) como prueba de su rubrica. «No he firmado ningún recibo a casa presidencial», agregó.
El postulante montó un Facebook Live en el que indicó que “dio la cara”, debido a que quiere defender su prestigio, su imagen y poner en claro la probidad con la que se ha desempeñado en su papel de funcionario público.
Martínez calificó la publicación de El Faro –en donde trata del tema de los sobresueldos que supuestamente habría recibido- como “campaña sucia”, como una publicación imprecisa y no lo suficientemente profesional.
«No podemos permitir que de un plumazo, por falta de profesionalismo se eche basura a nuestra imagen», comentó.
El aspirante también aclaró que desde que fue abordado por uno de los periodistas del medio digital, el pasado 19 de enero cuando se encontraba de visita con los habitantes del municipio de Dolores, en Cabañas, fue enfático al decir que no recibió dinero adicional a su sueldo que obtenía en su gestión como ministro de Relaciones Exteriores, ejecutada de 2009 a 2013.
«Por transparencia he publicado los audios de la conversación que tuve con un periodista de ese periódico digital que hizo esas publicaciones», expresó Martínez.
Incluso, el miembro del FMLN explicó que fue cuestionado de tener una doble firma y para desvirtuar eso dijo que mostró al comunicador el DUI para verificar su firma.
Con información de El Salvador Times
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
