Nacionales
PNC proporcionó seguridad a petición de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, acudió este miércoles a la comisión especial de la Asamblea que indaga sobre los hechos militares ocurridos el 9 de febrero, en los que participó también la Policía Nacional Civil.
Arriaza Chicas aclaró que no se giró ninguna orden de quitarle la seguridad a funcionarios ni de realizar acciones de hostigamiento, como lo quiso hacer ver el diputado Rodolfo Parker, del PDC.
«Como director les digo, no tuve el conocimiento ni mucho menos di instrucciones para andar persiguiendo funcionarios. Hay procedimientos para instalar y quitar seguridad a los funcionarios”, explicó.
Además, detalló que lo que pasó el día 8 de febrero fue una supervisión de la División de Protección a Personalidades Importantes. “Que hubo malos entendidos, esa es otra cuestión que habría que verificarla», añadió ante las afirmaciones de los diputados.
Explicó que la institución no policial no se presta y no se prestará a realizar acciones de persecución de funcionarios y que el coronel César Reyes Dheming, exjefe de seguridad de la Asamblea, solicitó apoyo de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) en el interior del recinto legislativo por la aglomeración de personas.
El director de la PNC afirmó que la actuación de la institución fue basada en el marco de la legalidad, al reiterar la existencia de un convenio entre la PNC y la Asamblea, para proporcionar seguridad en las instalaciones de ese órgano.
Dicho convenio establece que uno de los principales objetivos es garantizar la seguridad de los funcionarios y del recinto legislativo. «Lo vuelvo a recalcar: la actuación de la PNC fue de carácter profesional y a requerimiento del jefe de seguridad de la Asamblea. Nuestra actuación está basada en eso», enfatizó.
De este modo, aclaró que la actuación de la PNC fue exclusivamente por la realización de un dispositivo de seguridad preventiva y de seguridad pública y que “las coyunturas se quieren ver de otra manera”.
Nacionales
Cuestionan la labor productiva de reos mientras el país transforma su infraestructura educativa
Una reciente polémica se ha generado a raíz de las declaraciones de Ingrid Escobar, militante del FMLN y autonombrada defensora de derechos humanos, quien calificó como “inconstitucional” el uso de privados de libertad para trabajos comunitarios, particularmente en labores de reconstrucción y mejora de escuelas públicas.
Escobar señaló que los reos que participan en estos programas son “obligados” a trabajar, lo cual, según su interpretación, contraviene preceptos constitucionales relacionados con los derechos humanos. Sus declaraciones han generado diversas reacciones, tanto en apoyo como en crítica, dentro del debate público nacional.
Lo que algunos sectores señalan como una violación de derechos, otros lo ven como una oportunidad de rehabilitación social para los privados de libertad, especialmente en un país donde históricamente se ha carecido de una política eficaz de reinserción penitenciaria.
Actualmente, cientos de reos en El Salvador participan en jornadas laborales en las que fabrican al menos 2,000 piezas diarias que son utilizadas para la construcción y renovación de centros escolares. Esta iniciativa forma parte de un programa gubernamental enfocado en dar una segunda oportunidad a quienes cumplen condena y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de infraestructura educativa en todo el país.
Los productos elaborados por los reos incluyen escritorios, ventanas, puertas, y otras estructuras metálicas que permiten avanzar en la dignificación de espacios educativos que durante décadas fueron abandonados por las autoridades.
Cabe recordar que durante los gobiernos del FMLN y de ARENA, muchas escuelas públicas fueron construidas con materiales precarios, incluyendo láminas metálicas y pisos de tierra. Esto fue duramente criticado por docentes, padres de familia y comunidades enteras que vieron limitada la calidad del proceso educativo.
Según informes oficiales, miles de estudiantes salvadoreños cursaron su educación básica en aulas improvisadas, sin ventilación adecuada, sin acceso a servicios sanitarios dignos y, en algunos casos, expuestos a condiciones de insalubridad que afectaban directamente su rendimiento académico.
La situación actual contrasta con esa realidad. El Gobierno ha priorizado la mejora de la infraestructura escolar y ha involucrado a los reos como parte activa del proceso, bajo estricta supervisión, con el objetivo de contribuir a la transformación social desde el sistema penitenciario.
Los accidentes de tránsito en El Salvador han aumentado un 6 % en lo que va de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, según datos proporcionados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Hasta la fecha, se reportan 8,879 accidentes, lo que representa una tendencia preocupante en la siniestralidad vial del país.
De acuerdo con el informe oficial, la principal causa de estos percances sigue siendo la distracción del conductor, responsable de al menos 2,202 accidentes. Esta situación incluye el uso del celular, manipulación de dispositivos o falta de atención a la vía mientras se conduce.
La segunda causa más común es la invasión de carril, que ha generado 1,911 accidentes, seguida por la falta de distancia reglamentaria entre vehículos, con un total de 1,225 casos.
En la cuarta posición se encuentra el irrespeto a las señales de tránsito, motivo de 1,125 siniestros viales registrados en lo que va del año.
Otras causas identificadas por el observatorio incluyen velocidad excesiva, conducción bajo efectos de alcohol o drogas, adelantamientos indebidos, maniobras en reversa, así como la inexperiencia del conductor.
Aunque en menor proporción, también se registran accidentes provocados por imprudencia del peatón, fallas mecánicas, giro incorrecto, carga mal acondicionada, mal estado del vehículo, enfermedades súbitas y hasta deslumbramiento.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial destaca la importancia de una conducción responsable para evitar tragedias. La institución hace un llamado a los automovilistas a respetar la normativa vial y mantener una actitud consciente y preventiva en las carreteras.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves sobre la carretera al Boquerón, en el departamento de La Libertad.
Según los primeros reportes, el conductor de un camión perdió el control del vehículo y terminó fuera de la vía, impactando a un costado de la carretera. Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas.
Equipos del Viceministerio de Transporte (VMT) se desplazaron al lugar del percance para coordinar el tráfico y evitar mayores complicaciones en la circulación vehicular.
Las autoridades investigan las causas del accidente.
