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Travesti sedujo a un cliente y ¨el trato¨ terminó en asalto
El Juzgado 1° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Kevin Steven Amaya Sánchez, de 19 años de edad, acusado de robo agravado en perjuicio de Edwin G.
Según la acusación fiscal, el 13 de enero una víctima informó al Sistema de Emergencia 911 que entre la 5ª y 7ª Avenida Norte, un homosexual le había robado sus pertenencias de valor.
Ante la denuncia, agentes policiales rastrearon la zona junto a la víctima, cuando observaron salir corriendo de un vehículo gris a un homsexual, por lo que los policías los retuvieron y víctima recuperó sus pertenencias.
Pero el conductor del vehículo gris se bajó y acusó al ahora indiciado de haberle robado el celular y 40 dólares.
Además informó que su vehículo había presentado problemas mecánicos y cuando intentaba encenderlo se le acercaron dos homosexuales a ofrecer sus servicios, pero ante su negativa estos se molestaron.
Kevin Amaya fue detenido a las 0:45 de la madrugada del 13 de enero pasado en la 13 Calle Oriente, entre Avenida España y Monseñor Romero, en ésta capital.
Además se le incautó un celular, un desarmador y una navaja.
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Nacionales
VMT solicitará nueva prórroga para renovación de placas y moderniza transporte público con cámaras y GPS
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, anunció en entrevista para Diálogo 21 que el Gobierno solicitará una nueva ampliación del plazo para la renovación de placas de vehículos, motocicletas, autobuses y camiones, cuyo vencimiento estaba previsto para agosto de 2025.
Reyes explicó que, aunque la renovación es necesaria, se debe considerar la situación económica de las familias salvadoreñas, por lo que se buscará extender la vigencia de las placas actuales. Además, destacó la necesidad de implementar un sistema hexadecimal para generar más combinaciones ante el crecimiento del parque vehicular.
La última renovación de placas se realizó en 2011, con varias prórrogas posteriores que han extendido su vigencia hasta agosto de 2025.
Por otro lado, el viceministro informó que ya se encuentra en licitación la instalación de cámaras de videovigilancia y sistemas GPS para las unidades del transporte colectivo en el área metropolitana de San Salvador. Este proyecto, financiado con fondos del plan de control territorial, busca mejorar la fiscalización, la seguridad y la calidad del servicio.
Reyes indicó que siete empresas han presentado ofertas y que las evaluaciones están en proceso. El sistema permitirá monitorear en tiempo real la cantidad de pasajeros, las rutas y frecuencias, lo que facilitará optimizar el servicio y reducir delitos dentro de las unidades.
El funcionario resaltó que estas medidas fortalecerán la seguridad pública y ayudarán a mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público.
