Judicial
Pandillero recogía en un cesto con tortillas la extorsión que le pagaba un empresario a cambio de «seguridad»
Con disimulo y sin levantar sospechas, así es como un repartidor de tortillas cobraba la extorsión que un empresario pagaba a pandilleros por un pequeño negocio que tenía en una colonia de San Salvador. El ahora imputado ocupaba su venta ambulante como fachada.
Como se ha mal acostumbrado, Camilo (nombre modificado por seguridad) fue visitado por pandilleros quienes le explicaron que estaba obligado a pagarles semanalmente $100 a cambio de la «seguridad» que ellos brindaban en el sector donde trabajaba.
El cobro por los «servicios» de las estructuras criminales era realizado por Abraham R., de 22 años de edad, un colaborador que se dedica a repartir tortillas; un oficio que le permitía conocer todos los negocios y atacar sin levantar sospecha alguna a las autoridades.
La víctima dice no recordar con exactitud la fecha en la que comenzó a entregarle el dinero sin decirle nada a un joven que describió de pelo bien recordado, de piel morena, 1.65 de estatura.
El horario era siempre el mismo: Entre las 10:00 de la mañana y 12:00 del meridiano. Abraham se paseaba por las calles y pasajes de la colonia con un pequeño recipiente donde cargaba las tortillas.
El dinero que recibía el vendedor de tortillas incluso se podía ver como el pago que se le hacía al joven por el producto que comercializaba, aunque era poco probable que la empresa de Camilio comprara semanalmente $100 de tortillas.
Según el expediente judicial, el empresario fue notificado por Abraham que tenía que pagarle $10 como un cargo extra a la extorsión y le señaló que esto lo tenía que pagar tres días después en el horario acostumbrado.
“La última ocasión llegó a exigir dinero y amenazarme. No tengo disponibilidad de dinero”, explicó el hombre, que cansado del chantaje decidió ir a interponer una denuncia al puesto policial donde se planificó un operativo para detener al extorsionista.
Llegada la fecha señalada, Abraham llegó al local y como era habitual cobró el dinero extra que había exigido y que le fue encontrado por agentes policiales que lo esperaban unas cuadras adelante del negocio de Camilo.
Al no poder justificar la procedencia del dinero, el joven fue detenido y su caso pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presentara la acusación por el delito de extorsión agravada.
El caso llegó al tribunal Primero de Sentencia de San Salvador donde se espera que los testigos y el resto de las pruebas determinen la culpabilidad o su inocencia de Abraham quien espera que se defina la fecha de la audiencia de vista pública.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
