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Reformas a Ley de Personas con Discapacidad por parte del Gobierno buscan nuevo modelo de atención en salud
Los establecimientos de salud pública a escala nacional brindan servicios y atención de calidad gracias a la visión y trabajo del Gobierno para garantizar el bienestar de la población, una demanda a la que por primera vez se le ha brindado respuesta.
En esa línea, el Gobierno a través del Ministerio de Salud ha presentado, ante la Asamblea Legislativa, reformas a la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de implementar un nuevo modelo que transforme el enfoque rehabilitador en uno biopsicosocial de este grupo poblacional.
El viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, explicó las reformas a los diputados de la comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, para garantizar un buen trato y empatía hacia las personas con discapacidad en los establecimientos de salud.
“Estamos tratando de generar un cambio de paradigma hacia una salud más inclusiva. Es necesario considerar las necesidades de las personas con discapacidad y adaptarnos a sus condiciones. Hemos trabajado en la armonización de todos los marcos jurídicos para garantizar sus derechos”, aseguró el viceministro.
Desde el enfoque de la salud, las reformas buscan priorizar un abordaje integral que garantice los derechos para las personas con discapacidad: respeto a su dignidad e intimidad, igualdad y no discriminación, historial clínico confidencial, no ser sometidos a cualquier tipo de tratamiento sin su consentimiento y obtener información veraz, oportuna y completa.
Para la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), Ivette Blanco, El Salvador ha retomado las normas de inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad en emergencias y desastres, a través de un trabajo coordinado entre instituciones y organismos, por lo que las reformas planteadas son importantes.
“El objetivo de las reformas es lograr un marco legal robusto que permita la integración y la articulación de todos los sectores, incluyendo el Sistema Nacional de Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia”, aseveró la representante de UNICEF.
Garantizar salud inclusiva para la población con discapacidad generará un impacto social importante en el funcionamiento óptimo de las personas, educación con las mismas oportunidades y desempeño de roles importantes e independencia.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que este jueves se ha habilitado un carril en el sector de la Zona Rosa, donde actualmente se desarrollan trabajos de mitigación enfocados en disminuir afectaciones provocadas por lluvias intensas.
La intervención se realiza sobre el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la Zona Rosa, en San Salvador Centro, un punto que ha registrado problemas de acumulación de agua e inundaciones en temporada invernal.
«Este proyecto ya registra el 98 % de avance y prácticamente está terminado», detalló el funcionario, quien agregó que se espera que la obra culminé la próxima semana.
De acuerdo con el funcionario, la obra funcionará como un sistema de almacenamiento que permitirá regular el flujo de agua en la zona y disminuir el impacto de las lluvias.
«La obra consiste en una caja de detención con capacidad para 1,000 metros cúbicos de agua lluvia y una intervención de 182 metros de longitud», expresó Rodríguez.
«Estamos ejecutando una obra de drenaje con una inversión de $3 millones, para reducir inundaciones en un sector vulnerable», añadió.
El titular del MOP detalló que los trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación que impulsa el Gobierno en distintos puntos del país considerados vulnerables ante emergencias climáticas.
«Esta es una de las muchas obras que desarrollamos como parte del Plan Nacional de Mitigación 2026. Además, hemos intervenido cárcavas en sectores de Soyapango e Ilopango para reducir riesgos y proteger a las familias», dijo.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con la construcción del metrocable, un proyecto moderno de transporte urbano que beneficiará a cerca de 200,000 salvadoreños para trasladarse en la capital.
Esta alternativa moderna y eficiente de movilidad, utilizada en diferentes ciudades alrededor del mundo, busca modernizar el sistema de transporte público y reducir los tiempos de traslado de la población desde sus casas hasta sus lugares de estudio, trabajo y distintas actividades.
El metrocable iniciará su recorrido desde la colonia Zacamil, en Mejicanos, y conectará con el Centro Histórico de San Salvador, en un trayecto que tardará aproximadamente unos 15 minutos.
Este 7 de mayo, el MOP avanza en las obras de armazón de pilotajes y trabajos de terracería en una de las estaciones con las que contará el metrocable. En el lugar, gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT) se encuentran desplegados para dirigir el tráfico y reducir la congestión vehicular.
El metrocable contará con cuatro estaciones estratégicas, modernas y de primer nivel, que estarán ubicadas en la colonia Zacamil, el sector de la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y la calle Rubén Darío, fortaleciendo la conectividad en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
De acuerdo con la información, el metrocable estará disponible para la población a partir de las 3:00 de la madrugada y operará durante 18 horas al día.
En una audiencia especial de revisión de medidas, se conoció de forma extraoficial, que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, giró orden de captura para los guatemaltecos Juan Ignacio Berger Giménez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, así como la salvadoreña María Isabel Umaña Velásquez, procesados en un expediente por el delito de administración fraudulenta.
A los tres imputados que no se presentaron a la audiencia les modificaron las medidas, ya que en la audiencia inicial no les habían decretado detención provisional.
Otros acusados son: Jorge Leonel Gaitán Paredes, un empresario guatemalteco extraditado hacia El Salvador, el 30 de septiembre de 2025 y quien falleció por problemas de salud en el Hospital Nacional San Juan de Dios, Santa Ana, el 19 de enero de 2026.
Su hijo, Jorge Alberto Gaitán Castro, junto a otros procesados identificados como: Jeni Celina Torres Zepeda, Selvin Martín Torres Andrade, son señalados por la Fiscalía General de la República de pertenecer a una estructura que defraudaron a las empresas, Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.
Según la investigación fiscal, los imputados cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos relacionados con su trabajo, por un monto $1.2 millones entre 2016 y 2020.
En septiembre de 2024, fue juramentado un experto en informática para extraer información del proceso penal en contra de las siete personas acusadas de administración fraudulenta en perjuicio de las dos sociedades.
Al experto le encomendaron analizar una base de correos electrónicos enviados entre los procesados para verificar la autenticidad y acceder al sistema contable de las sociedades víctimas.
