Política
Ley de Emergencia Nacional castigará con $50 a personas que no cumplan cuarentena obligatoria
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa logró un consenso sobre la Ley de Emergencia Nacional que someterán a discusión en el pleno de hoy jueves, y acordaron que la PNC y la FAES no podrán privar de libertad a las personas que incumplan la cuarentena obligatoria, y en vez de ello, se propone que se multe con $50 a los infractores.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dio una conferencia de prensa luego de reunirse con miembros del gabinete de Nayib Bukele, para explicar los acuerdos alcanzados. En tal sentido, afirmó que «la Ley de Emergencia Nacional lleva sanciones como amonestación verbal, sanción económica de $50 y trabajo comunitario. Eso es de fiel cumplimiento para quien viole la cuarenta domiciliar», aclaró.
El acuerdo establece además, que las personas que sean sorprendidas en incumplimiento de la cuarentena no podrán ser enviadas a un centro de contención, salvo en los casos de aquellos que presenten síntomas de covid-19, lo cual será establecido por medio de una evaluación sanitaria.
En cuanto a las personas que sean sometidas a trabajo comunitario porque no pueden pagar los $50, el servicio lo prestarán en el municipio donde viven. Ponce adelantó que las labores pueden consistir arreglando parques y trabajos de limpieza en barrios y colonias.
El diputado presidente celebró los acuerdos logrados entre los diputados y el Ejecutivo, y explicó que se lograron modificaciones al proyecto presentado por Casa Presidencia, sobre todo en materia de protección de derechos humanos para evitar posibles abusos de las autoridades de seguridad pública, dijo
Desde tempranas horas del miércoles, los diputados de la Comisión Política, se reunieron con el secretario jurídico y privado de la Presidencia, así como con los ministros de Salud y de Hacienda para consensuar el proyecto de decreto que será sometido al pleno en la sesión de mañana (jueves) para su aprobación.
La nueva normativa difiere del decreto ejecutivo número 19 presentado por el presidente Nayib Bukele el lunes para mantener la cuarententa obligatoria, y que proponía las detenciones de personas que no acataran la cuarentena.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
