Judicial
Pandillero recogía en un cesto con tortillas la extorsión que le pagaba un empresario a cambio de «seguridad»
Con disimulo y sin levantar sospechas, así es como un repartidor de tortillas cobraba la extorsión que un empresario pagaba a pandilleros por un pequeño negocio que tenía en una colonia de San Salvador. El ahora imputado ocupaba su venta ambulante como fachada.
Como se ha mal acostumbrado, Camilo (nombre modificado por seguridad) fue visitado por pandilleros quienes le explicaron que estaba obligado a pagarles semanalmente $100 a cambio de la «seguridad» que ellos brindaban en el sector donde trabajaba.
El cobro por los «servicios» de las estructuras criminales era realizado por Abraham R., de 22 años de edad, un colaborador que se dedica a repartir tortillas; un oficio que le permitía conocer todos los negocios y atacar sin levantar sospecha alguna a las autoridades.
La víctima dice no recordar con exactitud la fecha en la que comenzó a entregarle el dinero sin decirle nada a un joven que describió de pelo bien recordado, de piel morena, 1.65 de estatura.
El horario era siempre el mismo: Entre las 10:00 de la mañana y 12:00 del meridiano. Abraham se paseaba por las calles y pasajes de la colonia con un pequeño recipiente donde cargaba las tortillas.
El dinero que recibía el vendedor de tortillas incluso se podía ver como el pago que se le hacía al joven por el producto que comercializaba, aunque era poco probable que la empresa de Camilio comprara semanalmente $100 de tortillas.
Según el expediente judicial, el empresario fue notificado por Abraham que tenía que pagarle $10 como un cargo extra a la extorsión y le señaló que esto lo tenía que pagar tres días después en el horario acostumbrado.
“La última ocasión llegó a exigir dinero y amenazarme. No tengo disponibilidad de dinero”, explicó el hombre, que cansado del chantaje decidió ir a interponer una denuncia al puesto policial donde se planificó un operativo para detener al extorsionista.
Llegada la fecha señalada, Abraham llegó al local y como era habitual cobró el dinero extra que había exigido y que le fue encontrado por agentes policiales que lo esperaban unas cuadras adelante del negocio de Camilo.
Al no poder justificar la procedencia del dinero, el joven fue detenido y su caso pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presentara la acusación por el delito de extorsión agravada.
El caso llegó al tribunal Primero de Sentencia de San Salvador donde se espera que los testigos y el resto de las pruebas determinen la culpabilidad o su inocencia de Abraham quien espera que se defina la fecha de la audiencia de vista pública.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
