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MOP reitera que transporte se reactivará el 7 de julio, en la fase dos de la reapertura económica
El transporte público de pasajeros se habilitará a partir del 7 julio, en la fase dos de la reapertura económica trazada por el gobierno, así lo confirmó el día de ayer el Ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez, confirmó ayer que
El gobierno ha mantenido reuniones con los transportistas para definir el protocolo que se utilizará una vez que las unidades comiencen sus operaciones.
«Nosotros vamos a tratar de garantizar que inicien el 100 % de las unidades… Lo que estamos tratando de garantizar es tomar todas las medidas necesarias, el sector transporte ha dado algunos insumos para que nosotros los tomemos en cuenta, y claro los vamos a tomar en cuenta muchos de ellos, pero nosotros hemos aportado otras», dijo Rodríguez.
El funcionario aseguró que las directrices del gobierno no son inventos, sino que son disposiciones del ministerio de Salud para contener la pandemia de covid-19 que afecta a El Salvador.
Al tener en cuenta que el transporte público es de los principales focos de infección, se han dispuesto algunas medidas como un máximo de dos personas por asiento, toma de temperatura, alcohol gel y mascarillas.
Además se ha pedido la sanitización de las unidades al menos tres veces al día, al igual que en las terminales se cumpla el distanciamiento social.
Rodríguez fue enfático al descartar un aumento a la tarifa o el subsidio que se les otorga de manera mensual a los empresarios.
Por su parte un grupo de empresarios visitó ayer la Asamblea Legislativa para discutir con los diputados una alternativa a la crisis que atraviesan por no operar durante la cuarentena.
Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador, dijo que no fueron ellos los que quisieron parar, sino que fue una decisión del Gobierno. «Dice la Corte Suprema de Justicia que todo lo hecho por el gobierno fue inconstitucional, entonces de alguna manera el habernos parado a nosotros fue inconstitucional».
Por lo que el Gobierno debe cumplir con lo que manda la ley, que en este caso es el subsidio. Los diputados presentaron diferentes posturas sobre el problema.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
