Política
Diputado Velásquez Parker propone que diputados y candidatos se sometan a pruebas para detectar si se drogan
El diputado por el partido ARENA Ricardo Velásquez Parker propuso una modificación al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) para que sea obligatorio que los parlamentarios se sometan a un examen toxicológico.
Dicho examen es el que se utiliza para verificar si una persona consumió cualquier tipo de droga u otras sustancias relacionadas.
La propuesta surge a nueve meses de las elecciones legislativas de febrero de 2021 y con miras a la “variopinta constelación”, según Velásquez Parker, de aspirantes a diputados para el próximo año.
La intención es verificar que tanto los que quieren ser diputados como los que lo logren ser electos no consuman “drogas ilícitas o estupefacientes que disminuyan la capacidad intelectual cognitiva”.
Explicó que “la toma de decisiones en esta Asamblea es de tal envergadura y que un representante del pueblo entero tenga mermada su capacidad intelectual, que no tenga capacidad de la toma de decisiones sin el vicio de las drogas va en detrimento de los intereses del pueblo representado”.
Dijo que lo anterior es como parte del requisito de moralidad notoria que exige la Constitución de la República a los aspirantes a cargos de elección popular.
Señaló que algunos de los que quieren llegar a ser parlamentarios en el 2021 tienen falta de instrucción notoria y llaman a consumir drogas. “Por sus dichos, hábitos, tuits y manifestaciones esporádicas en redes notamos no solo falta de instrucción notoria, sino que hacen apología al consumo de drogas”.
Valoró que la propuesta es una oportunidad de los diputados para demostrar que tienen vocación de debatir con las facultades mentales íntegras. “No puede pretender venir a este pleno un sujeto que tenga el hábito y el consumo de drogas ilícitas, llámese cocaína, marihuana, éxtasis, crack y no sé que otros estupefacientes o alucinógenos (…) tengo claro que no se pueden tomar decisiones cuando tus facultades intelectuales han sido mermadas por el consumo de drogas”, insistió.
Planteó que la prueba se debería de realizar al menos una vez al año, pero que no se les comunique la fecha. La prueba, de acuerdo con la iniciativa, la realizaría el Instituto de Medicina Legal (IML) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para poder realizar la prueba toxicológica a los diputados debe reformarse el reglamento de la Asamblea; en cambio, para poder practicarse a los aspirantes a diputados se tendría que hacer vía reforma al Código Electoral.
El la campaña presidencial anterior se presentó una propuesta similar, pero para condicionar a los aspirantes presidenciales; sin embargo, la propuesta no avanzó.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
