Judicial
PNC escapa de pandilleros quienes lo pretendían enterrar vivo tras torturarlo
Un policía logró escapar de las manos de pandilleros quienes lo querían enterrar vivo luego de torturarlo en un bus de la ruta 11-C que realizaba su recorrido de San Salvador a San Marcos y que fue obligado a cambiar su ruta hasta la colonia 10 de Octubre.
Eran las dos de la tarde del 28 de julio de 2015, José (nombre modificado por seguridad) se desplazaba a bordo de la unidad de transporte colectivo cuando a la altura de un centro comercial de San Jacinto se subieron cinco sujetos con apariencia de pandilleros.
El que los sujetos no se sentara, la forma de vestir y la manera de hablar alertó al hombre para salir del microbús. Estaba solo y no había nadie quien lo respaldara, aunque ninguno de los sujetos sospechaba que era policía.
Al llegar a una parada conocida como «La Alpina», José se puso la mochila en la espalda y se levantó para bajarse, pero al posicionarse enfrente de tres de los sujetos, uno de estos le dio un puñetazo y al mismo tiempo le grito furioso: “¡Aquí nadie se baja, hijo de puta!”.
Estando en el suelo, el agente comenzó a ser golpeado por uno de los delincuentes quien fue ayudado de otro de sus compinches al ver que la víctima trataba de defenderse con el microbús en ruta. El espacio era estrecho y por temor ninguno de los pasajeros ayudó al hombre.
Tras varios minutos de golpear al agente, otro de los delincuentes que estaba de espectador se percató del arma de trabajo de José: “¡Ey! Este hijo de puta anda mortero”, procediendo inmediatamente a desarmarlo. Los pandilleros también lo despojaron de una mochila en la que llevaba $200.
Estando por ingresar a San Marcos, uno de los delincuentes le dio indicaciones al motorista sobre el cambio de ruta que debía de hacer: “Dale de un solo a la terminal, tirá a la gente ahí y le das de un solo para la 10 de Octubre”.
Obedeciendo a los delincuentes, el motorista bajó a los asustados pasajeros en el lugar indicado para seguir hasta la referida colonia. Durante el camino los delincuentes se valieron de la estructura del microbús para torturar al policía.
Según el relato del agente, sus agresores en tono burlesco señalaban que: “A este hijo de puta le vamos a dar”. Los golpes provocaron que José perdiera el conocimiento antes de llegar a la zona sugerida.
El expediente judicial señala que los pandilleros bajaron a su víctima en un predio baldío y arrastraron al agente hasta una zona con abundante maleza, bambú y pinos.
Los delincuentes siguieron golpeando a la víctima hasta que el agente comenzó a vomitar sangre y dejo de moverse. En ese momento uno de los atacantes expresó: «este ya se murió”, por lo que los delincuentes dejaron de agredirlo para ir a buscar herramientas con las que excavarían un hoyo para enterrar al cuerpo.
No obstante, hacerse el muerto era parte del plan del agente quien procedió a escapar al percatarse que tres de sus victimarios se fueron de la zona y otros dos se encontraban de espaldas.
Moribundo, el agente comenzó a correr hasta llegar abajo de un puente que se ubica sobre la carretera a Comalapa, zona en la que luego de varias horas fue auxiliado por una patrulla policial.
El relato del agente ayudó para que se pudiera identificar y capturar a Samuel Ernesto Berthran Martínez, alias “Huezo”, de 32 años de edad, como uno de los cinco involucrados en el hecho.
El ministerio público le atribuye el delito de robo, homicidio imperfecto y privación de libertad; será el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador quien determinará la responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen a este pandillero.
Por: El Salvador Times.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
