Judicial
Sala Primero de lo Penal rechaza medidas sustitutivas a supuesto asesino de Anahí Miranda Rivas
Por: Alessia Genovés
El Juzgado Primero de lo Penal validó al recurso de apelación emitido por la Fiscalía, en contra de las resoluciones decretadas por la licenciada Marta Elena Rosales, del Juzgado Primero de lo Penal, realizadas el pasado 23 de diciembre.
“Se tienen los suficientes elementos para acreditar este hecho; y, especialmente, se ha trabajado con prueba pericial. Y, por tal razón, no se comparten los puntos vertidos por la señora Juez de Paz», declaró el ente fiscal, tras la audiencia inicial.
En el proceso, se rechazan las medidas sustitutivas que habrían beneficiado al imputado con libertad provisional, al pagar una fianza de 10 mil dólares, y tras cumplir con los demandas designadas.
El delito prevalece como un Homicidio Agravado, sobre el que se responsabiliza al ciudadano Juan Carlos Hernández por el asesinato de Anahí, fallecida la noche del 27 de octubre de 2019 en el Bulevar de los Héroes, San Salvador.
El Ministerio Público asegura que el imputado no ha gozado de libertad a lo largo del proceso judicial.
Sólo dos de los recientes asesinatos a personas de la Comunidad LGBTI siguen en proceso judicial
Anahí Miranda Rivas es una de las nueve víctimas de los casos asesinatos reportados por la Federación Salvadoreña LGBT (FESLGBT), en 2019.
La cifra se suma a las casi 700 víctimas de asesinatos identificados por la FESLGBT, sobre las que se reporta el reciente fallecimiento de Briyit Michelle Alas, el pasado 18 de enero del presente año.
Sólo Anahí Miranda Rivas y Camila Díaz Córdoba son las únicas dos personas asesinadas sobre las que se están generando procesos judiciales, en los que giran imputaciones concretas.
Hasta diciembre de 2019, sólo 27 de los casi 700 casos de asesinatos documentados por la la FESLGBT están siendo abordados como crímenes de odio.
“En la actualidad, contabilizamos 27 homicidios; y no son 16, como en el 2017, sino 27… Han sido notificados bajo las imposiciones que la PDDH tiene, desde la visión de los «Crímenes de Odio», o con éste, a la hora en que las reformas penales están así dispuestas. La Fiscalía, que desde hace un año está trabajando, para formar, de alguna manera, y para aprovechar esas herramientas, y normativas que tenemos; para visibilizar, en tanto de que si no se visibiliza, esa información no existe. De éstos 27 casos, ya 2 se encuentran archivados, en la investigación de la Fiscalía. Nos preocupa que éstos casos, donde sí hay crímenes de Odio y donde ha habido impunidad, en la larga lista”, informa a éste medio Carlos Rodríguez, procurador Adjunto para los Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
