Política
Ley de Emergencia Nacional castigará con $50 a personas que no cumplan cuarentena obligatoria
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa logró un consenso sobre la Ley de Emergencia Nacional que someterán a discusión en el pleno de hoy jueves, y acordaron que la PNC y la FAES no podrán privar de libertad a las personas que incumplan la cuarentena obligatoria, y en vez de ello, se propone que se multe con $50 a los infractores.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dio una conferencia de prensa luego de reunirse con miembros del gabinete de Nayib Bukele, para explicar los acuerdos alcanzados. En tal sentido, afirmó que «la Ley de Emergencia Nacional lleva sanciones como amonestación verbal, sanción económica de $50 y trabajo comunitario. Eso es de fiel cumplimiento para quien viole la cuarenta domiciliar», aclaró.
El acuerdo establece además, que las personas que sean sorprendidas en incumplimiento de la cuarentena no podrán ser enviadas a un centro de contención, salvo en los casos de aquellos que presenten síntomas de covid-19, lo cual será establecido por medio de una evaluación sanitaria.
En cuanto a las personas que sean sometidas a trabajo comunitario porque no pueden pagar los $50, el servicio lo prestarán en el municipio donde viven. Ponce adelantó que las labores pueden consistir arreglando parques y trabajos de limpieza en barrios y colonias.
El diputado presidente celebró los acuerdos logrados entre los diputados y el Ejecutivo, y explicó que se lograron modificaciones al proyecto presentado por Casa Presidencia, sobre todo en materia de protección de derechos humanos para evitar posibles abusos de las autoridades de seguridad pública, dijo
Desde tempranas horas del miércoles, los diputados de la Comisión Política, se reunieron con el secretario jurídico y privado de la Presidencia, así como con los ministros de Salud y de Hacienda para consensuar el proyecto de decreto que será sometido al pleno en la sesión de mañana (jueves) para su aprobación.
La nueva normativa difiere del decreto ejecutivo número 19 presentado por el presidente Nayib Bukele el lunes para mantener la cuarententa obligatoria, y que proponía las detenciones de personas que no acataran la cuarentena.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
