Judicial
“POR SATURACIÓN LABORAL”: Estancado el caso de mujer que fue asfixiada con una almohada mientras dormía
La saturación laboral del Juzgado Especializado de Instrucción para una vida Libre de violencia para las Mujeres, de Santa Ana, es la razón por la que el caso de Katherine Cárcamo, una joven de 27 años que fue asesinada presuntamente por su esposo Bryan Alexis Arévalo Flores no se ha resuelto.
Periodistas de El Salvador Times consultaron sobre la situación del caso y les comunicaron que aún no se ha trasladado el documento al Tribunal de Sentencia que se encargaría de desarrollar la vista pública contra Arévalo Flores, quien lleva preso más de un año.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que acusa al hombre de feminicidio agravado, el pasado 22 de octubre de 2018 el juez decidió mandar a juicio al imputado. Sin embargo, seis meses después, no se ha determinado la fecha en la que se realizaría el mismo.
El día del crimen, la joven se encontraba durmiendo en su habitación, cuando Arévalo Flores la habría asfixiado con una almohada.
El caso tiene reserva total, pero se conoce que los hechos ocurrieron al mediodía del 22 de abril de 2018, en el interior de casa que Katherine compartía junto a su supuesto verdugo y la hija menor de edad de ella.
La residencia se encuentra en Ciudad Real, en San Sebastián Salitrillo, del departamento de Santa Ana. En ella hubo una discusión entre la pareja y, pese a que la niña se encontraba en una de las habitaciones de la casa, el hombre decidió terminar con la vida de la mujer.
La joven fue hallada muerta hasta dos días después del hecho en su vivienda. El cadáver estaba en una cama las autoridades determinaron que fue asfixiada.
El principal sospechoso fue su esposo, quien fue capturado la tarde del 30 de abril, cerca de la frontera San Cristóbal, en Santa Ana, cuando intentaba ingresar a Guatemala. Desde esa fecha, se encuentra bajo prisión, mientras el proceso en su contra continúa.
Inconformidad en la familia
Durante la audiencia preliminar se determinó que Arévalo Flores pasaría a la siguiente etapa del proceso en su contra: un juicio en un Tribunal de Sentencia, pero hasta el momento no se tiene una fecha.
En redes sociales se ha evidenciado el malestar que ha causado el atraso del proceso por parte de familiares de la víctima.
“Donde quiera que estés te digo que estamos luchando por hacer justicia, disculpa que el sistema judicial en este país es ineficiente, tu agresor aún no ha sido procesado y tememos que la Fiscalía termine sin presentar las pruebas necesarias para colocar una condena justa”, fueron las palabras hechas por Angélica, una prima de Katherine, quien a través de su cuenta de Facebook expresó su malestar.
El caso de esta víctima pasó a formar parte del listado de mujeres asesinadas en El Salvador. Desde que inició el 2018 hasta el mes en el que Katherine murió las autoridades tenían un registro de 143 sucesos de feminicidios.
Al finalizar el año pasado, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, señaló que entre enero y el 9 de diciembre se registraron 365 asesinatos de mujeres, pese a la cifra este indicó que los hechos de este tipo habrían disminuido.
Cotto señaló que hubo 81 acontecimientos menos que en 2017, pues de acuerdo a los registros en ese año hubo 446 crímenes registrados.
Nota tomada de El Salvador Times. Lea la nota original acá.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
