Política
Alcaldes buscan obtener $1,000 Mills., la mitad del préstamo que el Ejecutivo solicita para atender la emergencia nacional por COVID-19
$1,000 millones es la cifra que los alcaldes de la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) quieren como parte de los fondos que pide el Gobierno a la Asamblea Legislativa para atender la emergencia por la pandemia de coronavirus.
En un monto inicial, el gobierno planteó la necesidad a los diputados de $2,000 millones para atender todo lo relacionado a la emergencia.
De esa cifra dijo el alcalde de Mejicanos por el FMLN, Simón Paz, que ellos como ediles municipales necesitan la mitad.
“Nosotros le planteamos a los alcaldes, y como alcaldes hemos dicho a las diferentes fracciones que de aprobarse y estamos a favor de los $2,000 millones, pero que de ese dinero venga un porcentaje para los gobiernos municipales porque somos los que sufrimos los embates de cualquier situación por eso es que como Comures hemos pedido a la Asamblea el 50%”, dijo Paz a la radio YSKL.
El gobierno y algunos diputados disidentes de ARENA han advertido de “pactos oscuros” o incluso de “soborno” (palabras de la diputada Felissa Cristales) para señalar que hay un nuevo acuerdo entre areneros y efemelenistas
De acuerdo con fuentes legislativas ya existía un acuerdo para aprobar la autorización y que el ministerio de Hacienda busque esos recursos, pero de último minuto los partidos incluyeron nuevas disposiciones que obligaron a GANA y a representantes del Ejecutivo a levantarse de la mesa.
En el acuerdo, los partidos habrían incluido a gremiales empresariales y tanques de pensamiento para el manejo del dinero.
Según el diputado de GANA, Numan Salgado, una parte de los fondos van para las alcaldías y el resto sería “manejado por un comité liderado por la ANEP y FUSADES”, indicó vía Twitter.
“Hemos visto a una empresa privada ayudando a los salvadoreños, están pagando salarios de personas que están en sus casas, creo que hay que involucrar a todo mundo y aquí estamos involucrando funcionarios, los más cercanos son los alcaldes, la academia, la empresa privada y a todo mundo para que ayude”, dijo el jefe de fracción de ARENA.
Según ha trascendido en la propuesta de comité estarían otros como la Cámara de Comercio, la Escuela Superior de Economía (ESEN) y la UCA.
El impase mantiene pendiente la búsqueda de recursos antes de que la situación del coronavirus a nivel mundial empeore.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele al enterarse que se posponía la plenaria por falta de acuerdo, tuiteó: “Cada segundo qué pasa hay menos liquidez en el mercado internacional, menos inversionistas dispuestos a comprar bonos de países en desarrollo y menos insumos y equipo médico disponible, aún pagándolo. Señores diputados, entiendan: ESTA NO ES UNA EMERGENCIA LOCAL, SI NO MUNDIAL.”
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
