Judicial
Motorista de empresa de lácteos se unió con pandilleros para extorsionar a empresario y es condenado a 11 años de prisión
Un repartidor de quesos de la Pandilla 18 fue condenado, junto con otro de sus secuaces, a 11 años de prisión luego de exigir miles de dólares a un empresario en una colonia de San Salvador.
Por seis meses Óscar Armando Zavala, de 29 años de edad, y William Rodríguez, de 20, tuvieron ingresos de $3,000 producto de las amenazas realizadas al propietario de un negocio de la capital.
Las investigaciones señalan que Zavala intercalaba su tiempo como motorista de una empresa privada con su faceta de delincuente la cual desarrolló cuando conoció a Rodríguez, un pandillero.
Se les decomisó teléfonos celulares, la motocicleta y el dinero que previamente fue seriado por los investigadores.
Si ningún grado académico, casi un completo analfabeta, el motorista pasó de llevar una vida con $340 mensuales a los lujos que el cobro de la extorsión le dejaba a él y a su cómplice.
La extorsión
El 17 de julio del 2017, un grupo de pandilleros interceptó a uno de los empleados del empresario para que le llevara un número de teléfono al que se debía de comunicar, de no hacerlo los delincuentes iban a atentar en su contra.
En la llamada obligada que hizo el empresario, los delincuentes le exigieron un pago de $3,000 que tendría que entregar a final del mes. Asustado, la víctima accedió a la petición y dio el monto exigido. Por seis meses esto se convirtió en rutina.
La paciencia del empresario llegó hasta el 22 de febrero de 2018 cuando interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades que montaron un operativo para dar con los extorsionistas.
Los delincuentes al parecer tuvieron un antojo y le exigieron $150 al empresario quien fue suplantado por un agente que llegó con el paquete a una cancha en la colonia 4 de Abril, en San Salvador.
A la cita con el investigador encubierto llegó Giovanni B., quien tras recibir el dinero salió corriendo hasta una motocicleta que era conducida por Zavala para dirigirse hasta donde se encontraba Rodríguez a quien le entregaron el paquete.
Los delincuentes no se habían percatado que en el paquete recibido no había dinero y antes que eso ocurriera los investigadores los interceptaron en los estrechos pasajes de la referida colonia de la que no pudieron escapar.
Solo dos fuerobn procesados
A los imputados se les decomisaron teléfonos celulares, una motocicleta y el dinero que previamente fue seriado por los investigadores.
De los tres señalados solamente dos llegaron a la etapa de sentencia en la que sus abogados defensores señalaron que no había ninguna prueba que vinculara a sus clientes con las amenazas al empresario.
El Salvador Times consultó a los fiscales del caso los motivos que se tenían para que Giovanni no fuera procesado y de manera escueta explicaron que él había sido asesinado en noviembre de 2018.
Tras varias horas del desfile probatorio, el juez dio por cerrado los debates y una corta deliberación los condenó a 11 años de prisión. Zavala seguirá resguardado en “La Esperanza”, mientras que Rodríguez continuará en el centro de penal de Quezaltepeque.
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
