El presidente Nayib Bukele compartió un breve video donde se observan cómo avanzan las obras en el viaducto Francisco Morazán, que conectará el área metropolitana de San Salvador con el occidente del país.

«Esta es solo UNA base de UNA de las columnas de la nueva carretera que conectará el área metropolitana de la capital con el occidente de nuestro país. Paso a paso, ladrillo a ladrillo, cuadra a cuadra», dijo el mandatario.

El viaducto, en la zona conocida como Los Chorros, será el paso elevado más largo y alto construido en el país. La moderna obra vial tendrá 1.6 kilómetros de longitud, y es construida sobre una quebrada que cruza en paralelo a un tramo de la carretera Panamericana y contribuirá a eliminar la vulnerabilidad y los riesgos al transitar por la zona.

La inversión que el Gobierno ejecuta es de $245.8 millones y también comprende la ampliación de un tramo de 14.7 kilómetros de la carretera Panamericana entre Las Delicias y el desvío hacia San Juan Opico, en la jurisdicción de La Libertad.

La procedencia de los fondos es la siguiente: $165.3 millones ya fueron aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $80.5 millones provienen de un préstamo de la República de Corea, a una tasa de interés del 0.2% y un plazo de 30 años con un periodo de gracia de 10 años.

El viaducto Francisco Morazán forma parte del plan integral vial que el Gobierno tiene en desarrollo en el área y que conecta con el periférico Claudia Lars (San Juan Opico – Sacacoyo).

Esto confirma la apuesta por una obra de ingeniería futurista, que resolverá el problema de pérdida de tiempo que actualmente tienen cerca de 60,000 conductores que todos los días pasan por el sector, además de mejorar la logística con el occidente del país.

Luis Armando Martínez Anaya, Kennia Vanessa Cruz Menjívar, Wilfredo Alexander Iraheta Arévalo, Mauricio Esaú Navarrete de la O y Ana Patricia Mártir Mendoza, junto con otros siete involucrados, fueron capturados y acusados por el delito de estafa en perjuicio de ocho víctimas.

La investigación indica que los acusados operaban a través de la plataforma de Whatsapp, enviando mensajes para persuadir a las víctimas de invertir en una plataforma digital que consistía en darle “me gusta” a videos de YouTube. Supuestamente, al realizar esta acción, las víctimas generarían automáticamente ganancias de $300, pero para acceder a esas ganancias debían invertir ciertas sumas de dinero.

Al creer que era cierto, cada una de las personas depositaron grandes sumas de dinero en diferentes cuentas de los acusados, con la esperanza de obtener las ganancias prometidas, las cuales nunca llegaron a recibir.

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador realizó la audiencia inicial y autorizó la conciliación previamente acordada entre los estafadores y siete de las víctimas, a quienes les deberán pagar un total de $42,000. Una octava víctima no se presentó, por lo que el proceso continuará a la fase de instrucción.

Cristina Arroyo Lima, de 41 años, fue capturada el 3 de septiembre, mediante orden administrativa, tras una denuncia interpuesta en su contra por dos víctimas a las que presuntamente estafó con más de $170,000.

En octubre y noviembre de 2021, una de las víctimas se unió a la acusada para invertir en un negocio de elaboración y comercialización de cajas eléctricas de registro de diferentes medidas, así como filtros de purificación de agua. Arroyo les hizo creer a las víctimas que proveía productos a la embajada de EE.UU.

Además, Cristina les aseguró que el negocio generaría grandes ganancias, de acuerdo a la cantidad de dinero que invirtieran. Convencidas de esta promesa, las víctimas decidieron participar. Con el paso del tiempo, no recibieron ninguna ganancia prometida. Cuando le preguntaron a Cristina por el incumplimiento, ella les dijo que había enfrentado una serie de dificultades. A pesar de esto, les emitió cheques que no tenían fondos a la hora de cobrarlos. Ante esta situación, las víctimas decidieron interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En la audiencia inicial, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador decretó la instrucción formal en el caso de una de las víctimas y la detención provisional en relación con la otra.