Sucesos
“Las autoridades no han sido capaces de encontrar a mi hija”, Padre de paracaidista desaparecida hace 88 días
Por Ernesto Pérez – El Salvador Time/ Ya son 88 días de dolor, sufrimiento y preocupación que ha pasado la familia de la joven paracaidísta Katherin Fernanda Sáenz Meléndez, de 23 años, luego de que ella desapareciera junto a dos de sus amigos el 21 de noviembre del año pasado.
Don Nelson Sáenz, padre de Katherine explicó que aún no tiene rastro de su hija y que las autoridades policiales no le han dado ninguna respuesta, es más detalla que las últimas palabras que le dijeron unos investigadores policiales fue que «estaban trabajando en el caso» .
También cuenta que le proporcionaron el nombre del fiscal del caso, pero este nunca se ha comunicado con él, por lo que denuncia que ni Fiscalía le ha llamado para notificarle sobre el paradero de su hija.
A las autoridades fiscales y policiales les criticó su falta de empeño para solucionar la situación, y es que don Nelson solo ha escuchado excusas y no soluciones a su caso.
«En éstos países de tercer mundo, las autoridades no tienen capacidad para trabajar, solo les interesa la política y la corrupción», dijo tajantemente.
Y es que ocho días en que su hija desapareció misteriosamente, la Policía detuvo a un sospechoso por la desaparición de los tres jóvenes, incluso dice que al sujeto -quien presuntamente es miembro de pandillas- se le encontró el NIT de uno de los amigos de Katherin.
También le encontraron una cosmetiquera, que se presume era de Katherin. Don Nelson se enteró de estos hallazgos e incluso pidió a las autoridades que le mostraran la cosmetiquera para identificar si era de su hija o no. Sin embargo, le dijeron que no se podía, ya que estaba como prueba del caso.
Solo confían en Dios
Don Nelson se encuentra desesperado, para un padre que ha perdido a su hija desde hace 88 días sin saber una tan sola noticia es terrible. Sin embargo, se aferra a su fe para que Dios les dé fuerzas en estos momentos tan difíciles que atraviesan como familia.
«Hay que abocarse a Dios y tener confianza en él, porque es él único que puede dar fortaleza en estos momentos», sostuvo.
La voz de don Nelson se quiebra mientras habla de la profunda frustración que siente. «Mi familia estamos allí con un dolor profundo que no se lo deseo a nadie. Se siente un hijo y es muy duro. Sabor amargo el que tenemos y un dolor muy profundo, mi hija era la primogénita que teníamos», lamentó.
Lo peor de todo es saber que hay personas que siguen desapareciendo en la misma zona, donde su hija fue vista por última vez junto a dos amigos.
Recuerda que a los pocos días de la desaparición de su hija, el sobrino de su esposa, un pastor evangélico y dos vendedores de pescado también desaparecieron en el mismo sector de Lourdes, municipio de Colón, La Libertad.
De momento don Nelson junto a su familia se aferran a la voluntad de Dios, y guarda en su corazón una leve esperanza de que su hija pueda aparecer, a pesar de que la Policía y Fiscalía no le han comunicado nada. Incluso saber si está muerta para darle santa sepultura.
Katherin Sáenz desapareció en la autopista Los Chorros, junto a Néstor Alexis Torres y Nelson López en un vehículo marca Honda Fit color negro cuando regresaban en horas de la noche luego de haber salido a buscar trabajo.
La joven era alumna de la Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes (FESAPADE).
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
