Judicial
JUICIO: Continúa audiencia contra profesora por lavado de dinero
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador suspendió este día la vista pública contra Jesús Anabel Flores Batres, por el delito de lavado de dinero y activos. La audiencia continuará el próximo lunes 27, a las 9:00 am.
El motivo de la suspensión se debió a que, la perito que debía declarar este día presentó una incapacidad médica y no se encontraba en condiciones de asistir. El Tribunal ordenó que médicos de Medicina Legal le realizaran una evaluación, lo que fue corroborado.
En el transcurso de la vista pública han declarado en total cuatro testigos de cargo y uno de descargo, entre ellos un perito financiero, asimismo ya se incorporó la prueba documental.
La mujer es acusada de presuntamente lavar al menos 220 mil dólares, junto a un grupo familiar de ocho personas, por medio de transacciones financieras que recibía desde Estados Unidos y Perú.
Las investigaciones iniciaron luego que a Jaime Adalberto Flores Batres, hermano de la acusada y Sonia Maricel Amaya Márquez, se les encontrará 196 mil dólares en efectivo, el 5 de julio de 2012, cuando se encontraban en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en dicho lugar iban abordar un vuelo hacia Lima, Perú. Agentes de la División Antinarcóticos les realizaron un registro rutinario y encontraron el dinero en las maletas de mano que ambos sujetos portaban. Al preguntar de donde era obtenido el dinero el señor Flores Batres dijo que él era representante de una empresa que se encontraba en Perú, mostrando un documento que lo acreditaba como tal.
Con relación a lo anterior se iniciaron las investigaciones, solicitando reportes financieros de las transacciones que realizaba, encontrando que alimentaba ocho cuentas bancarias, donde se movilizaban alrededor de 18 millones de dólares, entre ellas la de la señora Flores Batres. Por lo anterior se ordenó la captura de todos los involucrados, por considerar que se estaba dando un incremento patrimonial no justificado.
Posteriormente se realizó un allanamiento el 26 de julio de 2016 en la casa de habitación de Anabel Flores, donde fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía.
Los demás acusados se encontraban prófugos de la justicia hasta diciembre del año pasado, que se presentaron al Juzgado de Instrucción argumentando que se sentían amenazados en su integridad personal, por tal razón no habían asistido a los llamados y se encontraban fuera del país. El juez dio por justificada la incomparecencia, por tanto les dio medidas sustitutivas a la detención para continuar el proceso penal.
Anabel también cuenta con medidas sustitutivas a la detención, otorgadas por el Tribunal, luego de una audiencia especial realizada el 28 de febrero de 2018, por padecer de una enfermedad, donde el tribunal colegiado resolvió que, este era un caso que constituye la suspensión de las medidas cautelares, dada la necesidad de la atención médica, pero se sujetó al pago de una fianza económica de 100 mil dólares, al mismo tiempo que cumpliría con las reglas de no salir del país, fijar una residencia determinada donde pueda ser localizada y presentarse a firmar al tribunal cada ocho días.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
