Judicial
Pandillero de la 18 se cambió a la MS y sus «excompañeros» lo buscaron para asesinarlo por traición
Un delincuente que fue miembro de las dos principales pandillas que delinquen en el país fue ajusticiado por tres de sus excompinches que descubrieron su cambio de bando y que fueron traicionados por otro que dio detalles a la Fiscalía General de la república de como habían ocurrido los hechos.
La maldad era parte del ADN de Carlos (nombre modificado por ley) un delincuente que incluso fue contra los códigos de las pandillas ya que en un inicio fue miembro de la pandilla 18 y posteriormente pasó a ser de la MS, algo que fue considerado como una traición por Ricardo R., alias «Lolo» quien junto a Cristian, «Clip» y Anselmo G: idearon un plan para matar a su ex.
Según el relato de Cristian, el único testigo de los hechos y que delató a los otros criminales para obtener beneficios, además del cambio de bando, Carlos se dedicó a hablar en mal de la MS con sus nuevos compañeros de delitos.
El delator indicó que el desaparecido delincuente fue atacado mientras se encontraba tomando cervezas tranquilamente en una de las esquinas de la colonia a la que se había mudado tras brincarse a su nueva pandilla.
Carlos sabía perfectamente que era uno de los principales objetivos de sus excompinches quienes por varios días le habían dado seguimiento a sus pasos y por ello había tomado medidas para intentar protegerse de cualquier ataque.
El plan para acorralar a Carlos
El reloj marcaba las 5:00 de la tarde del 13 de mayo de 2017, el celular que portaba Cristian sonó varias veces hasta que lo atendió, del otro lado estaba «Lolo» uno de los cabecillas quien le ordenó que llegara a la terminal de oriente para reunirse e ir a buscar a su víctima.
El gatillero llegó y se encontró con un pandillero conocido como «Clip» con quien se sentó a esperar una nueva llamada de Ricardo. Pasados unos minutos el celular volvió a sonar y recibieron las indicaciones de matar a un hombre que se encontraba en una zona conocida como «La Placita» del municipio de Ciudad Delgado.
Con la misión señalada, los asesinos abordaron una unidad de la ruta 4T que los llevó hasta el lugar señalado. No obstante algo había fallado y los pandilleros recibieron nuevas indicaciones con las que se adentraron en una colonia hasta llegar a una calle polvosa donde los estarían esperando otros delincuentes.
Eran las 6:00 de la tarde, el alcohol que había ingerido Carlos lo hizo perder cuidado en su seguridad y lo dejó vulnerable al ataque que estaban por cometer Cristian y Clip quienes sigilosamente se le acercaron.
El delincuente eliminado era un hombre fornido de piel morena que vestido de una camiseta similar a la que utilizan los basquetbolistas intentó escapar de sus agresores, algo que casi logró hasta que en su camino se cruzó un carro conducido por «Lolo» quien era acompañado de Anselmo G. también conocido como «Snay».
La ejecución
Acorralado, la víctima acató las órdenes que le dieron los cuatro pandilleros quienes lo llevaron a otro lugar donde los esperaba Santiago R., alias “Bambam”, quien al ver a Carlos con furia lo sacó del vehículo.
A pocos centímetros estaba “Clip” quien agarró su arma de fuego para ejecutar dos disparos en la cabeza de Carlos; para rematar le siguió “Bambam” quien descargó tres balas en el cuello del hombre.
“Andaba hablando cosas de la pandilla 18, que eran culeros y solo boca tenían”, confesó el testigo críterriado a los fiscales quienes también recibieron datos con los que los cuatro involucrados fueron arrestados y acusados por la muerte del pandillero.
El caso llegó al tribunal Quinto de Sentencia quien en un juicio analizará las pruebas para determinar una condena por el delito de homicidio agravado.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
