Judicial
Motorista de empresa de lácteos se unió con pandilleros para extorsionar a empresario y es condenado a 11 años de prisión
Un repartidor de quesos de la Pandilla 18 fue condenado, junto con otro de sus secuaces, a 11 años de prisión luego de exigir miles de dólares a un empresario en una colonia de San Salvador.
Por seis meses Óscar Armando Zavala, de 29 años de edad, y William Rodríguez, de 20, tuvieron ingresos de $3,000 producto de las amenazas realizadas al propietario de un negocio de la capital.
Las investigaciones señalan que Zavala intercalaba su tiempo como motorista de una empresa privada con su faceta de delincuente la cual desarrolló cuando conoció a Rodríguez, un pandillero.
Se les decomisó teléfonos celulares, la motocicleta y el dinero que previamente fue seriado por los investigadores.
Si ningún grado académico, casi un completo analfabeta, el motorista pasó de llevar una vida con $340 mensuales a los lujos que el cobro de la extorsión le dejaba a él y a su cómplice.
La extorsión
El 17 de julio del 2017, un grupo de pandilleros interceptó a uno de los empleados del empresario para que le llevara un número de teléfono al que se debía de comunicar, de no hacerlo los delincuentes iban a atentar en su contra.
En la llamada obligada que hizo el empresario, los delincuentes le exigieron un pago de $3,000 que tendría que entregar a final del mes. Asustado, la víctima accedió a la petición y dio el monto exigido. Por seis meses esto se convirtió en rutina.
La paciencia del empresario llegó hasta el 22 de febrero de 2018 cuando interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades que montaron un operativo para dar con los extorsionistas.
Los delincuentes al parecer tuvieron un antojo y le exigieron $150 al empresario quien fue suplantado por un agente que llegó con el paquete a una cancha en la colonia 4 de Abril, en San Salvador.
A la cita con el investigador encubierto llegó Giovanni B., quien tras recibir el dinero salió corriendo hasta una motocicleta que era conducida por Zavala para dirigirse hasta donde se encontraba Rodríguez a quien le entregaron el paquete.
Los delincuentes no se habían percatado que en el paquete recibido no había dinero y antes que eso ocurriera los investigadores los interceptaron en los estrechos pasajes de la referida colonia de la que no pudieron escapar.
Solo dos fuerobn procesados
A los imputados se les decomisaron teléfonos celulares, una motocicleta y el dinero que previamente fue seriado por los investigadores.
De los tres señalados solamente dos llegaron a la etapa de sentencia en la que sus abogados defensores señalaron que no había ninguna prueba que vinculara a sus clientes con las amenazas al empresario.
El Salvador Times consultó a los fiscales del caso los motivos que se tenían para que Giovanni no fuera procesado y de manera escueta explicaron que él había sido asesinado en noviembre de 2018.
Tras varias horas del desfile probatorio, el juez dio por cerrado los debates y una corta deliberación los condenó a 11 años de prisión. Zavala seguirá resguardado en “La Esperanza”, mientras que Rodríguez continuará en el centro de penal de Quezaltepeque.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
