Judicial
Pandillero recogía en un cesto con tortillas la extorsión que le pagaba un empresario a cambio de «seguridad»
Con disimulo y sin levantar sospechas, así es como un repartidor de tortillas cobraba la extorsión que un empresario pagaba a pandilleros por un pequeño negocio que tenía en una colonia de San Salvador. El ahora imputado ocupaba su venta ambulante como fachada.
Como se ha mal acostumbrado, Camilo (nombre modificado por seguridad) fue visitado por pandilleros quienes le explicaron que estaba obligado a pagarles semanalmente $100 a cambio de la «seguridad» que ellos brindaban en el sector donde trabajaba.
El cobro por los «servicios» de las estructuras criminales era realizado por Abraham R., de 22 años de edad, un colaborador que se dedica a repartir tortillas; un oficio que le permitía conocer todos los negocios y atacar sin levantar sospecha alguna a las autoridades.
La víctima dice no recordar con exactitud la fecha en la que comenzó a entregarle el dinero sin decirle nada a un joven que describió de pelo bien recordado, de piel morena, 1.65 de estatura.
El horario era siempre el mismo: Entre las 10:00 de la mañana y 12:00 del meridiano. Abraham se paseaba por las calles y pasajes de la colonia con un pequeño recipiente donde cargaba las tortillas.
El dinero que recibía el vendedor de tortillas incluso se podía ver como el pago que se le hacía al joven por el producto que comercializaba, aunque era poco probable que la empresa de Camilio comprara semanalmente $100 de tortillas.
Según el expediente judicial, el empresario fue notificado por Abraham que tenía que pagarle $10 como un cargo extra a la extorsión y le señaló que esto lo tenía que pagar tres días después en el horario acostumbrado.
“La última ocasión llegó a exigir dinero y amenazarme. No tengo disponibilidad de dinero”, explicó el hombre, que cansado del chantaje decidió ir a interponer una denuncia al puesto policial donde se planificó un operativo para detener al extorsionista.
Llegada la fecha señalada, Abraham llegó al local y como era habitual cobró el dinero extra que había exigido y que le fue encontrado por agentes policiales que lo esperaban unas cuadras adelante del negocio de Camilo.
Al no poder justificar la procedencia del dinero, el joven fue detenido y su caso pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presentara la acusación por el delito de extorsión agravada.
El caso llegó al tribunal Primero de Sentencia de San Salvador donde se espera que los testigos y el resto de las pruebas determinen la culpabilidad o su inocencia de Abraham quien espera que se defina la fecha de la audiencia de vista pública.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
