Política
Marchas contra la privatización del agua obligaron a diputados a retroceder 10 años en la discusión de la ley
Una segunda marcha de diferentes expresiones de la sociedad civil obligó a los diputados de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dar marcha atrás en sus intenciones de incluir privados en el organismo rector, los legisladores decidieron, nuevamente, comenzar de cero y dejar en punto muerto la discusión de la ley que ya lleva 10 años pendiente.
Fue en el inicio de la legislatura 2009-2012 cuando algunos sectores comenzaron a hacer ver la necesidad de una Ley de Agua para cuidar el recurso hídrico, en medio de la crisis mundial por el cambio climático. La legislación comenzó a ser discutida, a cuenta gotas, y se lograron avances como la aprobación de 92 artículos de la Ley General del Agua, propuesta que fue abanderada por la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y apoyada por la iglesia católica.
El fantasma de la privatización empezó a rondar en la Asamblea Legislativa y particularmente en los curules de los diputados de ARENA, cuando se intentaba aprobar un ente rector del agua con una mayor cantidad de privados. En este caso, el Estado perdía fuerza en decisiones de cómo preservar el recurso y a quién otorgársela. Una marcha enardecida se encargó de dejar claro el descontento con la propuesta y luego de los incidentes se dio marcha atrás en el tema.
Luego de algún tiempo, la discusión pasó a un segundo plano con la ayuda de los diputados de algunos partidos que se daban el lujo de no asistir a las reuniones y se tuvo que reprogramar en varias ocasiones por falta de quórum. Varios meses después, el tema iba ganando notoriedad cuando se acercaba el momento de discutir el polémico artículo 14 que hablaba sobre la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Agua (ANA).
Nuevamente el fantasma de la privatización rondó el Órgano Legislativo cuando los partidos ARENA, PCN y PDC repetían la decisión de reducir la participación del Estado en el ANA, un día después la Asamblea se blindó, con todo y agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), para esperar a la población universitaria que salía a las calles y dejar claro que seguían sin estar de acuerdo.
En medio de la manifestación, dos de los legisladores que habían votado a favor de la inclusión de los sectores productivos agropecuarios e industriales, las alcaldías y las Juntas de Agua, Gustavo Escalante y Mayteé Iraheta se echaban para atrás y pidieron retirar los votos el acuerdo, que lo dejó sin validez porque perdían la mayoría.
En la comisión a la que se convocó, en medio de la plenaria que dio vida al aumento del Fodes, la propia Iraheta propuso, ante todo lo sucedido, dejar sin efecto los 15 artículos que se habían aprobado. Algunos reiteraron que no estaban equivocados en su decisión de incluir privados, pero apoyaron la decisión.
“Si nosotros estamos dispuestos a llegar a un consenso, cuando como diputados de los partidos presentes tengamos la voluntad de hacer país, de priorizar las necesidades de los salvadoreños, que en este momento retomemos el estudio, uno a uno, de los artículos de la Ley Integral de Agua que ha estado en discusión”, dijo en la comisión Iraheta, una victoria a medias del FMLN, que se agenció la lucha en varias ocasiones por este tema.
Los siguientes discursos como el del diputado del PCN Raúl Beltrán recalcaron que no hay privatización del recurso ni del ente rector, argumentando que las alcaldías no son entes privados. Pero no mencionó que la Asociación Corporación de Municipalidades (Comures) está dominada por el partido ARENA, el impulsor de todas las privatizaciones del país.
“El elemento delicado se llama privado, aquí le acabamos de apoyar $95 millones a los privados (aumento del Fodes), a las alcaldías que son privadas según el pensamiento… desistimos, corregimos, son 13 años perdidos en darle al país una ley del agua, que siga la ANDA manejándola si es del Estado, y ¿Cuál es el problema? Lo que sucede es que ya comenzó a incendiarse la jungla”, dijo en un tono sarcástico que no agradó ni a Dina Argueta ni a Rina Araujo, ambas del FMLN.
Empezar de cero
La ley que se tomó como base para la discusión y aprobación de los 15 artículos que la comisión llevaba es la Ley Integral del Agua, la que fue presentada en la legislatura anterior, y sus detractores dicen que la elaboró la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la principal gremial empresarial del país. En junio del año pasado se contemplaba solo cinco miembros de la Junta Directiva, con la discusión se amplió a siete.
