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Nercy Montano alcaldesa de Soyapango pide violar la Ley al ministro de Medio Ambiente para favorecer el “botadero de basura” propiedad de Salume
Como un grave atentado al medio ambiente y al debido proceso, califica el abogado ambientalista Edgar Lemus, las acciones que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para otorgar al Botadero municipal del Puerto de Libertad que administra una empresa propiedad de Salume, un permiso para recibir hasta 1,600 toneladas a pesar de no cumplir con los requisitos legales y técnicos para obtener esa autorización, en vista de encontrase ubicado el botadero dentro de la zona protegida del boque natural “Walter Thilo Deininger” y la región costera-litoral de La Libertad, con el único fin de beneficiar económicamente los negocios de Salume.
De acuerdo a Lemus, quien recibió información de un concejal de la Alcaldía de Soyapango que no está de acuerdo con la forma poco transparente en que la alcadesa Nercy Montano está llevando las gestiones y finanzas de Soyapango, la alcadesa ha sostenido por medio de un delegado de su “confianza” reuniones con Salume, en el entendido de obtener “beneficios” por trasladar toda la basura recolectada en el municipio de Soyapango al botadero municipal ubicado en el Puerto La Libertad (propiedad de Salume)
La alcaldesa pretende realizar una contratación directa con la empresa de Salume, el problema es que el botadero municipal solo cuenta con un permiso ilegal para recibir 500 toneladas diarias de basura, las cuales ya tiene cubiertas con otras alcaldías de manera irregular como lo es Santa Tecla quien el alclade Henry Flores ha seguido la misma ilegalidad que Roberto Dabuison, ha pesar que Corte de Cuentas ha condenado ya en dos auditorias las ilegalidades de esas contrataciones.
Entonces, Nercy Montano para completar su “negociación” con Salume le solicita al Ministro de Medio Ambiente ( como lo explica claramente la nota ) que le extienda los permisos al Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, con el objetivo que pueda recibir la basura recolectada en Soyapango. De acuerdo a la fuente que brindó la información al abogado Lemus, el Ministerio de Medio Ambiente ha marginado la nota para que se otorgue un permiso que pase la capacidad de basura que el mencionado botadero puede recibir de 500 toneladas diarias a 1,600 toneladas diarias, sin cumplir con los requisitos que la Ley de Medio Ambiente establece para esta clase de proyectos, a manera de ejemplo la presentación de un formulario ambiental, para ampliación del proyecto que genere los términos de referencia para elaborar un Estudio de Impacto Ambiental; y el desarrollo de consulta pública a las comunidades circunvecinas que se ven afectadas por la contaminación que produce el botadero. En conclusión una decisión de esa naturaleza infringe la Constitución de la República, la ley ambiental y su reglamento, afirma Lemus.
Largo historial de ilegalidades del botadero municipal del Puerto de La Libertad.
Lemus afirmó que la situación del botadero municipal es más que alarmante, porque tiene un largo historial de actos ilegales tanto para su otorgamiento, como posteriormente omisiones de investigación administrativa y penal por el alto grado de contaminación que ha evidenciado, especialmente durante los años 2017 y 2018 en los que prestó servicios fuera de la cobertura de 40 toneladas diarias que tenía autorizado a recibir, llegando a dar tratamiento en esa época a un promedio de 550 toneladas diarias de basura, provocando impactos severos al medio ambiente, los cuales a la fecha son objeto de una reclamación judicial de daños que no ha podido avanzar por las múltiples trabas generadas por el Ex juez ambiental de Santa Tecla, Rafael Menéndez Contreras.
También recordó que aproximadamente en el año 2011 se concedió al botadero municipal en mención la autorización para pasar de ser un Relleno Manual a ser un Relleno Sanitario Semi Mecanizado, sin haberle sido requerido Estudio de Impacto Ambiental, sino una mera carta de ampliación, como ahora nuevamente pretende hacer el MARN. Para Lemus, la forma en que se generó aquel cambio debe ser objeto de investigación, por posibles actos de corrupción, pues no puede obviarse que en aquel momento (2011) siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, el Primer Delegado a la Presidencia era el Sr. Nicolás Salume, de quien se hizo público un préstamo por la suma de Tres millones de Dólares para la campaña que llevó a la silla presidencial a Mauricio Funes.
Recientemente exigió al Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, cumplir con la ley y sancionar a la empresa de Salume con inhabilitación por CINCO AÑOS, por haber incurrido en la infracción grave contemplada en la Ley de Contrataciones del Estado consistente en “invocar hechos falsos para obtener una contratación”, lo que ocurrió en los años 2017 y 2018 cuando solamente contaba con un permiso para recibir hasta 42 toneladas diarias de basura y Santa Tecla recolectaba unas 160 toneladas diarias de basura en aquel momento. En lugar de cumplir con la ley, el Alcalde le otorgó un nuevo contrato por un valor muy por encima de las otras ofertas para el mismo servicio.
De manera que el abogado ambientalista hace de conocimiento de este medio que ante los hechos y evidencias que cuestionan la legalidad y legitimidad de los permisos concedidos a la empresa propiedad del Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, ha decidido interponer una demanda de amparo con el objetivo que se anulen los permisos del botadero municipal.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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