Política
Diputados ratifican estado de emergencia nacional por 15 días a causa de las lluvias
Para salvaguardar la vida y la salud de la población, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron, con 59 votos, la declaratoria de estado de emergencia nacional, por el plazo de 15 días, debido a las condiciones climatológicas que ha afectado a todo el país y a sus pobladores en general.
Ante esto, se faculta a las diferentes instituciones de gobierno para ejecutar las medidas necesarias para paliar esta situación climática, para administrar los fondos y realizar los traslados de los mismos, con la finalidad de precaver y mitigar los efectos de la emergencia, de conformidad con la ley.
Durante las últimas 48 horas, las lluvias registradas en el territorio salvadoreño han provocado la muerte de tres personas, según indicaron las autoridades de la Dirección General de Protección Civil y de las instituciones de socorro. Además, han dado a conocer que ha habido heridos, inundaciones, derrumbes, accidentes de tránsito y otros percances en diferentes zonas del país.
“Ante la grave situación que enfrenta nuestro país, debido a las intensas lluvias que han azotado a nuestras comunidades, es nuestro deber como representante del pueblo salvadoreño actuar con prontitud y con responsabilidad para proteger y asistir a la gente”, comentó el parlamentario Caleb Navarro. “Debemos demostrar solidaridad a quienes están sufriendo por estas torrenciales lluvias”, agregó.
Con dicho decreto, se faculta a la Protección Civil que evacúe obligatoriamente a la población en peligro y que haga uso de los mecanismos coercitivos necesarios, con el fin de proteger el derecho a la vida.
La población calificada como “en riesgo” deberá atender obligatoriamente la orden de evacuación de la autoridad competente.
“Nos encontramos ante una situación crítica, que demanda una acción pronta y efectiva. Esta medida está fundamentada en el artículo 24 inciso 1° de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, por eso es que vamos a actuar con acciones contundentes”, aseguró la diputada Helen Jovel, quien dio a conocer que ya se cuenta con albergues equipados para prestar apoyo a las familias afectadas.
Asimismo, Protección Civil está facultado para gestionar con entidades públicas y privadas el uso de infraestructura e inmuebles que sirvan como centros de acopio y albergues temporales.
Además, se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) gestionar tareas de remoción de escombros y rehabilitación de infraestructuras dañadas a consecuencia del fenómeno natural, con empresas privadas, según el caso.
Las medidas inmediatas para la atención de la emergencia
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria extraordinaria número dos, se establecen como medidas inmediatas para la atención de la emergencia el resguardo y protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en general y de los afectados por la tormenta en particular.
Además, como indica el artículo dos de la iniciativa aprobada, también se contempla la generación de condiciones adecuadas de albergue y resguardo para la población evacuada de manera preventiva y para los directamente afectados por pérdida o inhabilitación de su vivienda.
Otra de las medidas es la generación de condiciones que permitan la reestructuración de caminos, carreteras, puentes; así como de las viviendas y otras infraestructuras afectadas por este fenómeno natural.
Una cuarta disposición es la prevención de impactos negativos en la producción nacional, particularmente en el área de la agricultura, la agroindustria y la ganadería.
Finalmente, otras acciones que coadyuven a la mitigación de los impactos generados en la población, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas, en la medida de las necesidades específicas.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