La irrupción del ahora presidente electo Nayib Bukele influenció, de alguna u otra forma, la situación porque él fue tajante el decir que no estaba de acuerdo con lo establecido por la Asamblea y sacó la bandera de la privatización, misma que adoptó su partido y lo dejó claro su diputado en la comisión, Adelmo Rivas.
Al salir de la comisión, Argueta dijo que lo que quería el PCN era dejar de lado la discusión del tema hasta que Bukele asumiera la Presidencia y sondear cómo estaban las posturas del tema. Sostuvo que la intención del PDC era engavetar la propuesta y que la presión social había podido con los legisladores que dieron su voto para aprobar ese artículo 14.
“No se ha querido reconocer en la comisión, pero en la práctica se ha retrocedido a una decisión tomada el pasado lunes 18, donde dejaba la concentración de las decisiones del agua en el país en manos privadas. Creo que ha ganado el país y quiero insistir en que el movimiento social y las organizaciones, la presión desde el territorio ha logrado desistir posiciones y eso sí es democracia”, dijo.
El Frente exaltó la participación de la Universidad de El Salvador (UES) en los métodos de presión, a pesar de que un sector de los manifestantes abucheó y lanzó bolsas con agua a los diputados rojos que intentaron darse un baño de multitudes. El reclamo “vendidos, en 10 años no hicieron nada” caló en los ánimos de algunos legisladores y decidieron irse de nuevo a sus oficinas.
El Salvador está en la misma posición por la que arrancó las discusiones sobre este tema hace más de una década, sin una legislación que venga a regular el cuido del recurso hídrico, pero en una posición peor que cuando se comenzó a concebir una Ley de Agua.
Tras diez años infértiles que han culminado con más protestas y capturados que avances y con el cambio climático aumentando sus influencias en el mundo, la Comisión de Medio Ambiente deberá iniciar de cero a trabajar con todos los anteproyectos que habían.
Si las posturas de ARENA de incluir privados en las decisiones y la pasividad del Frente, que no agilizó mientras tuvo correlación de fuerzas, se mantienen el camino de aquí para adelante podría desembocar en el destino que tienen otras ciudades con servicios racionalizados o, en el peor de los casos, sin una gota de agua.
Por: El Salvador Times.
La permanencia en ARENA de Joel Humberto Sánchez, cuando era candidato a la presidencia de la república por el tricolor, tenía un precio: $30 millones, según reveló ayer él mismo en la entrevista Las Cosas Como Son, monto que le fue exigido por directores departamentales del instituto político, quienes tenían el apoyo del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, para amenazar a su aspirante.
Dicha cantidad sería para financiar supuestos gastos de la campaña electoral del partido en el mercado de las pasadas elecciones generales.
«Así literal me lo dijeron, en diciembre (de 2023), ese fue el regalo de Navidad que me dieron todos los directores departamentales; y saltó uno, puedo decir el nombre: Efraín Cañas, tú me dijiste eso, y me amenazaste, me insultaste y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarlo. Me dijiste: “Si no trae $30 millones este día por favor retírese, que para qué se metió a esto”. Así de sencillo y trágico, teniendo al presidente del partido enfrente y al resto de gente del COENA en mi casa de campaña, en mi propia casa burlándose de mí», narró Sánchez.
Efraín Cañas fue candidato a alcalde por San Salvador Sur por el partido ARENA en las elecciones del pasado 3 de marzo, en las cuales perdió ante el candidato de Nuevas Ideas, Mario Vásquez.
Sánchez, salvadoreño radicado en Estados Unidos, aseguró que fue García Saade quien lo convocó y convenció en diciembre pasado para que sostuviera una reunión con los directores departamentales de ARENA, en la que recibió las amenazas de expulsión.
«Y si no daba [el dinero] “te expulsamos del partido”. Esto no es nuevo, era como la cuarta vez [que me amenazaban]. Ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido, ya no me van a hacer nada […] no lo podía decir por la amenaza del tribunal (interno), la amenaza de la expulsión, pero ahora estoy libre y puedo decir las cosas como son», explicó el excandidato arenero.
El pasado lunes Sánchez notificó su renuncia al partido, luego que el presidente del COENA solicitara, el 10 de abril, la apertura de un proceso de expulsión contra el excandidato por emitir declaraciones en supuesto perjuicio de la imagen del instituto de derecha.Sánchez manifestó ayer haberse sentido «amenazado y desgastado» durante el periodo preelectoral con su candidatura, pues además de haber recibido amenazas también hubo duras críticas por parte de altas autoridades del partido, quienes buscaban un «protagonismo político».
