Nacionales
PDDH entregó información a la Fiscalía por investigación en contra de la exprocuradora Raquel Caballero de Guevara
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó información a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el 25 de agosto para incorporarlo en el proceso de investigación contra la exprocuradora Raquel Caballero de Guevara. Esta información fue confirmada por el actual procurador, Apolonio Tobar, en una conferencia de prensa: “Hemos tenido conocimiento que se ha enviado la información requerida, será la Fiscalía la que determine su utilidad y la razón por la cual la está peticionando no conozco el caso concreto”, dijo.
La exprocuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, es una de las nueve postulantes, a pesar que ha sido condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y por la Corte de Cuentas de la República (CCR), además de poseer denuncias en la FGR. Raquel Caballero de Guevara, ejerció como Procuradora de Derechos Humanos en el periodo 2016-2019
Cabello tiene una condena por parte del TEG en enero de 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salarial.
Además, cuenta con una condenada por la CCR, por el manejo indebido de fondos de la PDDH por la suma de US $180,415 dólares, cometidos por la exprocuradora durante el año 2017 al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados, pago en exceso de viáticos.
Existen al menos dos denuncias interpuestas en su contra en Fiscalía, por los delitos de incumplimientos de deberes y actos arbitrarios.
Judicial
Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
El Ministerio de Salud (Minsal) continúa su apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la lucha contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), un parásito que representa una amenaza para la ganadería nacional y la salud animal.
Ambas instituciones han implementado una serie de acciones a nivel nacional, que incluyen la revisión de ganado y mascotas, así como la aplicación de desparasitantes internos y externos. Estas medidas buscan reducir la carga parasitaria en los animales y evitar el contagio de miasis, enfermedad causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida popularmente como Gusano Barrenador del Ganado.
El Minsal se ha sumado como aliado estratégico en esta campaña conjunta con el MAG, recorriendo diariamente granjas y zonas ganaderas para evaluar el estado sanitario de los animales, establecer puntos de control para regular el tránsito del ganado, realizar visitas técnicas y mantener un monitoreo constante.
Unos 900 trabajadores, entre promotores, inspectores de salud, médicos, veterinarios y personal administrativo, forman parte de este esfuerzo coordinado, que también cuenta con la participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Aunque el GBG estuvo erradicado en El Salvador durante más de 30 años, el resurgimiento en 2023 en Panamá y Costa Rica provocó su expansión por Centroamérica y México. Hasta la fecha, se reportan 64,927 casos en la región, pero El Salvador mantiene índices bajos, con solo 105 casos registrados, equivalentes a menos del 0.5 % del total regional.
En abril de 2024, el gobierno salvadoreño declaró Estado de Alerta y Zoosanitario para enfrentar esta enfermedad, activando un plan preventivo que ha logrado contener su avance en el país.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos miembros activos de la Mara Salvatrucha (MS) que intentaban evadir la justicia y reactivar estructuras criminales en distintos puntos del país.
Uno de los detenidos es Vladimir Alfredo Rivera Molina, alias «Limpia Mundo», arrestado en la zona costera de La Libertad Costa. Según el informe oficial, Rivera Molina era un homeboy de la clica San Diego Locos Salvatruchos y pretendía reorganizar actividades ilícitas en la bocana de San Diego, donde incluso intimidaba a los habitantes exigiéndoles alimentos.
Las autoridades detallaron que el sujeto intentó borrar los tatuajes alusivos a la pandilla para no ser identificado, pero los registros policiales confirmaron su perfil como terrorista.
En otro operativo, desarrollado el pasado 8 de junio, fue capturado Juan Antonio Ayala Guerrero, alias «Slacky», de 45 años, en el distrito de San Rafael Oriente, en San Miguel Oeste. El sujeto intentaba pasar desapercibido como vendedor ambulante, pero sus tatuajes revelaron su pertenencia a la estructura criminal.
Ayala Guerrero fue intervenido por agentes de las Fuerzas Especiales durante un patrullaje y será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
La PNC reiteró su compromiso de continuar con los patrullajes preventivos y las investigaciones para evitar el resurgimiento de estructuras terroristas en el país.
