Política
El partido Nuevas Ideas demuestra su compromiso de atacar la corrupción
Nuevas Ideas está demostrando su compromiso de combatir la corrupción: desaforó a dos de sus diputados que buscaron traicionar la confianza de los votantes al intentar dividir la bancada cian a cambio de dádivas, y ahora se apresta a quitar la inmunidad a otro de sus legisladores, acusado de alterar documentos.
Los diputados José García y Gerardo Aguilar fueron separados de la bancada cian en 2021 y luego desaforados en 2022 tras ser acusados del delito de cohecho impropio, derivado de negociaciones con terceros que buscaban dividir a la fracción a cambio de prebendas.
García fue condenado por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador a tres años y seis meses de cárcel por el delito de cohecho impropio, y Aguilar fue exonerado de forma provisional en audiencia preliminar.
Nuevas Ideas denunció en redes sociales en octubre de 2021 que había una conspiración para dividir a la bancada, que hacía cinco meses —por decisión de los votantes— había tomado el control de las votaciones simple (43 votos) y calificada (56 votos) en el parlamento.
El diputado Érick García, que ganó una curul con la bandera cian pero que ya fue expulsado del partido, ahora enfrenta un proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa acusado del delito de falsedad ideológica, que llevó también al partido a expulsarlo de sus filas y a sacarlo del listado de sus candidatos a la reelección.
En contraste, durante las legislaturas entre 2006 y 2021 apenas desaforaron a cinco de sus diputados acusados por la Fiscalía de delitos diferentes, por lo que fueron enviados a sede judicial para enfrentar y defenderse de las acusaciones.
En dicho período (cinco legislaturas en 15 años), los diputados Roberto Silva Pereira, suplente del PCN; Wílver Rivera Monge, suplente del PCN; Rodrigo Samayoa, de GANA; Ana Vilma de Escobar y Arturo Magaña, ambos de ARENA, perdieron su inmunidad en procesos de antejuicios, a pesar de que hubo otros señalados, como Norman Quijano, pero los casos no prosperaron.
La actual legislatura, período 2021- 2024, ya lleva despojado del fuero a dos de sus diputados, y se apresta a realizar otro retiro de inmunidad a un legislador más en un caso en el que están también siendo indagados internamente por el partido cian otros congresistas.
El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, ha reiterado que el partido cian está comprometido con la transparencia, por lo que advirtió a quienes realicen actos que linden con la corrupción.
«Las reglas para pertenecer aquí son claras. Y si esto no le gusta a algún funcionario nuestro: ¡váyase!», reafirmó Zablah ante los últimos casos al interior del partido cian.
La comisión de antejuicio en contra del diputado García definió ayer su hoja de trabajo, que incluye la apertura y recepción de pruebas, la intervención de las partes (fiscal y defensora) y la elaboración del dictamen respectivo que será presentado al pleno legislativo.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
