Judicial
PNC y FGR logran la captura del supuesto asesino de una enfermera encontrada en la frontera Anguiatú
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó la mañana del viernes a Víctor Alfonso Vides Valle, supuesto asesino de la enfermera Ruth Esther Rivas Mojica, quien murió luego de ser encontrada gravemente lesionada e inconsciente cerca de la frontera de Anguiatú, en Metapán, Santa Ana.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sujeto fue identificado a través de cámaras de videovigilancia de distintos negocios comerciales del municipio donde se logró observar cuándo este, a bordo de una motocicleta, la interceptó en el cantón Malpaso, en ese mismo municipio.
Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de Santa Ana, gira orden de captura en contra de Victor Alfonso Vides Valle por el feminicidio de la enfermera Ruth Ester Rívas Mojica, de 27 años de edad, El hecho ocurrió en Metapan el 27 pasado de Septiembre. pic.twitter.com/bjJ8I0QsO9
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 7 de diciembre de 2018
En el inicio de la investigación se manejaba la versión de que la enfermera podría haber sido atropellada, pero eso quedó descartado luego de que en diversas partes de su cuerpo se observara una serie de golpes ocasionados con los puños de una mano el pasado 27 de septiembre del 2018.
“La mujer fue encontrada inconsciente el viernes a media noche, para amanecer sábado, en la carretera hacia la frontera. La trasladaron al Hospital Nacional San Juan de Dios (en Santa Ana), porque estaba aún con vida”, indicó un policía de la zona.
La profesional en salud fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y murió dos días después. Ante esto, el cuerpo de Rivas Mojica fue velado en el Tabernáculo Bíblico Amigos de Israel de Metapán, para luego ser enterrado en ese mismo municipio. De acuerdo a las investigaciones primarias del FGR, la mujer murió por las contusiones que recibió en el cráneo, por lo que habría fallecido vapuleada.
El pasado 16 de noviembre el Ministerio de Salud (Minsal), a través de un comunicado, externó su repudio en contra de su muerte y solicitó a las autoridades de justicia realizar una “una exhaustiva investigación para conocer si se trata de un nuevo caso de feminicidio y aplicar todo el peso de la ley”.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
