Judicial
Pandillero recogía en un cesto con tortillas la extorsión que le pagaba un empresario a cambio de «seguridad»
Con disimulo y sin levantar sospechas, así es como un repartidor de tortillas cobraba la extorsión que un empresario pagaba a pandilleros por un pequeño negocio que tenía en una colonia de San Salvador. El ahora imputado ocupaba su venta ambulante como fachada.
Como se ha mal acostumbrado, Camilo (nombre modificado por seguridad) fue visitado por pandilleros quienes le explicaron que estaba obligado a pagarles semanalmente $100 a cambio de la «seguridad» que ellos brindaban en el sector donde trabajaba.
El cobro por los «servicios» de las estructuras criminales era realizado por Abraham R., de 22 años de edad, un colaborador que se dedica a repartir tortillas; un oficio que le permitía conocer todos los negocios y atacar sin levantar sospecha alguna a las autoridades.
La víctima dice no recordar con exactitud la fecha en la que comenzó a entregarle el dinero sin decirle nada a un joven que describió de pelo bien recordado, de piel morena, 1.65 de estatura.
El horario era siempre el mismo: Entre las 10:00 de la mañana y 12:00 del meridiano. Abraham se paseaba por las calles y pasajes de la colonia con un pequeño recipiente donde cargaba las tortillas.
El dinero que recibía el vendedor de tortillas incluso se podía ver como el pago que se le hacía al joven por el producto que comercializaba, aunque era poco probable que la empresa de Camilio comprara semanalmente $100 de tortillas.
Según el expediente judicial, el empresario fue notificado por Abraham que tenía que pagarle $10 como un cargo extra a la extorsión y le señaló que esto lo tenía que pagar tres días después en el horario acostumbrado.
“La última ocasión llegó a exigir dinero y amenazarme. No tengo disponibilidad de dinero”, explicó el hombre, que cansado del chantaje decidió ir a interponer una denuncia al puesto policial donde se planificó un operativo para detener al extorsionista.
Llegada la fecha señalada, Abraham llegó al local y como era habitual cobró el dinero extra que había exigido y que le fue encontrado por agentes policiales que lo esperaban unas cuadras adelante del negocio de Camilo.
Al no poder justificar la procedencia del dinero, el joven fue detenido y su caso pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presentara la acusación por el delito de extorsión agravada.
El caso llegó al tribunal Primero de Sentencia de San Salvador donde se espera que los testigos y el resto de las pruebas determinen la culpabilidad o su inocencia de Abraham quien espera que se defina la fecha de la audiencia de vista pública.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
