Judicial
PNC escapa de pandilleros quienes lo pretendían enterrar vivo tras torturarlo
Un policía logró escapar de las manos de pandilleros quienes lo querían enterrar vivo luego de torturarlo en un bus de la ruta 11-C que realizaba su recorrido de San Salvador a San Marcos y que fue obligado a cambiar su ruta hasta la colonia 10 de Octubre.
Eran las dos de la tarde del 28 de julio de 2015, José (nombre modificado por seguridad) se desplazaba a bordo de la unidad de transporte colectivo cuando a la altura de un centro comercial de San Jacinto se subieron cinco sujetos con apariencia de pandilleros.
El que los sujetos no se sentara, la forma de vestir y la manera de hablar alertó al hombre para salir del microbús. Estaba solo y no había nadie quien lo respaldara, aunque ninguno de los sujetos sospechaba que era policía.
Al llegar a una parada conocida como «La Alpina», José se puso la mochila en la espalda y se levantó para bajarse, pero al posicionarse enfrente de tres de los sujetos, uno de estos le dio un puñetazo y al mismo tiempo le grito furioso: “¡Aquí nadie se baja, hijo de puta!”.
Estando en el suelo, el agente comenzó a ser golpeado por uno de los delincuentes quien fue ayudado de otro de sus compinches al ver que la víctima trataba de defenderse con el microbús en ruta. El espacio era estrecho y por temor ninguno de los pasajeros ayudó al hombre.
Tras varios minutos de golpear al agente, otro de los delincuentes que estaba de espectador se percató del arma de trabajo de José: “¡Ey! Este hijo de puta anda mortero”, procediendo inmediatamente a desarmarlo. Los pandilleros también lo despojaron de una mochila en la que llevaba $200.
Estando por ingresar a San Marcos, uno de los delincuentes le dio indicaciones al motorista sobre el cambio de ruta que debía de hacer: “Dale de un solo a la terminal, tirá a la gente ahí y le das de un solo para la 10 de Octubre”.
Obedeciendo a los delincuentes, el motorista bajó a los asustados pasajeros en el lugar indicado para seguir hasta la referida colonia. Durante el camino los delincuentes se valieron de la estructura del microbús para torturar al policía.
Según el relato del agente, sus agresores en tono burlesco señalaban que: “A este hijo de puta le vamos a dar”. Los golpes provocaron que José perdiera el conocimiento antes de llegar a la zona sugerida.
El expediente judicial señala que los pandilleros bajaron a su víctima en un predio baldío y arrastraron al agente hasta una zona con abundante maleza, bambú y pinos.
Los delincuentes siguieron golpeando a la víctima hasta que el agente comenzó a vomitar sangre y dejo de moverse. En ese momento uno de los atacantes expresó: «este ya se murió”, por lo que los delincuentes dejaron de agredirlo para ir a buscar herramientas con las que excavarían un hoyo para enterrar al cuerpo.
No obstante, hacerse el muerto era parte del plan del agente quien procedió a escapar al percatarse que tres de sus victimarios se fueron de la zona y otros dos se encontraban de espaldas.
Moribundo, el agente comenzó a correr hasta llegar abajo de un puente que se ubica sobre la carretera a Comalapa, zona en la que luego de varias horas fue auxiliado por una patrulla policial.
El relato del agente ayudó para que se pudiera identificar y capturar a Samuel Ernesto Berthran Martínez, alias “Huezo”, de 32 años de edad, como uno de los cinco involucrados en el hecho.
El ministerio público le atribuye el delito de robo, homicidio imperfecto y privación de libertad; será el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador quien determinará la responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen a este pandillero.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
