Judicial
PNC escapa de pandilleros quienes lo pretendían enterrar vivo tras torturarlo
Un policía logró escapar de las manos de pandilleros quienes lo querían enterrar vivo luego de torturarlo en un bus de la ruta 11-C que realizaba su recorrido de San Salvador a San Marcos y que fue obligado a cambiar su ruta hasta la colonia 10 de Octubre.
Eran las dos de la tarde del 28 de julio de 2015, José (nombre modificado por seguridad) se desplazaba a bordo de la unidad de transporte colectivo cuando a la altura de un centro comercial de San Jacinto se subieron cinco sujetos con apariencia de pandilleros.
El que los sujetos no se sentara, la forma de vestir y la manera de hablar alertó al hombre para salir del microbús. Estaba solo y no había nadie quien lo respaldara, aunque ninguno de los sujetos sospechaba que era policía.
Al llegar a una parada conocida como «La Alpina», José se puso la mochila en la espalda y se levantó para bajarse, pero al posicionarse enfrente de tres de los sujetos, uno de estos le dio un puñetazo y al mismo tiempo le grito furioso: “¡Aquí nadie se baja, hijo de puta!”.
Estando en el suelo, el agente comenzó a ser golpeado por uno de los delincuentes quien fue ayudado de otro de sus compinches al ver que la víctima trataba de defenderse con el microbús en ruta. El espacio era estrecho y por temor ninguno de los pasajeros ayudó al hombre.
Tras varios minutos de golpear al agente, otro de los delincuentes que estaba de espectador se percató del arma de trabajo de José: “¡Ey! Este hijo de puta anda mortero”, procediendo inmediatamente a desarmarlo. Los pandilleros también lo despojaron de una mochila en la que llevaba $200.
Estando por ingresar a San Marcos, uno de los delincuentes le dio indicaciones al motorista sobre el cambio de ruta que debía de hacer: “Dale de un solo a la terminal, tirá a la gente ahí y le das de un solo para la 10 de Octubre”.
Obedeciendo a los delincuentes, el motorista bajó a los asustados pasajeros en el lugar indicado para seguir hasta la referida colonia. Durante el camino los delincuentes se valieron de la estructura del microbús para torturar al policía.
Según el relato del agente, sus agresores en tono burlesco señalaban que: “A este hijo de puta le vamos a dar”. Los golpes provocaron que José perdiera el conocimiento antes de llegar a la zona sugerida.
El expediente judicial señala que los pandilleros bajaron a su víctima en un predio baldío y arrastraron al agente hasta una zona con abundante maleza, bambú y pinos.
Los delincuentes siguieron golpeando a la víctima hasta que el agente comenzó a vomitar sangre y dejo de moverse. En ese momento uno de los atacantes expresó: «este ya se murió”, por lo que los delincuentes dejaron de agredirlo para ir a buscar herramientas con las que excavarían un hoyo para enterrar al cuerpo.
No obstante, hacerse el muerto era parte del plan del agente quien procedió a escapar al percatarse que tres de sus victimarios se fueron de la zona y otros dos se encontraban de espaldas.
Moribundo, el agente comenzó a correr hasta llegar abajo de un puente que se ubica sobre la carretera a Comalapa, zona en la que luego de varias horas fue auxiliado por una patrulla policial.
El relato del agente ayudó para que se pudiera identificar y capturar a Samuel Ernesto Berthran Martínez, alias “Huezo”, de 32 años de edad, como uno de los cinco involucrados en el hecho.
El ministerio público le atribuye el delito de robo, homicidio imperfecto y privación de libertad; será el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador quien determinará la responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen a este pandillero.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
