Judicial
PNC escapa de pandilleros quienes lo pretendían enterrar vivo tras torturarlo
Un policía logró escapar de las manos de pandilleros quienes lo querían enterrar vivo luego de torturarlo en un bus de la ruta 11-C que realizaba su recorrido de San Salvador a San Marcos y que fue obligado a cambiar su ruta hasta la colonia 10 de Octubre.
Eran las dos de la tarde del 28 de julio de 2015, José (nombre modificado por seguridad) se desplazaba a bordo de la unidad de transporte colectivo cuando a la altura de un centro comercial de San Jacinto se subieron cinco sujetos con apariencia de pandilleros.
El que los sujetos no se sentara, la forma de vestir y la manera de hablar alertó al hombre para salir del microbús. Estaba solo y no había nadie quien lo respaldara, aunque ninguno de los sujetos sospechaba que era policía.
Al llegar a una parada conocida como «La Alpina», José se puso la mochila en la espalda y se levantó para bajarse, pero al posicionarse enfrente de tres de los sujetos, uno de estos le dio un puñetazo y al mismo tiempo le grito furioso: “¡Aquí nadie se baja, hijo de puta!”.
Estando en el suelo, el agente comenzó a ser golpeado por uno de los delincuentes quien fue ayudado de otro de sus compinches al ver que la víctima trataba de defenderse con el microbús en ruta. El espacio era estrecho y por temor ninguno de los pasajeros ayudó al hombre.
Tras varios minutos de golpear al agente, otro de los delincuentes que estaba de espectador se percató del arma de trabajo de José: “¡Ey! Este hijo de puta anda mortero”, procediendo inmediatamente a desarmarlo. Los pandilleros también lo despojaron de una mochila en la que llevaba $200.
Estando por ingresar a San Marcos, uno de los delincuentes le dio indicaciones al motorista sobre el cambio de ruta que debía de hacer: “Dale de un solo a la terminal, tirá a la gente ahí y le das de un solo para la 10 de Octubre”.
Obedeciendo a los delincuentes, el motorista bajó a los asustados pasajeros en el lugar indicado para seguir hasta la referida colonia. Durante el camino los delincuentes se valieron de la estructura del microbús para torturar al policía.
Según el relato del agente, sus agresores en tono burlesco señalaban que: “A este hijo de puta le vamos a dar”. Los golpes provocaron que José perdiera el conocimiento antes de llegar a la zona sugerida.
El expediente judicial señala que los pandilleros bajaron a su víctima en un predio baldío y arrastraron al agente hasta una zona con abundante maleza, bambú y pinos.
Los delincuentes siguieron golpeando a la víctima hasta que el agente comenzó a vomitar sangre y dejo de moverse. En ese momento uno de los atacantes expresó: «este ya se murió”, por lo que los delincuentes dejaron de agredirlo para ir a buscar herramientas con las que excavarían un hoyo para enterrar al cuerpo.
No obstante, hacerse el muerto era parte del plan del agente quien procedió a escapar al percatarse que tres de sus victimarios se fueron de la zona y otros dos se encontraban de espaldas.
Moribundo, el agente comenzó a correr hasta llegar abajo de un puente que se ubica sobre la carretera a Comalapa, zona en la que luego de varias horas fue auxiliado por una patrulla policial.
El relato del agente ayudó para que se pudiera identificar y capturar a Samuel Ernesto Berthran Martínez, alias “Huezo”, de 32 años de edad, como uno de los cinco involucrados en el hecho.
El ministerio público le atribuye el delito de robo, homicidio imperfecto y privación de libertad; será el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador quien determinará la responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen a este pandillero.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
