Judicial
Pandillero recogía en un cesto con tortillas la extorsión que le pagaba un empresario a cambio de «seguridad»
Con disimulo y sin levantar sospechas, así es como un repartidor de tortillas cobraba la extorsión que un empresario pagaba a pandilleros por un pequeño negocio que tenía en una colonia de San Salvador. El ahora imputado ocupaba su venta ambulante como fachada.
Como se ha mal acostumbrado, Camilo (nombre modificado por seguridad) fue visitado por pandilleros quienes le explicaron que estaba obligado a pagarles semanalmente $100 a cambio de la «seguridad» que ellos brindaban en el sector donde trabajaba.
El cobro por los «servicios» de las estructuras criminales era realizado por Abraham R., de 22 años de edad, un colaborador que se dedica a repartir tortillas; un oficio que le permitía conocer todos los negocios y atacar sin levantar sospecha alguna a las autoridades.
La víctima dice no recordar con exactitud la fecha en la que comenzó a entregarle el dinero sin decirle nada a un joven que describió de pelo bien recordado, de piel morena, 1.65 de estatura.
El horario era siempre el mismo: Entre las 10:00 de la mañana y 12:00 del meridiano. Abraham se paseaba por las calles y pasajes de la colonia con un pequeño recipiente donde cargaba las tortillas.
El dinero que recibía el vendedor de tortillas incluso se podía ver como el pago que se le hacía al joven por el producto que comercializaba, aunque era poco probable que la empresa de Camilio comprara semanalmente $100 de tortillas.
Según el expediente judicial, el empresario fue notificado por Abraham que tenía que pagarle $10 como un cargo extra a la extorsión y le señaló que esto lo tenía que pagar tres días después en el horario acostumbrado.
“La última ocasión llegó a exigir dinero y amenazarme. No tengo disponibilidad de dinero”, explicó el hombre, que cansado del chantaje decidió ir a interponer una denuncia al puesto policial donde se planificó un operativo para detener al extorsionista.
Llegada la fecha señalada, Abraham llegó al local y como era habitual cobró el dinero extra que había exigido y que le fue encontrado por agentes policiales que lo esperaban unas cuadras adelante del negocio de Camilo.
Al no poder justificar la procedencia del dinero, el joven fue detenido y su caso pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presentara la acusación por el delito de extorsión agravada.
El caso llegó al tribunal Primero de Sentencia de San Salvador donde se espera que los testigos y el resto de las pruebas determinen la culpabilidad o su inocencia de Abraham quien espera que se defina la fecha de la audiencia de vista pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
