Judicial
Ocho años de prisión para pareja por robo agravado
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó a Elda Patricia Galicia., 26 años de edad; y Jaime Oswaldo Miran Godoy., de 46, por el delito de robo agravado en perjuicio de la víctima con régimen de protección y nombre clave “Suzuki”.
Por ello, condenó a cada uno a cumplir la pena principal de ocho años de prisión. Asimismo, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta de pérdida de los derechos de ciudadano por igual período que la pena principal impuesta a cada uno, por lo que ordenó que continúen en la detención provisional en que se encuentran. Además, ambos fueron condenados civilmente y de forma solidaria al pago de $325 a favor de la referida víctima.
Los hechos por los cuales fueron juzgados y condenados ocurrieron el 7 de septiembre de 2019, cuando la víctima “Suzuki” llegó a la terminal de autobuses de Chalchuapa, conocida como la terminal El Coco, y al llegar observó a tres mujeres que estaban juntas, a quienes conoció; y cuando vieron llegar a clave “Suzuki” le pareció sospechoso que se le quedaban viendo con insistencia.
En esos momentos, la imputada comenzó a hacer llamadas por su teléfono celular. Pasados unos cinco minutos, dos hombres, entre ellos el imputado, llegaron y se dirigieron a clave “Suzuki”. El incoado sacó un cuchillo, tipo daga, y se lo puso a la víctima a la altura de las costillas, mientras le exigía que le entregara el dinero que llevaba. El otro sujeto también comenzó a insistir en lo mismo; pero clave “Suzuki” les decía que no llevaba dinero. Ante la negativa de la víctima, los sujetos la obligaron a caminar, mientras atrás de ellos venían las tres mujeres. Llevaron a clave “Suzuki” a una champa que estaba sola y ahí, el otro sujeto que no fue procesado en esta causa le sacó de la bolsa del pantalón la cartera y sustrajo de ella $325. La víctima les rogó que le dejaran los documentos, a lo que el sujeto luego de haber sustraído el dinero lanzó la billetera al suelo y luego, tanto los dos hombres como las tres mujeres salieron corriendo juntos.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
