Judicial
Vendedora de pupusas amenaza de muerte a otra por poner su puesto en la misma acera; “mi hermana se deshace de los estorbos”, le dijo
En un inicio, la demandada intentó ahuyentar a los clientes de su competidora diciéndoles que las ratas «se bañaban en el chocolate». Las dos mujeres venden afuera del hospital de Especialidades del ISSS.
Natividad Granados decidió convertirse en emprendedora para poder ganarse la vida, por lo que en 1993 instaló un negocio de una pupusas en una acera en las cercanías del Hospital de Especialidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La mujer se adueñó del espacio mientras su negocio iba creciendo, al grado que para 2009 requirió contratar más empleadas. Fue así como llegó a trabajar Santos Clímaco, quien para entonces tenía 28 años y que llegó con la tarea de «echar pupusas».
Según la dueña del negocio, Clímaco no era una mala empleada, pero era irrespetuosa e irresponsable y cuando se le antojaba dejaba de llegar al trabajo sin previo aviso. Eso ocurrió en varias ocasiones, pero era perdonada por Granados por la confianza que le tenía.
En abril de 2016, Clímaco decidió dejar de ser empleada para independizarse. Así, montó su propia pupusería en el lugar menos esperado, al lado del que fue su puesto de trabajo.
En el proceso que se desarrolló en los tribunales de San Salvador se ventiló que para ganar clientes, la mujer decía que su negocio era lo mismo que el de Granados. Esa «publicidad engañosa» provocó que Granados se enojara y le reclamara en varias ocasiones.
«Las ratas se bañan en el chocolate»
El pleito por los clientes se fue haciendo mayor, al punto que Clímaco les decía a los clientes que no comieran en el puesto de su exjefa, porque “las ratas se bañan en el chocolate que hacen ahí”.
A medida fue subiendo el tono de los reclamos, la paciencia también llegó al límite.
Un día, Granados volvió a reclamar para que su competidora no siguiera usando esas estrategias, pero la respuesta que recibió fue por demás amenazante.
“A mi hermana te voy a traer, porque ella rápido se deshace de los estorbos”, le dijo Clímaco mientras chasqueaba los dedos. La advertencia fue interpretada como una amenaza a muerte.
Un proceso judicial por amenazas
Por temor, Granados interpuso una denuncia en contra de su exempleada ante la Fiscalía General de la República (FGR) que comenzó el proceso y lo llevó hasta su etapa final.
El pleito entre las microempresarias de pupusas se tipificó como amenazas y se ventiló en el Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador.
Debido a la tipificación del delito y basado en el Código Penal del país, el juez recurrió a conformar un tribunal compuesto por seis ciudadanos que conocieron las posturas de los abogados defensores y de la Fiscalía, además de las pruebas testimoniales y periciales del caso.
Luego del protocolo legal que el proceso implica, tomaron la decisión de liberar de cualquier culpa a Santos Clímaco, por considerar que su amenaza no puso en riesgo la vida de su exjefa.
ESCRITA POR CARMINA CASTRO, EL SALVADOR TIMES. NOTA ORIGINAL AQUÍ
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
