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Régimen de excepción ha permitido más de 85,500 capturas
La efectividad del régimen de excepción, medida de seguridad implementada por el gobierno del presidente, Nayib Bukele ha dado como resultado la captura de 85,515 pandilleros desde el 27 de marzo de 2022 a la fecha.
La población vive un ambiente de seguridad desde que entró en vigor el régimen de excepción pues las autoridades han logrado combatir la ola de violencia en El Salvador que era producto del accionar criminal de las maras, las cuales han sido desarticuladas.
Bajo el régimen de excepción a las pandillas se les ha incautado más de $4.9 millones en efectivo, proveniente de extorsiones y otros ilícitos; 4,683 armas de fuego de diferentes tipos, entre estas: pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, escopetas, carabinas, granadas y otras; así como 10,834 vehículos de diferente tipo: automóviles, motocicletas, microbuses, mototaxis y otros.
También, 22,087 celulares que contienen información importante del accionar de estas estructuras han sido decomisados por las fuerzas del orden.
Desde que en El Salvador mantiene disposiciones legales, las autoridades reforzaron acciones en busca de pandilleros, como patrullajes terrestres, marítimos y aéreos, además de controles vehiculares. De igual forma en ciertas zonas se mantiene presencia permanente de soldados y policías.
«El trabajo siempre es intenso, cada día es más difícil porque ya casi no se encuentran pandilleros en las calles. Cuando comenzamos el régimen de excepción era más fácil encontrarlos, pero a medida ha ido avanzando el régimen y con todas las capturas que se han ejecutado, ahora es más difícil», ha explicado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
Mientras que, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro ha dicho que con el régimen de excepción por primera vez en la historia las autoridades de Seguridad se pusieron un paso por delante de la criminalidad y se ha logrado frenar su accionar criminal a nivel nacional.
Estudios de opinión pública han demostrado que esta medida tiene un amplio apoyo de la población. Resultados de varias encuestas de opinión de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) demuestran un amplio apoyo (99 % en estudio realizado en junio 2024) de la población hacía el régimen de excepción en comparación del 50 %, 38 % y 59 % recibidos por parte de planes como El Salvador Seguro, la Tregua entre pandillas y el Plan Super Mano Dura, implementados por gobiernos anteriores cuando las maras se proliferaron y apropiaron de diversos territorios.
«No queremos ni visualizamos a este cáncer en El Salvador, por eso estamos luchando de manera frontal a las estructuras criminales. El régimen de excepción debe de continuar, este nos brinda las herramientas legales necesarias para desarrollar un trabajo responsable en contra de las pandillas», dice Villatoro.
Autoridades de Seguridad han reiterado que no descansarán hasta poner tras las rejas al último pandillero y los que han intentado escapar del país también serán perseguidos.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
