Política
Exdiputada del FMLN no acude a citatorio de la Comisión Especial que investiga a las ONG
Blanca Flor Bonilla, exalcaldesa de Ayutuxtepeque y quien fuera representante de la Asociación de Proyectos Comunales, aludió que la cita hecha por los diputados no era verídica. Además, se excusó de residir en México, pero de acuerdo a los registros migratorios no lleva mucho tiempo viviendo en ese país. La ONG que presidía recibió un total de $2, 547, 245 de fondos públicos.
La exdiputada por el FMLN (2000 2009), Blanca Flor Bonilla, no asistió a la cita hecha por los diputados de la Comisión Especial que investiga el destino de fondos autorizados por la Asamblea Legislativa a fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.
Pese a que diversos medios de prensa publicaron que se había convocado a Bonilla, al igual que lo hicieron los legisladores de esa mesa de trabajo en sus redes sociales, la también exalcaldesa de Ayutuxtepeque (2009-2012) aludió que la cita no era verídica ni formal. Esto lo plasmó en una nota dirigida al seno de la comisión con fecha de 3 de febrero de este año.
De acuerdo a la presidenta de la comisión, Alexia Rivas, fueron cuatro los citatorios los que se enviaron por parte del Órgano Legislativo a la misma cantidad de direcciones residenciales, pero todas resultaron ser falsas.
La exdiputada señaló que, de ser cierta la convocatoria, no podría asistir por residir fuera del país. Ante esta excusa, el diputado Caleb Navarro expresó que –según registros migratorios- ella vive en México y que fue hasta hace poco que se dirigió hacia ese lugar.
La exdiputada del FMLN ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) fue convocada por los diputados por haber sido la representante de la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), misma que tenía como fin contribuir con el desarrollo de la infraestructura comunal en diferentes municipios, principalmente en localidades urbano marginales.
La legisladora Rivas explicó que esa ONG recibió un total de $2, 547, 245, según lo que refleja la documentación adjudicada a la comisión.
Ese monto se distribuye de la siguiente manera: De Casa Presidencial (CAPRES) recibió $927,245, en un periodo que abarca entre el 2012 a 2016; del Ministerio de Hacienda obtuvo $750 mil, entre el 2015 y el 2016; en el año 2019 esa asociación obtuvo de Gobernación y del Ministerio de Educación $100,000; mientras que del Ministerio de Economía recibió en el 2021 la cantidad de $600 mil; finalmente, del Ministerio de Obras públicas percibió $70 mil en el 2016.
Una asociación allanada por la FGR
Bajo el plan dirigido en contra de la impunidad, el 22 de noviembre de 2021, un equipo de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), allanaron ocho diferentes lugares, como resultado del aviso interpuesto por la Comisión Especial dirigida por la legisladora Rivas.
Entre ese operativo, la fiscalía registró a PROCOMES, con el fin de esclarecer el cometimiento de delitos como Peculado, Negociaciones Ilícitas, Malversación de Fondos y Actos Arbitrarios.
Otra diputada del FMLN involucrada en PROCOMES
Mientras ejecutaba cuatro periodos como diputada –entre suplente (2009-2012) y propietaria (2012-2021)- la integrante del FMLN, Rosa alma Cruz Marinero,también formó parte de esa ONG como miembro constituyente.
Otros registros también fundamentan que Cruz Marinero tiene otra ONG que no está registrada en Gobernación y que a través de esta firmó un convenio con la alcaldía de Zacatecoluca, en La Paz.
“Nunca hicieron nada con ese convenio, pues no hay nada que respalde que ejecutaron obras después de eso”, puntualizó la diputada Rivas.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
