Política
Diputados ratifican estado de emergencia nacional por 15 días a causa de las lluvias
Para salvaguardar la vida y la salud de la población, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron, con 59 votos, la declaratoria de estado de emergencia nacional, por el plazo de 15 días, debido a las condiciones climatológicas que ha afectado a todo el país y a sus pobladores en general.
Ante esto, se faculta a las diferentes instituciones de gobierno para ejecutar las medidas necesarias para paliar esta situación climática, para administrar los fondos y realizar los traslados de los mismos, con la finalidad de precaver y mitigar los efectos de la emergencia, de conformidad con la ley.
Durante las últimas 48 horas, las lluvias registradas en el territorio salvadoreño han provocado la muerte de tres personas, según indicaron las autoridades de la Dirección General de Protección Civil y de las instituciones de socorro. Además, han dado a conocer que ha habido heridos, inundaciones, derrumbes, accidentes de tránsito y otros percances en diferentes zonas del país.
“Ante la grave situación que enfrenta nuestro país, debido a las intensas lluvias que han azotado a nuestras comunidades, es nuestro deber como representante del pueblo salvadoreño actuar con prontitud y con responsabilidad para proteger y asistir a la gente”, comentó el parlamentario Caleb Navarro. “Debemos demostrar solidaridad a quienes están sufriendo por estas torrenciales lluvias”, agregó.
Con dicho decreto, se faculta a la Protección Civil que evacúe obligatoriamente a la población en peligro y que haga uso de los mecanismos coercitivos necesarios, con el fin de proteger el derecho a la vida.
La población calificada como “en riesgo” deberá atender obligatoriamente la orden de evacuación de la autoridad competente.
“Nos encontramos ante una situación crítica, que demanda una acción pronta y efectiva. Esta medida está fundamentada en el artículo 24 inciso 1° de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, por eso es que vamos a actuar con acciones contundentes”, aseguró la diputada Helen Jovel, quien dio a conocer que ya se cuenta con albergues equipados para prestar apoyo a las familias afectadas.
Asimismo, Protección Civil está facultado para gestionar con entidades públicas y privadas el uso de infraestructura e inmuebles que sirvan como centros de acopio y albergues temporales.
Además, se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) gestionar tareas de remoción de escombros y rehabilitación de infraestructuras dañadas a consecuencia del fenómeno natural, con empresas privadas, según el caso.
Las medidas inmediatas para la atención de la emergencia
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria extraordinaria número dos, se establecen como medidas inmediatas para la atención de la emergencia el resguardo y protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en general y de los afectados por la tormenta en particular.
Además, como indica el artículo dos de la iniciativa aprobada, también se contempla la generación de condiciones adecuadas de albergue y resguardo para la población evacuada de manera preventiva y para los directamente afectados por pérdida o inhabilitación de su vivienda.
Otra de las medidas es la generación de condiciones que permitan la reestructuración de caminos, carreteras, puentes; así como de las viviendas y otras infraestructuras afectadas por este fenómeno natural.
Una cuarta disposición es la prevención de impactos negativos en la producción nacional, particularmente en el área de la agricultura, la agroindustria y la ganadería.
Finalmente, otras acciones que coadyuven a la mitigación de los impactos generados en la población, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas, en la medida de las necesidades específicas.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
