Judicial
Sujetos fingían ser del Cartel de Jalisco para extorsionar en el país
Una red de extorsionistas salvadoreños controlada por extranjeros residentes fuera de El Salvador seguirá en prisión mientras continúan las investigaciones, informó la Fiscalía General de la República.
Los imputados son Oscar García García, Oscar Elías García Rivera, José Otoniel Meléndez y Oscar Alejandro Tario Blanco (ausente).
El ministerio público detalló que la red contactaba a empresas «para que les brindaran servicios de instalación de aires acondicionados, conexiones eléctricas, medición de terrenos, construcción, entre otros, se pactaba un precio y brindaban la supuesta dirección a donde requerían el servicio.
Los empleados de esas empresas se desplazaban a la dirección brindada, pero se encontraban con que no existía; cuando las víctimas se comunicaban con el contratante (que eran los delincuentes), les advertían que estaban en un terreno del -mexicano- Cartel de Jalisco, rodeados de francotiradores y que debían depositar hasta $5,000.
Luego de las amenazas a las víctimas, los extorsionistas que estaban en el extranjero exigían los contactos de sus familiares, patronos o conocidos para pedirles que hicieran depósitos a cuentas bancarias en El Salvador, a cambio de liberar a sus familiares o trabajadores.
A los cuatro imputados se les procesa por los delitos de lavado de dinero y activos, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. En este proceso, los hombres son acusados por exigirle a una empresa $20,782 para evitar que mataran a los trabajadores y que les liberaran.
El dinero era depositado en cuentas salvadoreñas, que pertenecían a personas reclutadas en redes sociales por otros delincuentes salvadoreños, y eran el puente para luego transferir el dinero a México, Colombia y Ecuador.
Las investigaciones fiscales han corroborado que desde 2014, la red cometió 28 extorsiones bajo esta modalidad.
Los cabecillas de la red son de diferentes nacionalidades y operaban desde el extranjero, según la Fiscalía.
«Asimismo, fue posible identificar que toda la comunicación fluía a través de WhatsApp por medio de 36 números telefónicos (mexicanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños); también se han perfilado 61 cuentas bancarias de 47 diferentes personas y se ha solicitado la inmovilización de fondos. Se estima que la cantidad depositada por las victimas es de $76,719.00», detalló el ministerio público.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
