Judicial
Pandillero abusa de su hija de nueve años y amenaza con golpearla en San Salvador
Una niña de nueve años de edad denuncia a su papá pandillero por agredirla sexualmente y golpearla con los cables de la licuadora en varias ocasiones mientras este se quedaba sola con sus hermanas en una colonia del municipio de San Salvador. Todos los testigos presentados en la audiencia recalcaron que él era una “persona tranquila en su hogar”.
Walter A., de 32 años de edad, ingresó a la pandilla 18 desde hace muchos años y durante ese momento se acompañó con Margarita (nombre modificado por seguridad), una muchacha que se ganaba la vida vendiendo verduras en un carro repartidor mientras que él estaba desempleado.
Camila (nombre modificado por seguridad), de nueve años de edad, fue su primera hija de tres que criaron juntos.
Uno de los vecinos dijo en una de las audiencias en su contra que el él era una “persona tranquila en su hogar y que era bien centrado». Sin embargo, la vida de Walter era obscura, ya que cada vez que Margarita salía a trabajar quedaban al cuidado de él, quien aprovechaba ese momento para embriagarse junto con sus compinches y golpear a las tres niñas.
Camila contó a las autoridades que en una ocasión él sujeto tomó la guía eléctrica de la licuadora y le pegó con fuerza en la espalda y en las piernas.
Ella no sabía exactamente por qué la agredía, pues ella sentía que no había hecho nada para que reaccionara de esa forma. Mientras tanto Margarita no se imaginaba lo que en su casa pasaba ya que las niñas fueron amenazadas con más golpes si le decían algo.
Un día Camila regresó de la escuela, se metió al cuarto y se comenzó a desvestir cuando de repente apareció su papá y sin mediar palabras comenzó a tocarle las piernas, la vulva y las nalgas. Ella estaba quieta y con mucho miedo porque sabía que si se movía o gritaba, arremetería contra ella y sus hermanas.
La niña confesó que no solo fue una vez sino varias ocasiones siempre bajo la misma amenaza: “No vayas a contar nada a tu mamá porque si no te voy a pegar duro”, le decía el sujeto a la menor. Ella guardó por varias semanas el secreto.
La confesión
El 22 de febrero de 2017, la menor se cansó de toda la situación vivida. Walter se encontraba reparando un vehículo y le pidió a Camila que le alcanzara unas herramientas que estaban junto al carro. Ella se las llevó y el hombre aprovechó el momento para tocarle las piernas dejándoselas todas llenas de grasa, inmediatamente le advirtió que no dijera nada.
Ella se fue del lugar y se limpió, ya estaba cansada de lo que su progenitor hacía con ella y con sus otras hermanas.
Dos semanas después Camila no aguantó guardar el secreto, agarró el valor y le dijo a su madre lo que estaba pasando cuando ella se ausentaba. Margarita estaba furiosa y encolerizada se acercó a Walter y le reclamó.
Ella le exigía que le diera una explicación, pero su compañero de vida lo único que hizo fue comenzarla a golpear mientras le gritaba que la mataría frente a sus hijas. En el forcejeo, ella se trató de defenderse pero el sujeto era más fuerte, le rompió la camisa y le pegó constantemente en la espalda.
Ella asustada tomó a sus tres hijas y salió corriendo hacia la casa de un familiar. Posteriormente, ella interpuso la denuncia en su contra bajo el delito de agresiones sexuales y violencia intrafamiliar por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó su captura.
La niña dijo a las autoridades que su padre tenía “una muñeca” tatuada en un brazo, un número “18” en el brazo y un “XV3” en uno de los dedos de la mano.
En su declaración, Margarita dijo que en un inicio él “era tranquilo y feliz”, pero que luego de un año de vivir juntos comenzó a golpearlas y a ejercer violencia psicológica contra ellas.
La madre señaló a las autoridades que en una ocasión encontró al padre tratando de ahorcar a una de las niñas pero explicó que no denunció por miedo a represarías.
Los testigos que declararon a favor de Walter señalaron que él no era una persona alcohólica ni que golpeaba ni agredía sexualmente a ninguna de sus hijas. “Es un buen muchacho, no era un borracho. Él las quería y no se veía que la maltratara”, explicó uno de ellos.
Acosta enfrenta los delitos de agresión y acoso sexual y violencia infantil. El proceso judicial está en manos del juez del tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, quien determinará la responsabilidad sobre los delitos que recaen sobre le sujeto.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
