Política
Instalan con celeridad primera sesión de Comisión de Antejuicio contra diputado García
Para continuar transformando la manera de hacer política y para implementar la transparencia prometida al pueblo salvadoreño, los diputados de la Comisión Especial de Antejuicio contra del legislador Érick Alfredo García instalaron la primera sesión de trabajo.
Dicha mesa legislativa, presidida por el parlamentario Ernesto Castro, inició el estudio de la petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) para retirarle el fuero constitucional de García.
El Ministerio Público le imputa al legislador el delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 284 del Código Penal y castigado con una pena de entre tres y seis años de prisión.
“El trabajo de esta comisión, que fue conformada en la sesión plenaria 117, es bajo el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Este proceso reúne los requisitos legales pertinentes del requerimiento fiscal”, expresó el diputado Castro.
En la sesión de trabajo se acordaron tres etapas: La presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López, quien será el notificador del caso.
La acusación fiscal contra García inició luego de que el asesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Alejandro Muyshondt, publicara en su cuenta de Twitter una serie de audios en los que el parlamentario admite que firmó, el 7 diciembre de 2020, un contrato de préstamo por $90,000 a su asesor jurídico, Luis Alonso Portillo Turcios. El documento que plasma esto, denominado mutuo simple, fue alterado.
“Estamos enviando un mensaje claro, firme y contundente a la nación, porque vamos a trabajar con el principio de honradez y honestidad”, afirmó el diputado José Urbina, quien funge como vocal en este proceso. “Ha costado mucho recuperar la confianza de esta institución, porque la vieja Asamblea era la escuela de la corrupción y de acá se graduaron los peores corruptos”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Caleb Navarro, quien es el relator del caso, aseveró que el fuero constitucional no es ninguna causal de impunidad en esta Asamblea Legislativa y “esto se debe de retirar a cualquier diputado que cometa ilícitos para que responda ante las autoridades pertinentes para ser llevados a los tribunales correspondientes para que paguen por sus actos”.
El presidente Castro reiteró que los diputados están en la obligación de no cubrir nada y de llegar hasta la verdad, sea cual sea esta, por respeto al pueblo salvadoreño: «No vamos a repetir lo que los anteriores diputados cometieron”.
Además, el parlamentario informó que la comisión no dilatará el tiempo, porque el pueblo salvadoreño necesita respuestas rápidas. Por ello, dejó abierta la sesión y será convocada en cualquier momento que considere necesario.
Fiscales: hay compromiso de luchar contra corrupción
Los diputados Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron nombrados fiscales en el proceso de antejuicio contra García.
“Nuestro compromiso de luchar contra la corrupción está más fuerte que nunca. Se acabó la época en que el fuero era la principal protección de cada uno de los funcionarios públicos y hemos venido a servirle al pueblo salvadoreño y no a servirnos de él”, aseguró la parlamentaria Pineda.
Mientras que Zaldaña aseguró que acreditarán cada uno de los hechos conforme a lo legal y harán uso de los mecanismos necesarios para poder llegar a la verdad y esclarecer todo lo que ha sucedido, para que luego sea el pleno legislativo el que decida si se desaforará a García.
“En el pasado, ya fueron suficientes las malas acciones cometidas por legislaturas y gobiernos anteriores. Como futuro, debemos demostrar que estamos del lado correcto de hacer política y que las cosas ya no se hacen como antes”, afirmó Zaldaña.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
