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Régimen de excepción ha permitido más de 85,500 capturas
La efectividad del régimen de excepción, medida de seguridad implementada por el gobierno del presidente, Nayib Bukele ha dado como resultado la captura de 85,515 pandilleros desde el 27 de marzo de 2022 a la fecha.
La población vive un ambiente de seguridad desde que entró en vigor el régimen de excepción pues las autoridades han logrado combatir la ola de violencia en El Salvador que era producto del accionar criminal de las maras, las cuales han sido desarticuladas.
Bajo el régimen de excepción a las pandillas se les ha incautado más de $4.9 millones en efectivo, proveniente de extorsiones y otros ilícitos; 4,683 armas de fuego de diferentes tipos, entre estas: pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, escopetas, carabinas, granadas y otras; así como 10,834 vehículos de diferente tipo: automóviles, motocicletas, microbuses, mototaxis y otros.
También, 22,087 celulares que contienen información importante del accionar de estas estructuras han sido decomisados por las fuerzas del orden.
Desde que en El Salvador mantiene disposiciones legales, las autoridades reforzaron acciones en busca de pandilleros, como patrullajes terrestres, marítimos y aéreos, además de controles vehiculares. De igual forma en ciertas zonas se mantiene presencia permanente de soldados y policías.
«El trabajo siempre es intenso, cada día es más difícil porque ya casi no se encuentran pandilleros en las calles. Cuando comenzamos el régimen de excepción era más fácil encontrarlos, pero a medida ha ido avanzando el régimen y con todas las capturas que se han ejecutado, ahora es más difícil», ha explicado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
Mientras que, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro ha dicho que con el régimen de excepción por primera vez en la historia las autoridades de Seguridad se pusieron un paso por delante de la criminalidad y se ha logrado frenar su accionar criminal a nivel nacional.
Estudios de opinión pública han demostrado que esta medida tiene un amplio apoyo de la población. Resultados de varias encuestas de opinión de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) demuestran un amplio apoyo (99 % en estudio realizado en junio 2024) de la población hacía el régimen de excepción en comparación del 50 %, 38 % y 59 % recibidos por parte de planes como El Salvador Seguro, la Tregua entre pandillas y el Plan Super Mano Dura, implementados por gobiernos anteriores cuando las maras se proliferaron y apropiaron de diversos territorios.
«No queremos ni visualizamos a este cáncer en El Salvador, por eso estamos luchando de manera frontal a las estructuras criminales. El régimen de excepción debe de continuar, este nos brinda las herramientas legales necesarias para desarrollar un trabajo responsable en contra de las pandillas», dice Villatoro.
Autoridades de Seguridad han reiterado que no descansarán hasta poner tras las rejas al último pandillero y los que han intentado escapar del país también serán perseguidos.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
