Judicial
Motorista de empresa de lácteos se unió con pandilleros para extorsionar a empresario y es condenado a 11 años de prisión
Un repartidor de quesos de la Pandilla 18 fue condenado, junto con otro de sus secuaces, a 11 años de prisión luego de exigir miles de dólares a un empresario en una colonia de San Salvador.
Por seis meses Óscar Armando Zavala, de 29 años de edad, y William Rodríguez, de 20, tuvieron ingresos de $3,000 producto de las amenazas realizadas al propietario de un negocio de la capital.
Las investigaciones señalan que Zavala intercalaba su tiempo como motorista de una empresa privada con su faceta de delincuente la cual desarrolló cuando conoció a Rodríguez, un pandillero.
Se les decomisó teléfonos celulares, la motocicleta y el dinero que previamente fue seriado por los investigadores.
Si ningún grado académico, casi un completo analfabeta, el motorista pasó de llevar una vida con $340 mensuales a los lujos que el cobro de la extorsión le dejaba a él y a su cómplice.
La extorsión
El 17 de julio del 2017, un grupo de pandilleros interceptó a uno de los empleados del empresario para que le llevara un número de teléfono al que se debía de comunicar, de no hacerlo los delincuentes iban a atentar en su contra.
En la llamada obligada que hizo el empresario, los delincuentes le exigieron un pago de $3,000 que tendría que entregar a final del mes. Asustado, la víctima accedió a la petición y dio el monto exigido. Por seis meses esto se convirtió en rutina.
La paciencia del empresario llegó hasta el 22 de febrero de 2018 cuando interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades que montaron un operativo para dar con los extorsionistas.
Los delincuentes al parecer tuvieron un antojo y le exigieron $150 al empresario quien fue suplantado por un agente que llegó con el paquete a una cancha en la colonia 4 de Abril, en San Salvador.
A la cita con el investigador encubierto llegó Giovanni B., quien tras recibir el dinero salió corriendo hasta una motocicleta que era conducida por Zavala para dirigirse hasta donde se encontraba Rodríguez a quien le entregaron el paquete.
Los delincuentes no se habían percatado que en el paquete recibido no había dinero y antes que eso ocurriera los investigadores los interceptaron en los estrechos pasajes de la referida colonia de la que no pudieron escapar.
Solo dos fuerobn procesados
A los imputados se les decomisaron teléfonos celulares, una motocicleta y el dinero que previamente fue seriado por los investigadores.
De los tres señalados solamente dos llegaron a la etapa de sentencia en la que sus abogados defensores señalaron que no había ninguna prueba que vinculara a sus clientes con las amenazas al empresario.
El Salvador Times consultó a los fiscales del caso los motivos que se tenían para que Giovanni no fuera procesado y de manera escueta explicaron que él había sido asesinado en noviembre de 2018.
Tras varias horas del desfile probatorio, el juez dio por cerrado los debates y una corta deliberación los condenó a 11 años de prisión. Zavala seguirá resguardado en “La Esperanza”, mientras que Rodríguez continuará en el centro de penal de Quezaltepeque.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
