Judicial
Juzgado impone 30 años de cárcel a feminicida
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres emitió un fallo de carácter condenatorio contra el imputado Juan Antonio Arévalo, quien fue condenado a la pena principal de prisión de 30 años, y como responsabilidad civil, se le condenó a la cantidad de $2,500 dólares, por el delito de feminicidio agravado.
El delito está previsto y sancionado en los Arts. 45 literales a y c, relacionados con el Articulo 46 literal a, ambos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en perjuicio de una mujer adulta, cuya identidad se omite en virtud de la reserva contenida en el artículo 57 literal e, de la misma normativa.
Según el Tribunal Especializado, los hechos sucedieron a la noche del 28 de junio de 2017, en casa de habitación de la víctima, ubicada en la Residencial Altavista, jurisdicción de Tonacatepeque, en San Salvador.
Según la FGR, el imputado Juan Antonio Arévalo, quien formaba parte de la Corporación Policial, disparo su arma de equipo en contra de la víctima, ocasionándole heridas graves.
La víctima fue trasladada al Hospital Nacional de San Bartolo, he ingresándola con diagnostico reservado, pero debido a la gravedad de las lesiones de bala, falleció 2 semanas después en el Hospital General del Seguro Social. Las pruebas aportadas por el Ministerio Publico fueron suficientes y contundentes para establecer la autoría del imputado y emitir una pena de 30 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
