Judicial
“POR SATURACIÓN LABORAL”: Estancado el caso de mujer que fue asfixiada con una almohada mientras dormía
La saturación laboral del Juzgado Especializado de Instrucción para una vida Libre de violencia para las Mujeres, de Santa Ana, es la razón por la que el caso de Katherine Cárcamo, una joven de 27 años que fue asesinada presuntamente por su esposo Bryan Alexis Arévalo Flores no se ha resuelto.
Periodistas de El Salvador Times consultaron sobre la situación del caso y les comunicaron que aún no se ha trasladado el documento al Tribunal de Sentencia que se encargaría de desarrollar la vista pública contra Arévalo Flores, quien lleva preso más de un año.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que acusa al hombre de feminicidio agravado, el pasado 22 de octubre de 2018 el juez decidió mandar a juicio al imputado. Sin embargo, seis meses después, no se ha determinado la fecha en la que se realizaría el mismo.
El día del crimen, la joven se encontraba durmiendo en su habitación, cuando Arévalo Flores la habría asfixiado con una almohada.
El caso tiene reserva total, pero se conoce que los hechos ocurrieron al mediodía del 22 de abril de 2018, en el interior de casa que Katherine compartía junto a su supuesto verdugo y la hija menor de edad de ella.
La residencia se encuentra en Ciudad Real, en San Sebastián Salitrillo, del departamento de Santa Ana. En ella hubo una discusión entre la pareja y, pese a que la niña se encontraba en una de las habitaciones de la casa, el hombre decidió terminar con la vida de la mujer.
La joven fue hallada muerta hasta dos días después del hecho en su vivienda. El cadáver estaba en una cama las autoridades determinaron que fue asfixiada.
El principal sospechoso fue su esposo, quien fue capturado la tarde del 30 de abril, cerca de la frontera San Cristóbal, en Santa Ana, cuando intentaba ingresar a Guatemala. Desde esa fecha, se encuentra bajo prisión, mientras el proceso en su contra continúa.
Inconformidad en la familia
Durante la audiencia preliminar se determinó que Arévalo Flores pasaría a la siguiente etapa del proceso en su contra: un juicio en un Tribunal de Sentencia, pero hasta el momento no se tiene una fecha.
En redes sociales se ha evidenciado el malestar que ha causado el atraso del proceso por parte de familiares de la víctima.
“Donde quiera que estés te digo que estamos luchando por hacer justicia, disculpa que el sistema judicial en este país es ineficiente, tu agresor aún no ha sido procesado y tememos que la Fiscalía termine sin presentar las pruebas necesarias para colocar una condena justa”, fueron las palabras hechas por Angélica, una prima de Katherine, quien a través de su cuenta de Facebook expresó su malestar.
El caso de esta víctima pasó a formar parte del listado de mujeres asesinadas en El Salvador. Desde que inició el 2018 hasta el mes en el que Katherine murió las autoridades tenían un registro de 143 sucesos de feminicidios.
Al finalizar el año pasado, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, señaló que entre enero y el 9 de diciembre se registraron 365 asesinatos de mujeres, pese a la cifra este indicó que los hechos de este tipo habrían disminuido.
Cotto señaló que hubo 81 acontecimientos menos que en 2017, pues de acuerdo a los registros en ese año hubo 446 crímenes registrados.
Nota tomada de El Salvador Times. Lea la nota original acá.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
