El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

Para continuar velando por la protección e integridad de los salvadoreños y evitar vulneraciones en contra de estos, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron, con 57 votos, a Raquel Caballero de Guevara como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

La funcionaria fue juramentada por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, para que cumpla un tercer periodo al frente de dicha institución. Su cargo iniciará este 16 de octubre y se mantendrá hasta el 15 de octubre de 2028.

Dicho nombramiento forma parte del compromiso parlamentario de elegir en el tiempo establecido —y de forma transparente y democrática— a los funcionarios de segundo grado, tal como lo establece la Constitución de la República.

El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, recordó que la Comisión Política verificó la información de cada uno de los aspirantes y las entrevistas fueron abiertas, para garantizar un proceso transparente «como siempre se ha hecho”.

Perfil de la procuradora electa

Caballero de Guevara es abogada y notaria de la República. Desempeñó su primer período en la PDDH de 2016 a 2019 y el segundo fue de 2022 a 2025.

Además, es presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).

También, es representante ante el Comité de Finanzas de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI) y es coordinadora general de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente.

Entre los logros de su segunda gestión destaca la firma de más de 168,000 acciones de protección para la ciudadanía, según expuso en la Comisión Política, durante el proceso de entrevistas.

En dicha jornada también detalló que en su administración se han trabajado cuatro ejes en apoyo a la población, atendiendo 51,715 procesos.

De estos: 22,339 corresponden a orientaciones (asesoramiento y acompañamiento para ayudar a las personas a conocer, proteger y ejercer sus derechos); 6,062 a expedientes de acción inmediata (registros de diligencias); 3,379 expedientes de investigación que están en trámite y 19,935 solicitudes sobre personas privadas de libertad —reportadas desde años anteriores— por causa de la delincuencia.

Además, se ha saldado la mora histórica que existía en la institución, al dar seguimiento y resolución a 27,000 expedientes rezagados desde la creación de la entidad, en 1992.

Entre sus objetivos de trabajo para este nuevo periodo, Caballero expuso que dará continuidad al proceso de modernización de la Procuraduría y la implementación de nuevos sistemas tecnológicos.

La Asamblea Legislativa aprobó, con dispensa de trámite, tres iniciativas presentadas por el Ejecutivo relacionadas con el aguinaldo, entre ellas la exoneración del pago de impuestos a quienes reciban hasta $1,500, la posibilidad de pagar este beneficio entre octubre y diciembre, y la homologación de las disposiciones para empleados del sector público y privado.

Las propuestas fueron incorporadas a la agenda y aprobadas sin pasar a estudio de comisión, a solicitud del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.

El subjefe de bancada oficialista, Caleb Navarro, explicó que quienes reciban un aguinaldo superior a $1,500 solo tributarán por la cantidad excedente.

En concreto, la primera iniciativa declara no gravable el aguinaldo de hasta $1,500 para el ejercicio fiscal 2025. La segunda reforma el Código de Trabajo para permitir el pago de este beneficio entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año. La tercera enmienda amplía el periodo de pago de la compensación adicional en efectivo para empleados públicos desde octubre.

Las medidas contaron con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PDC, PCN, Arena y Vamos, y entrarán en vigor una vez sean publicadas en el Diario Oficial, tras la sanción del Ejecutivo.