Política
Marchas contra la privatización del agua obligaron a diputados a retroceder 10 años en la discusión de la ley
Una segunda marcha de diferentes expresiones de la sociedad civil obligó a los diputados de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dar marcha atrás en sus intenciones de incluir privados en el organismo rector, los legisladores decidieron, nuevamente, comenzar de cero y dejar en punto muerto la discusión de la ley que ya lleva 10 años pendiente.
Fue en el inicio de la legislatura 2009-2012 cuando algunos sectores comenzaron a hacer ver la necesidad de una Ley de Agua para cuidar el recurso hídrico, en medio de la crisis mundial por el cambio climático. La legislación comenzó a ser discutida, a cuenta gotas, y se lograron avances como la aprobación de 92 artículos de la Ley General del Agua, propuesta que fue abanderada por la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y apoyada por la iglesia católica.
El fantasma de la privatización empezó a rondar en la Asamblea Legislativa y particularmente en los curules de los diputados de ARENA, cuando se intentaba aprobar un ente rector del agua con una mayor cantidad de privados. En este caso, el Estado perdía fuerza en decisiones de cómo preservar el recurso y a quién otorgársela. Una marcha enardecida se encargó de dejar claro el descontento con la propuesta y luego de los incidentes se dio marcha atrás en el tema.
Luego de algún tiempo, la discusión pasó a un segundo plano con la ayuda de los diputados de algunos partidos que se daban el lujo de no asistir a las reuniones y se tuvo que reprogramar en varias ocasiones por falta de quórum. Varios meses después, el tema iba ganando notoriedad cuando se acercaba el momento de discutir el polémico artículo 14 que hablaba sobre la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Agua (ANA).
Nuevamente el fantasma de la privatización rondó el Órgano Legislativo cuando los partidos ARENA, PCN y PDC repetían la decisión de reducir la participación del Estado en el ANA, un día después la Asamblea se blindó, con todo y agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), para esperar a la población universitaria que salía a las calles y dejar claro que seguían sin estar de acuerdo.
En medio de la manifestación, dos de los legisladores que habían votado a favor de la inclusión de los sectores productivos agropecuarios e industriales, las alcaldías y las Juntas de Agua, Gustavo Escalante y Mayteé Iraheta se echaban para atrás y pidieron retirar los votos el acuerdo, que lo dejó sin validez porque perdían la mayoría.
En la comisión a la que se convocó, en medio de la plenaria que dio vida al aumento del Fodes, la propia Iraheta propuso, ante todo lo sucedido, dejar sin efecto los 15 artículos que se habían aprobado. Algunos reiteraron que no estaban equivocados en su decisión de incluir privados, pero apoyaron la decisión.
“Si nosotros estamos dispuestos a llegar a un consenso, cuando como diputados de los partidos presentes tengamos la voluntad de hacer país, de priorizar las necesidades de los salvadoreños, que en este momento retomemos el estudio, uno a uno, de los artículos de la Ley Integral de Agua que ha estado en discusión”, dijo en la comisión Iraheta, una victoria a medias del FMLN, que se agenció la lucha en varias ocasiones por este tema.
Los siguientes discursos como el del diputado del PCN Raúl Beltrán recalcaron que no hay privatización del recurso ni del ente rector, argumentando que las alcaldías no son entes privados. Pero no mencionó que la Asociación Corporación de Municipalidades (Comures) está dominada por el partido ARENA, el impulsor de todas las privatizaciones del país.
“El elemento delicado se llama privado, aquí le acabamos de apoyar $95 millones a los privados (aumento del Fodes), a las alcaldías que son privadas según el pensamiento… desistimos, corregimos, son 13 años perdidos en darle al país una ley del agua, que siga la ANDA manejándola si es del Estado, y ¿Cuál es el problema? Lo que sucede es que ya comenzó a incendiarse la jungla”, dijo en un tono sarcástico que no agradó ni a Dina Argueta ni a Rina Araujo, ambas del FMLN.
Empezar de cero
La ley que se tomó como base para la discusión y aprobación de los 15 artículos que la comisión llevaba es la Ley Integral del Agua, la que fue presentada en la legislatura anterior, y sus detractores dicen que la elaboró la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la principal gremial empresarial del país. En junio del año pasado se contemplaba solo cinco miembros de la Junta Directiva, con la discusión se amplió a siete.
La irrupción del ahora presidente electo Nayib Bukele influenció, de alguna u otra forma, la situación porque él fue tajante el decir que no estaba de acuerdo con lo establecido por la Asamblea y sacó la bandera de la privatización, misma que adoptó su partido y lo dejó claro su diputado en la comisión, Adelmo Rivas.
Al salir de la comisión, Argueta dijo que lo que quería el PCN era dejar de lado la discusión del tema hasta que Bukele asumiera la Presidencia y sondear cómo estaban las posturas del tema. Sostuvo que la intención del PDC era engavetar la propuesta y que la presión social había podido con los legisladores que dieron su voto para aprobar ese artículo 14.
“No se ha querido reconocer en la comisión, pero en la práctica se ha retrocedido a una decisión tomada el pasado lunes 18, donde dejaba la concentración de las decisiones del agua en el país en manos privadas. Creo que ha ganado el país y quiero insistir en que el movimiento social y las organizaciones, la presión desde el territorio ha logrado desistir posiciones y eso sí es democracia”, dijo.
El Frente exaltó la participación de la Universidad de El Salvador (UES) en los métodos de presión, a pesar de que un sector de los manifestantes abucheó y lanzó bolsas con agua a los diputados rojos que intentaron darse un baño de multitudes. El reclamo “vendidos, en 10 años no hicieron nada” caló en los ánimos de algunos legisladores y decidieron irse de nuevo a sus oficinas.
El Salvador está en la misma posición por la que arrancó las discusiones sobre este tema hace más de una década, sin una legislación que venga a regular el cuido del recurso hídrico, pero en una posición peor que cuando se comenzó a concebir una Ley de Agua.
Tras diez años infértiles que han culminado con más protestas y capturados que avances y con el cambio climático aumentando sus influencias en el mundo, la Comisión de Medio Ambiente deberá iniciar de cero a trabajar con todos los anteproyectos que habían.
Si las posturas de ARENA de incluir privados en las decisiones y la pasividad del Frente, que no agilizó mientras tuvo correlación de fuerzas, se mantienen el camino de aquí para adelante podría desembocar en el destino que tienen otras ciudades con servicios racionalizados o, en el peor de los casos, sin una gota de agua.
Por: El Salvador Times.
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
