Judicial
Tres sujetos solicitan un UBER en bar de La Zona Rosa y terminan robando el carro del conductor
Tres sujetos, entre ellos un menor de edad, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando transitaban en el sector conocido como el pañuelo, de la colonia Libertad, a bordo de un vehículo robado, perteneciente a un conductor que presta los servicios de UBER.
Según lo relatado por la víctima, los hechos ocurrieron a eso de las 6:45 de la mañana del 11 de agosto de este año, cuando atendió una solicitud del servicio UBER que provenía de un bar situado en La Zona Rosa, específicamente en la calle La Reforma.
Al llegar al lugar, el afectado localizó al joven que pidió el transporte y este estaba junto a otros dos más. Los tres se encontraban en las afueras del sitio de entretenimiento y al subir al automotor le pidieron los llevara al barrio Santa Anita.
Cuando la víctima conducía sobre la 22 calle Poniente, cerca del bulevar Venezuela, los jóvenes le robaron sus pertenencias, lo bajaron del vehículo y lo amenazaron con que no debía reportar nada a la PNC.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, los imputados fueron identificados como Mauricio Alfredo Iraheta Linares, de 20 años de edad; y Bryan Alexander Bonilla Bonilla, de 20 años; y el joven de 17 años. Los primeros dos fueron enviados a prisión de manera provisional por el Juzgado 8° de Paz de San Salvador; mientras que el último sujeto fue remitido al Juzgado Primero de Menores.
La detención de los imputados
La tarde del mismo día en que los tres jóvenes robaron el vehículo del conductor de UBER, la PNC logró localizarlos a eso de las 2:00 de la tarde y fueron acusados del delito de robo de vehículos automotores.
El requerimiento de la Fiscalía manifiesta que una hora antes de la detención el sistema de emergencias del 911 alertó a un grupo de agentes policiales que en el sector de la colonia Libertad se desplazaba un vehículo con reporte de robo.
Momentos después, los policías lograron ubicar al vehículo sobre la 17 avenida Sur, por lo que lo intervinieron. Iraheta era quien conducía y al momento en que los agentes le solicitaron los documentos del carro indicó que no los tenía, mientras que los otros dos sujetos no pudieron dar las razones del porqué iban a bordo.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
