Nacionales
Mecánico pierde la vida en trágico accidente laboral en La Paz
Un hombre de 52 años, identificado como Héctor Orellana, falleció en un accidente laboral mientras realizaba trabajos mecánicos en un camión en un plantel de la lotificación Andalucía, en el cantón El Carmen, del distrito de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
Según el informe preliminar, Orellana, residente de San Juan Opico, se encontraba revisando el sistema de frenos del vehículo cuando, por causas que aún se investigan, una parte del camión se deslizó, provocándole un golpe fatal. Personas que se encontraban en el lugar del accidente alertaron a los paramédicos, quienes llegaron a la escena a través del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Sin embargo, al momento de recibir atención médica, Orellana ya no presentaba signos vitales.
TRABAJADOR MECÁNICO FALLECIÓ GOLPEADO MIENTRAS REPARABA UN CAMIÓN
Héctor Orellana, de 52 años de edad, perdió la vida, mientras realizaba trabajos mecánicos en un Camión.
Esto ocurrió en un plantel ubicado en la lotificación Andalucía, cantón El Carmen, distrito de San Pedro… pic.twitter.com/2UjKU8oc8Z
— Alerta Noticias (@alertanoti) March 20, 2025
El cuerpo fue cubierto con un plástico mientras se aguardaba la llegada de Medicina Legal para proceder con el levantamiento del cadáver. La Policía Nacional Civil ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico percance laboral.
Un amigo de Orellana expresó su dolor en redes sociales, comentando: «Qué triste y lamentable noticia, mi amigo Héctor ya descansa».
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
