Política
Destape y combate a la corrupción en El Salvador, Cero tolerancia en todos los sectores
Este lunes 2 de octubre, Walter Fagoaga, analista político; participó en nuestra entrevista El Salvador Today, donde conversó sobre el “Destape y combate a la corrupción en El Salvador, Cero tolerancia en todos los sectores”.
Durante la transmisión, Fagoaga analizó el caso de Juan Pablo Durán Escobar, expresidente del Banco Salvadoreño de Desarrollo (BANDESAL); acusado de delitos en la administración pública.
Recordemos que la captura se concretó la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional, según imágenes difundidas por el Ministerio Público.
El analista político, recordó durante la entrevista, que Durán fue separado de su cargo en marzo de 2022, y que es acusado de los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio (dar o recibir sobornos).
Además, mencionó que tras la separación de Durán del cargo, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió información por parte del Gobierno para iniciar una investigación que dio como resultado la detención del exfuncionario, quien en las próximas horas será remitido ante un juzgado competente para que enfrente la justicia.
Reacción del Presidente Bukele
“El Presidente de la república, Nayib Bukele, por su parte, sostuvo que la detención del exfuncionario es la continuación de la guerra contra la corrupción anunciada el pasado 1 de junio”, dijo Fagoaga.
“En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en BANDESAL, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades”, escribió el mandatario en su cuenta X, quien reiteró su compromiso de cero impunidad al tiempo que advirtió a los actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participaron de actos de corrupción.
“El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntase a esperar su turno”, sentenció el gobernante en la red social.
Contra corruptos
El Presidente Bukele lanzó el 1.º de junio pasado —en el marco del cuarto año de Gobierno— la guerra contra la corrupción, al iniciar un proceso de investigación y decomiso de bienes adquiridos ilícitamente por el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard (ARENA) quien se encuentra prófugo para escapar no solo de dar cuentas por los fondos estatales que usó en beneficio propio, sino también para evadir su responsabilidad en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en noviembre de 1989.
Producto de esa cruzada contra la corrupción, el Estado salvadoreño ha recuperado más de 85 millones de dólares, entre bienes, cuentas y empresas de Cristiani Burkard, apenas una fracción de lo que el prófugo se habría apropiado de los fondos públicos, ya que una buena parte fue sacada del país y pasada a nombres de terceros o se modificó su propiedad de tal manera que sea muy difícil la recuperación.
La lucha contra la corrupción ha decomisado, además de bienes al expresidente Cristiani Burkard, y detenido a funcionario públicos como Nercy Montano, alcaldesa de Soyapango y los diputados Erick García y Alberto Romero, este último del partido ARENA.
Transmisión:
Política
ARENA confirma participación electoral en medio de críticas por baja afluencia en internas
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.






