Política
GOES denunciará a la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legislativa ante la CIDH «por violación al derecho a la vida»
El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que el Gobierno de El Salvador (GOES), interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en contra de la Sala de lo Constitucional, y de la Asamblea Legislativa, por violación al derecho a la vida y salud de los salvadoreños, por haber dejado sin efecto el decreto ejecutivo de Emergencia Nacional.
«Ellos (los magistrados y diputados) están violando el derecho más sagrado de todos que es el derecho a la vida, y están violando el derecho a la salud, por lo tanto vamos a poner una denuncia por violación a la vida y salud del pueblo salvadoreño», anunció Bukele luego de haberse reunido con un grupo de alcaldes del partido ARENA en Casa Presidencial.
La Sala de lo Constitucional aceptó el lunes una demanda en contra del Decreto Ejecutivo número 18 que extiende la Emergencia Nacional y decretó medidas cautelares, considerando que el Ejecutivo podría haber usurpado funciones del Legislativo, ya que es a este último órgano de Estado al que compete decretar las emergencias. El ejecutivo lo podrá hacer cuando la Asamblea no esté sesionando, explicó la Sala.
Los magistrados agregaron que la resolución no significa que el Gobierno ya no tiene herramientas legales para enfrentar la pandemia del coronavirus. Pusieron como ejemplo artículos del Código de Salud que dan facultades al Ejecutivo para afrontar las crisis sanitarias.
Bukele reaccionó en contra de la Sala y acusó a los magistrados de violar la Constitución, ya que según él, el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, lo faculta para declarar la emergencia nacional.
Para mantener la Emergencia, Bukele derogó el DE 18 y anunció uno nuevo (el DE número 19) que fue publicado ayer y contiene menos artículos que el anterior.
Por su parte, la Asamblea aprobó el lunes con 63 votos la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia por covid-19, pero Bukele anunció que la vetará «porque es inconstitucional».
#AlertaCOVID19SV || "El lunes, cuando la @SalaCnalSV decretó medidas cautelares, fuimos a la @AsambleaSV a solicitar el estado de emergencia, pero ellos no se quisieron reunir", dice el Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/bSmSZYom1U
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) May 21, 2020
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
