Sucesos
“Las autoridades no han sido capaces de encontrar a mi hija”, Padre de paracaidista desaparecida hace 88 días
Por Ernesto Pérez – El Salvador Time/ Ya son 88 días de dolor, sufrimiento y preocupación que ha pasado la familia de la joven paracaidísta Katherin Fernanda Sáenz Meléndez, de 23 años, luego de que ella desapareciera junto a dos de sus amigos el 21 de noviembre del año pasado.
Don Nelson Sáenz, padre de Katherine explicó que aún no tiene rastro de su hija y que las autoridades policiales no le han dado ninguna respuesta, es más detalla que las últimas palabras que le dijeron unos investigadores policiales fue que «estaban trabajando en el caso» .
También cuenta que le proporcionaron el nombre del fiscal del caso, pero este nunca se ha comunicado con él, por lo que denuncia que ni Fiscalía le ha llamado para notificarle sobre el paradero de su hija.
A las autoridades fiscales y policiales les criticó su falta de empeño para solucionar la situación, y es que don Nelson solo ha escuchado excusas y no soluciones a su caso.
«En éstos países de tercer mundo, las autoridades no tienen capacidad para trabajar, solo les interesa la política y la corrupción», dijo tajantemente.
Y es que ocho días en que su hija desapareció misteriosamente, la Policía detuvo a un sospechoso por la desaparición de los tres jóvenes, incluso dice que al sujeto -quien presuntamente es miembro de pandillas- se le encontró el NIT de uno de los amigos de Katherin.
También le encontraron una cosmetiquera, que se presume era de Katherin. Don Nelson se enteró de estos hallazgos e incluso pidió a las autoridades que le mostraran la cosmetiquera para identificar si era de su hija o no. Sin embargo, le dijeron que no se podía, ya que estaba como prueba del caso.
Solo confían en Dios
Don Nelson se encuentra desesperado, para un padre que ha perdido a su hija desde hace 88 días sin saber una tan sola noticia es terrible. Sin embargo, se aferra a su fe para que Dios les dé fuerzas en estos momentos tan difíciles que atraviesan como familia.
«Hay que abocarse a Dios y tener confianza en él, porque es él único que puede dar fortaleza en estos momentos», sostuvo.
La voz de don Nelson se quiebra mientras habla de la profunda frustración que siente. «Mi familia estamos allí con un dolor profundo que no se lo deseo a nadie. Se siente un hijo y es muy duro. Sabor amargo el que tenemos y un dolor muy profundo, mi hija era la primogénita que teníamos», lamentó.
Lo peor de todo es saber que hay personas que siguen desapareciendo en la misma zona, donde su hija fue vista por última vez junto a dos amigos.
Recuerda que a los pocos días de la desaparición de su hija, el sobrino de su esposa, un pastor evangélico y dos vendedores de pescado también desaparecieron en el mismo sector de Lourdes, municipio de Colón, La Libertad.
De momento don Nelson junto a su familia se aferran a la voluntad de Dios, y guarda en su corazón una leve esperanza de que su hija pueda aparecer, a pesar de que la Policía y Fiscalía no le han comunicado nada. Incluso saber si está muerta para darle santa sepultura.
Katherin Sáenz desapareció en la autopista Los Chorros, junto a Néstor Alexis Torres y Nelson López en un vehículo marca Honda Fit color negro cuando regresaban en horas de la noche luego de haber salido a buscar trabajo.
La joven era alumna de la Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes (FESAPADE).
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
