Política
Alcalde de Ayutuxtepeque: Alejandro Nochez, de ARENA, busca candidatura por San Salvador centro, pese al desastre financiero de su actual administración
Actualmente Ayutuxtepeque, gobernada por ARENA, tiene una deuda de más de US $300 mil dólares con la empresa que presta el servicio de disposición final, por lo que en los próximos días será denunciado por el delito de malversación de fondos.
Después de conocerse este día que el actual alcalde de Ayutuxtepeque, Alejandro Nóchez, electo bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pretende lanzar su candidatura para ser jefe edilicio de San Salvador Centro, siempre bajo la bandera del citado partido de ultraderecha, el apoderado legal de la empresa PRO NOBIS, S.A., se pronunció en el sentido de manifestar que es “impensable que el actual Alcalde Nóchez esté pensando postularse para ser el próximo alcalde de la región de San Salvador Centro, cuando fue incapaz durante dos periodos de resolver las necesidades de un municipio tan pequeño como el de Ayutuxtepeque, al que deja altamente endeudado y emproblemado con la recolección y disposición final de la basura.”
De acuerdo con el abogado, en la actualidad la municipalidad de Ayutuxtepeque adeuda una cantidad superior a los US $300 mil dólares a la empresa que presta el servicio de disposición final de la basura, a pesar que los contribuyentes pagan todos los meses las tasas por el servicio de transporte y disposición final de la basura; sin embargo el Alcalde Nochez, arbitrariamente decide no pagar por el servicio que se le brinda, es tan evidente su mala administración que el último abono a la deuda lo realizó el 21 de junio de 2022 por la suma de US $6,217.63, desde entonces no paga nada. ¿Y entonces, qué ha hecho con el dinero ingresado de las tasas por servicidio de disposición final? Se pregunta el abogado de PRO NOBIS, y al mismo tiempo responde, es claro que las ha utilizado para fines distintos al que legalmente está previsto lo cual constituye el delito de Malversación, por lo que en los próximos días procederemos a denunciarlo penalmente afirma.
El abogado señala que para la empresa es insostenible la deuda por lo que no tuvieron más opción que reclamar el total de la deuda más sus intereses por medio de ARBITRAJE, por lo que al cierre de su administración municipal, producto de su incumplimiento de deberes el Alcalde Alejandro Nóchez dejará una deuda superior a los US $350 mil dólares. ¿Cómo este funcionario del partido ARENA pretende con tan pésima administración dirigir el funcionamiento y los destinos del municipio de San Salvador Centro? Lo que debe hacer es corregir la mala administración, prestar eficientemente los servicios a los que está obligado el municipio, honrar sus deudas y cerrar decentemente su periodo edilicio, porque de lo contrario es seguro que va a tener que responder ante la justicia por actos de corrupción debido a esa malversación de fondos. Cerró diciendo.
Nota retomada: La Noticia SV
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
