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La Fiscalía de Raúl Melara obligada a resolver casos de omisión de investigaciones y arbitrariedades de su antecesor
Una larga lista de omisiones de investigaciones, arbitrariedades, ilegalidades, torturas y violaciones a la ley del centro de escuchas telefónicas del exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz en casos relevantes de país, cercan al fiscal general Raúl Melara.
La condena de 12 años de cárcel al exministro de Obras Públicas Jorge Nieto por parte de un tribunal de Sentencia, obliga aun más al fiscal general Melara a abrir procesos en contra de su antecesor, a quien velozmente pidió y logró sobreseimiento definitivo de varios delitos por los cuales había sido denunciado Meléndez Ruiz.
Fuentes cercanas a Nieto aseguraron que sus abogados podrían demandan penalmente a Meléndez Ruiz por no haber ampliado la investigación en contra del exministro David Gutiérrez, ya que fue en su administración fiscal que se realizó todo el periodo de instrucción en el que se presentan pruebas y se acusa a más implicados.
Sobre Douglas Meléndez Ruiz pesan además sendas denuncias y avisos penales de varios casos de país, entre ellos: uso indebido, oscuro y personal del centro de escuchas telefónicas. Los medios de comunicación publicaron ampliamente que Meléndez Ruiz y su equipo de fiscales cercano intervinieron ilegalmente teléfonos de personalidades, empresarios, periodistas y políticos de renombre, además de usar escuchas vencidas; dejó perder “casualmente” la “tregua” entre pandilleros, un caso mediático y que ha destrozado a la población salvadoreña; no investigó a ARENA y su financiamiento de pandillas; no investigó a Norman Quijano y otros políticos que pactaron con pandilleros; no investigó a ARENA por su financiamiento y los fondos de Taiwán; no abrió procesos en contra de un empresario harinero a quien ASTRAM ha denunciado reiteradamente por supuesto lavado de dinero y monopolio del mercado de harinas; le brindó un trato extravagante al expresidente Saca, otorgándole una condena pírrica mientras no procesó a otros involucrados con el exmandatario.
También el Caso del Chaparral fue descuartizado por el exfiscal Douglas Meléndez, sin resultados positivos, ya que los involucrados no fueron procesados por los delitos por lo que se les acusó.
Incluso el exfiscal general Meléndez Ruiz ha sido denunciado por torturar y amenazar a fiscales de carrera para que se prestaran a dar declaraciones falsas y fabricar pruebas para algunos casos con los cuales pretendía la reelección; no quiso procesar a los que filtraron el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que hundió al país internacionalmente y al partido ARENA y su expresidente Francisco Flores; no avanzó con investigaciones del ALBA Petróleos; entre otros.
Ahora el fiscal general Raúl Melara se encuentra en la encrucijada de procesar de una vez por todas a su antecesor, a pesar de su renuencia, y de mantener a los mismos fiscales de confianza que tenía Douglas Meléndez Ruiz y quienes siguen llevando los casos relevantes.
También debe explicar por qué no intervino en el juicio contra Nieto y presentar a David Gutiérrez como otro implicado del mismo nivel en el caso de la Diego de Holguín.
La Policía reportó la detención de cuatro sujetos en diferentes zonas del país, tras ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros.
En Chinameca, San Miguel Oeste, fue arrestado Herberth Antonio Paredes Chávez, quien manejaba con 238° de alcohol y terminó impactando su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sobre la 11 calle poniente y 1ª Avenida Norte.
Asimismo, en la calle hacia Río Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango Norte, fueron intervenidos José Luis Rivera Chávez, con 91° de alcohol, y Joel de Jesús Vásquez Rivera, quien registró 24° de alcohol.
En Santa Ana Oeste, sobre la calle que conduce del cantón El Coco hacia Chalchuapa, fue detenido Luis Ángel Lemus Barrera, quien manejaba una motocicleta con 101° de alcohol.
La dirigente del FMLN, Lorena Guadalupe Peña, reapareció públicamente en La Habana, Cuba, donde ofreció un discurso centrado en la “dignidad de las mujeres”.
Su intervención ocurre mientras en El Salvador ella y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan una condena civil por enriquecimiento ilícito. La Cámara Primero de lo Civil ordenó que ambas reintegren al Estado 150,762.86 dólares tras no justificar el incremento de su patrimonio. La resolución también inhabilitó a Peña para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.
La reaparición de Peña coincide con el proceso electoral celebrado recientemente en Honduras, país donde, según información difundida en redes sociales, habría recibido asilo político. Peña, junto a otras dos exdirigentes del FMLN, ha sido mencionada en ese contexto debido a que el partido de la presidenta Xiomara Castro no logró mantenerse en el poder, quedando en la tercera posición. Este resultado ha generado nuevas discusiones públicas sobre la situación migratoria de las exdirigentes salvadoreñas y el futuro de su presunto exilio.
