Judicial
Padrastro amenazaba a su hijastra con un corvo para abusar de ella: Fue condenado a 26 años de cárcel
Unidad fiscal del occidente del país informó en las últimas horas sobre la condena que recibió un hombre que violaba a su hijastra, luego de amenazar de muerte a su compañera de vida.
De acuerdo a la denuncia, el imputado identificado como Rigoberto N., pareja de la madre de la víctima y padrastro de la menor, violaba a la niña bajo amenazas a muerte siempre utilizando armas blancas.
En la última ocasión, la víctima se disponía a dormir junto a su madre cuando su padrastro se levantó de su cama y bajo amenazas de muerte con arma blanca -corvo- para que su madre no sintiera, y la indujo a tener relaciones sexuales, pero su madre los siguió y lo descubrió.
Enseguida el sujeto se bajó de la cama de la víctima y enfrentó a su compañera de vida, contestandole que la niña “ya era su mujer” y comenzó amenazarlas de muerte; si lo denunciaban. Pero posteriormente ambas víctimas aprovecharon a salir luego que unos familiares del imputado tocaran la puerta de la vivienda.
Al interponer la denuncia, agentes de la policía lograron ubicar al imputado cerca del lugar de los hechos; pero cuando iba a ser intervenido el sujeto amenazó con quitarse la vida con la navaja que tenía en sus manos, pero finalmente fue aprehendido por el delito de Violación en menor e incapaz y Amenazas.
Tras ser llevado ante el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán fue encontrado culpable del delito que se le imputaba, y fue condenado a 26 años con 8 meses de prisión y el pago en concepto de responsabilidad civil de $ 640.00.
Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2016, en una zona rural del departamento de Ahuachapán, según informó Cristobal Hernández, jefe de esta oficina fiscal.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
