Judicial
Sentencian a varios años de cárcel a integrantes de una banda que operaba en agencias bancarias del país
Fuentes judiciales informaron sobre la condena de hasta 40 años de prisión impuesta para una banda que se dedicaba a aprovecharse de usuarios de agencias bancarias, además expusieron la forma en que estos sujetos operaban.
Los imputados fueron llevados al Juzgado Especializado de Sentencia “C” donde fueron procesados. Dicho tribunal los envió a prisión y les ordenó pagar altas sumas de dinero en concepto de responsabilidad civil.
A 40 años de cárcel fue enviado Luis Alexander Muñoz Serrano, quien tendrá que pagar 16 mil 200 dólares por daños a las víctimas.
Por su parte, Mauricio Alberto López Carballo estará 20 años en prisión y pagará 4 mil 700 dólares.
Mientras que el ex agente supernumerario, Salvador Alexis Magaña Reyes, tuvo una condena de 20 años de prisión y un pago de 4 mil 500 dólares en responsabilidad civil.
Además, fueron condenados a 10 años de prisión César Balbino Guzmán Méndez, Jefferson Mauricio Muñoz Platero, Marlon Roberto Meléndez López, Ricardo Ernesto Meléndez, Manuel de Jesús Cruz, Manuel Ernesto González y David Francisco Romero Flores.
Este último tendrá que cancelar entre mil 500 dólares y 10 mil dólares en responsabilidad civil.
El modo de operar:
Según la declaración de un testigo criteriado los hechos ocurrieron entre enero del 2015 a agosto del 2016, siendo el “modus operandi” el enviar a alguien de la banda a los bancos como usuarios para determinar quiénes retiraban dinero y luego en vehículo daban seguimiento a las víctimas, las interceptaban y las obligaban a que les dieran el dinero que habían retirado del banco.
La fuente sostiene que en siete casos se les quitaron a las víctimas joyas, vehículos y dinero en efectivo, el cual iba desde los 500 a los 15 mil dólares.
Estos hechos fueron realizados en San Vicente, San Salvador, Sonsonate, Chalatenango, entre otros departamentos.
Una de las víctimas narró que en agosto de 2016, en un banco ubicado en Sonsonate, retiró 7 mil dólares, se dirigió en un vehículo con rumbo a su casa y cuando se bajó del carro cuatro sujetos se acercaron y le quitaron el dinero.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