«Podía más el interés personal, el protagonismo político que el plan de nación. Querían protagonismo y ellos [partidos políticos de oposición y la sociedad civil] tenían esas discrepancias de «ese candidato es mío». En realidad, no había un consenso, era una lucha interna entre partidos por protagonismo. Era un desgaste, se los decía todo el tiempo», dijo.
Comentó que miembros de ARENA también se aprovechaban de su «estatus de empresario» para realizar reuniones en el extranjero en restaurantes de lujo, donde le tocó pagar en una ocasión más de $1,800 por una cena para aproximadamente 12 personas. «Eran unos abusivos», aseveró Sánchez.
«Yo pagué cada cinco de mi campaña y apoyé inclusive a muchos candidatos que les miraba potencial […] diputados, alcaldes, diputados al Parlacen, y ahora muchos de ellos son detractores y me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos, porque no les di $30 millones. En realidad eran propuestas descabelladas, todas las que me hacían eran descabelladas, y siendo yo una persona cuerda no iba a acceder a tanta atrocidad», indicó.
También denunció que aparte de pedirle $30 millones movimientos sociales que en principio impulsaron su candidatura presidencial le exigían $15 millones por apoyarlo, e incluso afirmó que recibió amenazas por parte de dichos grupos de retirarle su acompañamiento.
«La sociedad civil también me amenazaba. Te vamos a quitar el apoyo, nos vamos a ir con el candidato de tal partido […] era totalmente un desastre», añadió.
De acuerdo al excandidato tricolor, las indicaciones que le dio el partido durante la campaña electoral eran «confusas» y las estrategias que implementaban hacían quedar mal su imagen ante los electores. «No utilizaba los colores del partido y la gente decía “es que Joel se avergüenza”, y no. Es que era el mismo COENA que me dijo que no lo usara […] eran las directrices del COENA. El mismo partido me dijo: No se vaya a poner chaleco. Me ponían en entredicho, me hacían quedar mal con las bases, fue una campaña muy dura y confusa», afirmó Sánchez.
Aseguró que en ARENA incluso fue menospreciado por su apariencia física. «Ellos querían ver al mesías, querían ver a alguien prominente, alto, yo pienso que blanco y pelo rubio; y cuando me miran, un salvadoreño como soy yo, real, cojutepecano, gordito y bajito, comenzaron a tirarme posturas elevadas, astrales», comentó.
El Gobierno Central solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar la suscripción de un préstamo con la em-presa Yutong Bus (fabricante chino de autobuses), por la cantidad de $179,577,857 para financiar el 85 % del proyecto de renovación de buses del servicio colectivo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
La solicitud fue presentada a través de una pieza de correspondencia, que fue admitida en la sesión ple-naria 153, que se realizó el lunes anterior, siendo admitida y enviada a la comisión de hacienda y especial del presupuesto para su respectivo estudio.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Hacienda, es el Ministerio de Obras Públi-cas a través del Viceministerio de Transporte el encargado de realizar el proyecto, que tiene por finalidad mejorar las condiciones de conectividad de los usuarios en el AMSS, así como la reducción de la conta-minación ambiental.
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dos disposiciones transitorias enfocadas a proteger la economía familiar.
La primera de las iniciativas busca mantener estables las tarifas del pasaje que pagan los salvadoreños por el servicio del transporte público.
Para lograrlo, los parlamentarios ampliaron el período de vigencia de la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros tipo Colectivo y Masivo.
Dicha iniciativa fue aprobada con 64 votos a favor y busca mantener la estabilidad del pasaje, por un mes más, a partir del 1 de mayo hasta el último día de ese mes.
Por otra parte, los parlamentarios acordaron prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores.
Con 73 votos, los parlamentarios aprobaron ampliar la disposición Transitoria a la Ley de derechos fiscales para ampliar vigencia de las placas con formato 2011.
Dicha iniciativa busca ser una medida de contingencia ante diversos factores internacionales que impactan de forma negativa la economía del país.
«Este decreto tiene como propósito prorrogar el periodo de validez de las placas de circulación de los vehículos. El Gobierno sigue en la búsqueda de estrategias que ayuden a disminuir el impacto económico en las familias salvadoreñas y esta iniciativa es prueba de ello», indicó el diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón.
De acuerdo con la normativa actual, la vigencia de las placas de los vehículos deben renovarse cada quinquenio, pero dada la situación del alza de precios del petróleo y sus derivados, debido a la crisis global, los parlamentarios consideran necesario ampliar transitoriamente el periodo de validez del uso de las mismas.
