Judicial
Víctima mata a delincuente al pensar que habían asesinado a su familiar en un negocio de Santa Ana
En horas de la tarde del 20 de febrero de 2018, cuatro delincuentes llegaron a una casa que funcionaba como negocio en Santa Ana preguntando por un joven de nombre David (nombre cambiado por seguridad).
Los sujetos ingresaron al solar de la casa y se acercaron a la ventana donde se encontraba David, quien en ese momento estaba acompañado.
Uno de los sospechosos pidió un producto en la tienda, al tiempo que preguntó por David, pero le respondieron que no se encontraba.
En un abrir y cerrar de ojos, los cuatro sujetos sacaron armas de fuego y advirtieron que se trataba de un asalto.
El encargado del negocio gritó al momento del asalto, como para alertar a David lo que estaba sucediendo y que no saliera.
Delincuentes querían robar y matar
Sin embargo, uno de los delincuentes insistía por saber de David y por el dinero del negocio; cuando ingresaron a la vivienda, uno de los familiares les gritaba que no le fueran a hacer daño a David, que a cambio les entregaría el dinero.
No obstante, los hombres comenzaron a disparar; pero David se encontraba en una habitación en otro sector de la vivienda, al escuchar los disparos se tiró al suelo y se escondió entre unos sacos.
Un pariente del joven pensó lo habían asesinado, por eso tomó un arma de fuego y eliminó a uno de los delincuentes, mientras que los tres restantes huyeron.
La denuncia fue interpuesta en la Policía, a los días reportaron la detención de Adán L., a quien según las investigaciones se le comprobó que participó del asalto y fue uno de los tres sujetos que huyó ese día del tiroteo.
Condenado a nueve años de prisión
Tras enfrentar el proceso judicial, el Tribunal de Sentencia de Santa Ana lo condenó a nueve años de prisión.
La audiencia en la que fue sentenciado ocurrió el martes pasado donde fue acusado del delito de robo agravado, el cual es penado y sancionado según los artículos 212 y 213, numerales 2 y 3 del Código Penal.
Mientras que a David y su familiar se les otorgó el régimen de protección de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
