Judicial
Vendedora de pupusas amenaza de muerte a otra por poner su puesto en la misma acera; “mi hermana se deshace de los estorbos”, le dijo
En un inicio, la demandada intentó ahuyentar a los clientes de su competidora diciéndoles que las ratas «se bañaban en el chocolate». Las dos mujeres venden afuera del hospital de Especialidades del ISSS.
Natividad Granados decidió convertirse en emprendedora para poder ganarse la vida, por lo que en 1993 instaló un negocio de una pupusas en una acera en las cercanías del Hospital de Especialidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La mujer se adueñó del espacio mientras su negocio iba creciendo, al grado que para 2009 requirió contratar más empleadas. Fue así como llegó a trabajar Santos Clímaco, quien para entonces tenía 28 años y que llegó con la tarea de «echar pupusas».
Según la dueña del negocio, Clímaco no era una mala empleada, pero era irrespetuosa e irresponsable y cuando se le antojaba dejaba de llegar al trabajo sin previo aviso. Eso ocurrió en varias ocasiones, pero era perdonada por Granados por la confianza que le tenía.
En abril de 2016, Clímaco decidió dejar de ser empleada para independizarse. Así, montó su propia pupusería en el lugar menos esperado, al lado del que fue su puesto de trabajo.
En el proceso que se desarrolló en los tribunales de San Salvador se ventiló que para ganar clientes, la mujer decía que su negocio era lo mismo que el de Granados. Esa «publicidad engañosa» provocó que Granados se enojara y le reclamara en varias ocasiones.
«Las ratas se bañan en el chocolate»
El pleito por los clientes se fue haciendo mayor, al punto que Clímaco les decía a los clientes que no comieran en el puesto de su exjefa, porque “las ratas se bañan en el chocolate que hacen ahí”.
A medida fue subiendo el tono de los reclamos, la paciencia también llegó al límite.
Un día, Granados volvió a reclamar para que su competidora no siguiera usando esas estrategias, pero la respuesta que recibió fue por demás amenazante.
“A mi hermana te voy a traer, porque ella rápido se deshace de los estorbos”, le dijo Clímaco mientras chasqueaba los dedos. La advertencia fue interpretada como una amenaza a muerte.
Un proceso judicial por amenazas
Por temor, Granados interpuso una denuncia en contra de su exempleada ante la Fiscalía General de la República (FGR) que comenzó el proceso y lo llevó hasta su etapa final.
El pleito entre las microempresarias de pupusas se tipificó como amenazas y se ventiló en el Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador.
Debido a la tipificación del delito y basado en el Código Penal del país, el juez recurrió a conformar un tribunal compuesto por seis ciudadanos que conocieron las posturas de los abogados defensores y de la Fiscalía, además de las pruebas testimoniales y periciales del caso.
Luego del protocolo legal que el proceso implica, tomaron la decisión de liberar de cualquier culpa a Santos Clímaco, por considerar que su amenaza no puso en riesgo la vida de su exjefa.
ESCRITA POR CARMINA CASTRO, EL SALVADOR TIMES. NOTA ORIGINAL AQUÍ
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
