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Peligrosos pandilleros de la MS son condenados a 104 años de prisión por homicidios en Santa Ana

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El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó con penas de hasta 104 años a pandilleros de la Mara Salvatrucha implicados en 13 casos de homicidio gravado y tres casos de intento de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Los sentenciados delinquían en los municipios de Atiquizaya, Ahuachapán, El Refugio y Concepción de Ataco, en el departamento de Ahuachapán.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que entre los casos destacan tres dobles homicidios cometidos en los años 2013, 2015, 2017 y 2019.

Uno de los fiscales explicó que la pena de 104 años de cárcel fue impuesta a William Alexander López Estupinian y a Romel Josué Alfaro Escobar quienes fueron condenados por dos casos de doble homicidio; el primero, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos; ocurrido el 30 de julio de 2017, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio; y el segundo en contra de los hermanos Héctor Antonio Cauto Morán y Hugo Javier Cauto Morán, registrado el 12 de agosto de 2017, en colonia Terrón Blanco, de la jurisdicción de Atiquizaya; además, del delito de agrupaciones ilícitas.

Por el tercer caso de doble homicidio fue condenado a 60 años de prisión Juan Antonio García Escobar cabecilla de una de la estructura PVLS, responsable del crimen de los hermanos Héctor Antonio Calito Morán y Hugo Javier Calito Morán, sucedido el 12 de agosto de 2017, en la colonia Terrón Blanco, del municipio Atiquizaya, y por el delito de agrupaciones ilícitas.

Otra de las condenas es la de Jorge Antonio González Culgua, quien recibió una pena de 54 años de prisión por dos homicidios agravados, el primer crimen en perjuicio de José Geovany Pineda Juárez, ocurrico el 04 de mayo de 2015, en la colonia Zacamil; y el segundo en contra de Dagoberto Gómez (pandilla 18), en mayo de 2015, en la colonia San Miguel, ambas del municipio Ahuachapán y por el delito de agrupaciones ilícitas.

También fueron condenados a 50 años de cárcel Jairo Leonel Caishpal Corleto, Ángel Elías Esteban Contreras, Carlos Mauricio Chachagua España, Kevin Alexander Cruz Galán, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de los hermanos Andrés Alonso y Saúl Isaías Santos Duran, ocurrido el 12 de agosto de 2017, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán.

Otros que recibieron pena de 50 años de prisión son Denis Elisandro Loarca López y José Manuel Godoy, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos, hecho sucedido el 30 de julio de 2017, en colonia El Ángel, municipio El Refugio.

Juan Francisco Lemus Morán, cabecilla de clica PVLS, condenado a 43 años ocho meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López. El caso ocurrió el 7 de marzo de2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de víctima protegida y por el delito de agrupaciones ilícitas.

Miguel Ángel Martínez Álvarez fue condenado a 37 años cuatro meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López, hecho sucedido el 7 de marzo de 2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de una víctima protegida y por el delito de agrupaciones Ilícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 25 años de prisión Eduardo Alexander Castillo Romero.

Mario Enrique Rosales Rivas, (hermano de la víctima) fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Rafaela Guadalupe Borja Rivas, hecho sucedido el 10 de julio de 2013, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán; por este homicidio también fue sentenciado Jaime Antonio Morales Olmos, a 24 años de cárcel, a quien también se le incluye agrupaciones ilícitas.

Por su parte, Roberto Armando Martínez Jiménez y Rubén Alberto Morazán García, fueron condenados a 29 años de prisión, por el delito de homicidio agravado de Israel Antonio López Vásquez, hecho sucedido el 7 de junio de 2017 en el cantón El Tigre, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones lícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 20 años ocho meses de cárcel Alex Eduardo García García.

Miguel Ángel Aquino Galicia fue condenado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Dagoberto Gómez (pandilla 18), hecho sucedido el 4 de mayo de 2015 en la calle principal de la colonia San Miguel, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones Ilícitas.

Francisco Alberto Artiga Ramírez, sentenciado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Obed Jonatan Escobar Servellón, hecho sucedió el 2 de febrero de 2017, entre 7ª Calle Poniente y 2ª Avenida Sur, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones ilícitas; por este homicidio también recibió una pena de 25 años de cárcel Salvador Enrique Durán Aguirre.

Mientras que los cabecillas de la clica PVLS David Giovany Rivera Martínez y Francisco Emilio González Reyes recibieron la pena de 10 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas; por este mismo ilícito fue condena a 8 años de prisión Omar Alexander Menco Mendoza

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Prisión para sujeto que asesinó a su madre para apoderarse de sus bienes

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.

El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.

Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.

«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.

En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.

En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.

Crimen planificado

Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.

Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.

La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.

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Condenan a 43 integrantes de la MS-13 a penas de hasta 85 años de prisión

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.

De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.

El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.

Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.

El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.

Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.

La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.

En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.

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12 años de prisión a pandillero que extorsionó a un comerciante de Mejicanos

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.

De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.

Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.

Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.

La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.

Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.

Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.

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