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PNC proporcionó seguridad a petición de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, acudió este miércoles a la comisión especial de la Asamblea que indaga sobre los hechos militares ocurridos el 9 de febrero, en los que participó también la Policía Nacional Civil.
Arriaza Chicas aclaró que no se giró ninguna orden de quitarle la seguridad a funcionarios ni de realizar acciones de hostigamiento, como lo quiso hacer ver el diputado Rodolfo Parker, del PDC.
«Como director les digo, no tuve el conocimiento ni mucho menos di instrucciones para andar persiguiendo funcionarios. Hay procedimientos para instalar y quitar seguridad a los funcionarios”, explicó.
Además, detalló que lo que pasó el día 8 de febrero fue una supervisión de la División de Protección a Personalidades Importantes. “Que hubo malos entendidos, esa es otra cuestión que habría que verificarla», añadió ante las afirmaciones de los diputados.
Explicó que la institución no policial no se presta y no se prestará a realizar acciones de persecución de funcionarios y que el coronel César Reyes Dheming, exjefe de seguridad de la Asamblea, solicitó apoyo de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) en el interior del recinto legislativo por la aglomeración de personas.
El director de la PNC afirmó que la actuación de la institución fue basada en el marco de la legalidad, al reiterar la existencia de un convenio entre la PNC y la Asamblea, para proporcionar seguridad en las instalaciones de ese órgano.
Dicho convenio establece que uno de los principales objetivos es garantizar la seguridad de los funcionarios y del recinto legislativo. «Lo vuelvo a recalcar: la actuación de la PNC fue de carácter profesional y a requerimiento del jefe de seguridad de la Asamblea. Nuestra actuación está basada en eso», enfatizó.
De este modo, aclaró que la actuación de la PNC fue exclusivamente por la realización de un dispositivo de seguridad preventiva y de seguridad pública y que “las coyunturas se quieren ver de otra manera”.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
