Judicial
Vendedora de pupusas amenaza de muerte a otra por poner su puesto en la misma acera; “mi hermana se deshace de los estorbos”, le dijo
En un inicio, la demandada intentó ahuyentar a los clientes de su competidora diciéndoles que las ratas «se bañaban en el chocolate». Las dos mujeres venden afuera del hospital de Especialidades del ISSS.
Natividad Granados decidió convertirse en emprendedora para poder ganarse la vida, por lo que en 1993 instaló un negocio de una pupusas en una acera en las cercanías del Hospital de Especialidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La mujer se adueñó del espacio mientras su negocio iba creciendo, al grado que para 2009 requirió contratar más empleadas. Fue así como llegó a trabajar Santos Clímaco, quien para entonces tenía 28 años y que llegó con la tarea de «echar pupusas».
Según la dueña del negocio, Clímaco no era una mala empleada, pero era irrespetuosa e irresponsable y cuando se le antojaba dejaba de llegar al trabajo sin previo aviso. Eso ocurrió en varias ocasiones, pero era perdonada por Granados por la confianza que le tenía.
En abril de 2016, Clímaco decidió dejar de ser empleada para independizarse. Así, montó su propia pupusería en el lugar menos esperado, al lado del que fue su puesto de trabajo.
En el proceso que se desarrolló en los tribunales de San Salvador se ventiló que para ganar clientes, la mujer decía que su negocio era lo mismo que el de Granados. Esa «publicidad engañosa» provocó que Granados se enojara y le reclamara en varias ocasiones.
«Las ratas se bañan en el chocolate»
El pleito por los clientes se fue haciendo mayor, al punto que Clímaco les decía a los clientes que no comieran en el puesto de su exjefa, porque “las ratas se bañan en el chocolate que hacen ahí”.
A medida fue subiendo el tono de los reclamos, la paciencia también llegó al límite.
Un día, Granados volvió a reclamar para que su competidora no siguiera usando esas estrategias, pero la respuesta que recibió fue por demás amenazante.
“A mi hermana te voy a traer, porque ella rápido se deshace de los estorbos”, le dijo Clímaco mientras chasqueaba los dedos. La advertencia fue interpretada como una amenaza a muerte.
Un proceso judicial por amenazas
Por temor, Granados interpuso una denuncia en contra de su exempleada ante la Fiscalía General de la República (FGR) que comenzó el proceso y lo llevó hasta su etapa final.
El pleito entre las microempresarias de pupusas se tipificó como amenazas y se ventiló en el Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador.
Debido a la tipificación del delito y basado en el Código Penal del país, el juez recurrió a conformar un tribunal compuesto por seis ciudadanos que conocieron las posturas de los abogados defensores y de la Fiscalía, además de las pruebas testimoniales y periciales del caso.
Luego del protocolo legal que el proceso implica, tomaron la decisión de liberar de cualquier culpa a Santos Clímaco, por considerar que su amenaza no puso en riesgo la vida de su exjefa.
ESCRITA POR CARMINA CASTRO, EL SALVADOR TIMES. NOTA ORIGINAL AQUÍ
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
