Judicial
Sujeto condenado a siete años de cárcel por hurto en Candelaria de la Frontera, Santa Ana
A siete años de cárcel ha sido condenado un sujeto por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana por el delito de hurto agravado en perjuicio de un anciano.
El hombre fue identificado como Mario Ernesto Orantes Jiménez y el crimen ocurrió en marzo de 2019.
Las investigaciones establecieron que el ahora condenado operaba junto con un cómplice en las cercanías de agencias bancarias y para sus víctimas seleccionaban a adultos mayores con alguna discapacidad que habían hecho retiro de efectivo.
Orantes Jiménez y el otro sujeto fingían una discusión en la que uno de ellos perdió una cantidad de dinero y el otro la encontró, acto con el que trataban de confundir a las víctimas.
En medio de la discusión convencían al anciano a que les mostrara el dinero que había sacado de la agencia bancaria, se lo arrebataban, lo cambiaban por un paquete que simulaba ser efectivo y huían de la zona.
Otros métodos que los hombres tenían para engañar y hurtar eran por medio de la denominada “barra de oro”, que consistían en ofrecer a las víctimas una barra que simulaban era de oro a cambio de dinero.
También operaban ofreciendo un billete de lotería que decían que estaba premiado y que por diversas situaciones no lo habían ido a cambiar ellos.
Los hombres fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por órdenes de captura emitidas por la Unidad de Delitos Relativos al Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República (FGR).
Mario Ernesto Orantes Jiménez enfrentó el juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, fue declarado culpable por hurto agravado y sentenciado a siete años de cárcel.
Sobre el otro sujeto que fue arrestado y acusado del mismo delito no se brindó información ni se especificó si está en otro proceso aparte.
Con información: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
