Judicial
Se hicieron amigos por correo electrónico pero al conocerse la obligo a ir a un motel en Ciudad Delgado

La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la Oficina Fiscal de Mejicanos logró condenar a un sujeto a ocho años de prisión, más el pago de $1000.00 en concepto de responsabilidad civil; por el delito de Violación Agravada, ocurrido el 25 de noviembre de 2011, en el interior de un motel ubicado en Ciudad Delgado; explicó el jefe de esta unidad Ruth Lara.
El implicado ha sido identificado como Edwin Mauricio Rolin Flores, el cual enfrentó la vista pública en un Tribunal de Sentencia de San Salvador, durante la cual el imputado recibió la condena de ocho años de cárcel, por el delito de Violación Agravada, tipificado en el artículo 158 del Código Penal.
Según la denuncia de la víctima ella conoció al imputado Rolin Flores, inicialmente a través de vía telefónica y correo electrónico, y con el tiempo lo por medio de la cámara web de la computadora; que fue así como entablaron una amistad, la que trascendió al grado de que por mensajes se volvieron novios, dicha persona le dijo que iba a venir al Salvador, preguntándole donde vivía pero ella solo le dijo que en Morazán, sin especificar dirección exacta.
Fue en el mes de noviembre del año 2011, que dicha persona le dijo que quería conocerla, a lo cual ella contesto que estaba bien, pero no acordaron fecha, ni lugar, que esa misma fecha dicho señor le dijo que iba a venir a país, entre las fechas del 21 al 30 de noviembre, preguntándole cuando iba a ir ella a San Salvador, diciéndole que el 25 de noviembre, ya que vendría a la casa de una familiar; fue así como se encontraron en la terminal de buses de oriente en San Salvador, en la fecha estipulada.
Luego de encontrarse y conocerse la terminal de buses, él al invitó a cenar y luego de comer y platicar el imputado se ofreció llevar a la casa de su familiar donde se quedaría a dormir, pero el sujeto la llevó hasta un motel en ubicado en Ciudad Delgado, donde la abuso sexualmente mediante violencia y la amenazó, diciéndole que no lo denunciara ya que las llevaba de perder.
Judicial
Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
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En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
Judicial
Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.