Judicial
Sentencian a varios años de cárcel a integrantes de una banda que operaba en agencias bancarias del país
Fuentes judiciales informaron sobre la condena de hasta 40 años de prisión impuesta para una banda que se dedicaba a aprovecharse de usuarios de agencias bancarias, además expusieron la forma en que estos sujetos operaban.
Los imputados fueron llevados al Juzgado Especializado de Sentencia “C” donde fueron procesados. Dicho tribunal los envió a prisión y les ordenó pagar altas sumas de dinero en concepto de responsabilidad civil.
A 40 años de cárcel fue enviado Luis Alexander Muñoz Serrano, quien tendrá que pagar 16 mil 200 dólares por daños a las víctimas.
Por su parte, Mauricio Alberto López Carballo estará 20 años en prisión y pagará 4 mil 700 dólares.
Mientras que el ex agente supernumerario, Salvador Alexis Magaña Reyes, tuvo una condena de 20 años de prisión y un pago de 4 mil 500 dólares en responsabilidad civil.
Además, fueron condenados a 10 años de prisión César Balbino Guzmán Méndez, Jefferson Mauricio Muñoz Platero, Marlon Roberto Meléndez López, Ricardo Ernesto Meléndez, Manuel de Jesús Cruz, Manuel Ernesto González y David Francisco Romero Flores.
Este último tendrá que cancelar entre mil 500 dólares y 10 mil dólares en responsabilidad civil.
El modo de operar:
Según la declaración de un testigo criteriado los hechos ocurrieron entre enero del 2015 a agosto del 2016, siendo el “modus operandi” el enviar a alguien de la banda a los bancos como usuarios para determinar quiénes retiraban dinero y luego en vehículo daban seguimiento a las víctimas, las interceptaban y las obligaban a que les dieran el dinero que habían retirado del banco.
La fuente sostiene que en siete casos se les quitaron a las víctimas joyas, vehículos y dinero en efectivo, el cual iba desde los 500 a los 15 mil dólares.
Estos hechos fueron realizados en San Vicente, San Salvador, Sonsonate, Chalatenango, entre otros departamentos.
Una de las víctimas narró que en agosto de 2016, en un banco ubicado en Sonsonate, retiró 7 mil dólares, se dirigió en un vehículo con rumbo a su casa y cuando se bajó del carro cuatro sujetos se acercaron y le quitaron el dinero.
Judicial
Alias ‘Pato’, miembro de la MS-13, seguirá preso
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional para Esteban Francisco González Cárcamo, alias Pato, quien es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Los señalamientos fiscales perfilan a González Cárcamo como homeboy de la Mara Salvatrucha, quien forma parte de la clica Herraduras Criminales Locos Salvatruchas que delinque principalmente en el distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia de imposición de medidas, bastaron para que el juez del caso ordenara que alias Pato siga preso mientras el ministerio público continúa con las investigaciones.
«Entre las pruebas se encuentran el perfil delincuencial, informes de inteligencia policial, análisis de tatuajes y antecedentes penales por delitos como amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas. Dada la contundencia de estas evidencias, la autoridad judicial consideró mantener al imputado en detención provisional mientras el caso avanza en la etapa de Instrucción, detallaron fuentes judiciales.
El sospechoso fue arrestado por la Policía el pasado 5 de enero en el distrito de San Dionisio, jurisdicción de Usulután Este. Su historial delictivo data desde el 2007 por los delitos de: agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial y amenazas.
Las autoridades informaron que este pandillero será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde otros criminales cumplen sus condenas.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.