Judicial
TRATO COMPLICADO: Primas se van a los tribunales luego de que una de ellas le prestara $1,500
La pareja de primas tuvieron una relación solidaria, pero el dinero y las propiedades hicieron que las cosas terminaran en un centro judicial.
Primas se van a los tribunales luego de que una de ellas le prestara $1,500
Por $1,500, una casa embargada y un automóvil sin entregar, un par de primas llegaron a instancias judiciales luego de que una de ellas le prometiera el pago de una deuda. La ruptura familiar será definida en los próximos meses.
Fabiola L., de 50 años de edad, y Mercedes, de 67, son primas y antes darse sus encontrones legales mantenían una buena relación de amistad y de confianza que iba más allá de un simple lazo familiar. Por su edad, guardaban decenas de recuerdos, pero nunca imaginaron que todo esto se desmoronaría tras cerrar un trato.
La relación que había perdurado por años se comenzó a romper en marzo del 2018 cuando Fabiola salió del hospital tras haber sido ingresada por varios días. Como era de esperarse, ella le pidió a Mercedes que fuera a traerla para que la llevara a su casa en una colonia de San Salvador.
Felices de reencontrarse, ambas se subieron al vehículo y comenzaron a ponerse al día.
Mercedes aprovechó la euforia del momento y le soltó la necesidad de dinero para pagar unas cuentas por lo que le pidió un préstamo de $1,500. Su prima comprometida por el favor de ir por ella, le dijo que no tenía dinero pero que le solicitaría a un pariente en Estados Unidos que le enviara el efectivo.
Fue hasta el 19 de marzo cuando ella le entregó el dinero a su prima y como muestra de confianza, y una promesa de pago, esta le explicó que le entregaría una Nissan Pathfinder de 1995 que iría acompañado de una casa legalmente establecida a su nombre.
El trato se terminó de consumar el 26 de marzo cuando ambas primas fueron a Sertracen para realizar el traspaso de la camioneta. Pero le aclaró que el vehículo, a pesar de que estaba a su nombre, no la podría ocupar “porque eso solamente lo hacía como garantía que le pagaría el dinero prestado”.
Hasta ese momento todo marchaba bien y Fabiola, como confiaba en ella, se entregó ciegamente a las cláusulas del trato.
Irregularidades en el inmueble
El 1 de abril se volvieron a reunir. Esta vez para ir al apartamento y entregarle los documentos que la hacían acreedora del inmueble.
Ella se sentía feliz por tener un vehículo y ahora una casa, pero el semblante le cambió cuando una de las personas que le acompañaba observó detalles extraños dentro de los papeles de la vivienda por lo que fue a un especialista, quien le afirmó que la propiedad tenía una orden de embargo por el Juzgado Sexto de lo Mercantil de San Salvador. Este mismo le recomendó que no se fuera a vivir al lugar.
Ahora todo le parecía extraño y lo único que necesitaba era la respuesta de su prima. Fabiola molesta le señaló que lo único que necesitaba era que le devolviera el dinero, pero ya era demasiado tarde porque esta ya se había gastado $500 en el pago de cuentas.
A los pocos días, el abogado de Mercedes se comunicó con ella para decirle que le iba a dar el vehículo. Sin embargo, hasta la fecha no se lo había entregado.
Ante la negativa de su familiar, la mujer decidió interponer una denuncia la cual llegó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde el juez deliberará un posible arreglo o una condena por el delito de apropiación indebida de vehículos.
Además, según el expediente judicial, Fabiola solicitó a su pariente $2,000 en compensación de responsabilidad civil por una serie de reparaciones que le había hecho a la casa, así como la entrega del carro más el dinero que le prestó.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
